Dos semanas después de la desaparición del despachante de aduana Diego Aliaga (51), vecino del barrio Palmares de Godoy Cruz, la causa tiene cuatro detenidos: el matrimonio conformado por Diego Barrera (51) y Viviana Sacolle (46) y dos hijos de ella, Lucas (26) y Gastón Curi (28), todos residentes en el barrio Dalvian. Pero nada se sabe sobre el paradero de Aliaga.
Todos los investigadores –la policía provincial y el fiscal Federal Fernando Alcaraz- respetan el secreto de sumario dictado por el funcionario judicial, algo que regirá, si Aliaga no aparece, hasta el próximo 18 de agosto, con posibilidad de renovarse por diez días más.
El expediente, por ahora, está caratulado como secuestro extorsivo ya que un día después de la desaparición del despachante de aduana, su familiar recibió un llamado telefónico donde se les pidió un millón de dólares.
Por esto y por otros detalles que manejan los investigadores, la hipótesis del secuestro extorsivo es la principal y la más fuerte y, en ese sentido, la investigación apunta a saber si hay otras personas implicadas en la desaparición.
Desde el inicio, el caso presenta cierto “ruido”: Aliaga y Barrera son socios y se dedicaban a comprar terrenos, entre otros negocios. Pero estas operaciones eran realizadas por dos personas con antecedentes: Barrera tiene antecedentes judiciales por robo agravado, amenazas, paradero, y falsa denuncia. Aliaga, por su parte, tiene un par de causas por infracción al código aduanero y una prohibición para salir de país de 2019.
En concreto, dos puntos que están abiertos en la investigación están relacionados con el tema inmobiliario en el cual serían socios de hecho. Por eso se investiga cómo fue la compra del terreno de Guaymallén en la que habrían participado ambos.
Luego, otro asunto que se investiga es por qué la familia Barrera vivía en una casa del barrio Dalvian que es propiedad de la víctima.
En relación al secuestro, el llamado telefónico resultó llamativo para los investigadores porque muy poco gente puede disponer de esa cifra en efectivo y luego porque los secuestradores siempre realizan más de un llamado.
¿Dónde está Aliaga?
Esa es la pregunta que todos se hacen y que, por ahora, a la hora de las hipótesis ofrece tres respuestas: 1) El hombre podría estar secuestrado en algún lugar de la provincia; 2) podría haberse ido por sus propios medios a otra provincia o a otro país; y 3) podría haber sido asesinado.
Los investigadores esperan que algunos de los cuatro detenidos se quiebre y confiese qué pasó. Como están las cosas, está casi descartado que los sospechosos estén encubriendo una posible desaparición o autosecuestro de Aliaga porque si silenciaran algo así, se estarían jugando una futura y larga condena.
Por otra parte, si Aliaga quiso salir de Mendoza, lo hizo en las primeras horas posteriores a su desaparición. Y como ya han pasado catorce días, la hipótesis del secuestro va perdiendo fuerza a cada minuto que pasa.
Por ahora, los investigadores esperan que termine el análisis de los teléfonos y las computadoras de los cuatro detenidos, para poder contrastarlos con la información inicial.
Las cámaras lo delataron
El martes 28 de julio Aliaga y una mujer salieron de su casa de Palmares para ir ver un terreno que había adquirido en Guaymallén.
Las cámaras de seguridad de Palmares registraron que el mismo auto regresó más tarde al exclusivo barrio privado pero con otro conductor: Barrera, quien tenía la tarjeta de Aliaga para poder ingresar al lugar. Barrera entró a la casa de Aliaga y podría haber tomado el registro de las cámaras de seguridad y tal vez otras pertenencias de la víctima.
Esta prueba no es la única que complica al detenido. Además, Barrera habría mentido al declarar que, al momento en que desapareció su socio estaba en un lugar y luego se comprobó que estaba en otro.
Por ahora, la justicia tiene bajo su guarda la casa del Dalvian de los sospechosos y algunos galpones donde los Barrera guardan una decena de vehículos que utilizan realizar transportes. Todos los terrenos y los vehículos han sido periciados buscando pruebas que indiquen la resolución de caso.
Algunos familiares de los sospechosos solicitarían que se les permita ingresar a los galpones y utilizar estos autos (taxis, vehículos de Uber y un par de combis) que forman parte de una empresa familiar.
