Sorpresa hubo ayer en los Tribunales de San Rafael, tras conocerse la decisión de un juez de liberar a un hombre que confesó haber compartido pornografía infantil. El acusado estaba detenido por un delito que no es excarcelable, pero al rendir una fianza pudo salir de la cárcel.
Juan Ramón Blanco Varas (49) fue arrestado el pasado 10 de junio en su domicilio de calle Pedro Vargas al 3.000, y un par de días después ya estaba en el penal imputado por facilitación de material de abuso sexual infantil, agravado por ser las víctimas menores de 13 años.
Los investigadores descubrieron que en octubre de 2020, a través del chat de Facebook, el sospechoso le envió a un contacto de México videos virales de sexo en los que aparecen dos niños asiáticos de unos 5 años. Inmediatamente la red social le bloqueó la cuenta al advertir su conducta y a partir de allí empezó el seguimiento.
El alerta llegó a la organización estadounidense Ncmec -en español, Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados-, que un tiempo después le dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de Buenos Aires. El camino de la pesquisa derivó en San Rafael y el caso lo tomó el fiscal con competencia en todas estas causas en el Sur de la provincia, Javier Giaroli.
Este martes fue el momento de la audiencia de prisión preventiva y, además de la exposición de las pruebas, los sabuesos contaron con el reconocimiento del hecho por parte del sindicado. Palabras más, palabras menos, sostuvo que el material le había llegado por un grupo de WhatsApp integrado por gente de Córdoba, al cual ya no pertenece. Blanco agregó que el contenido no le pareció tan grave y por eso lo envió.
El hombre sostuvo que luego se percató de la gravedad, cuando le cancelaron la cuenta. Entre otras maniobras que hizo, la fiscalía contaba con el dato de que, un día después de compartir esas escenas, le dio de baja al celular vinculado a la cuenta de Facebook.
En este contexto y más allá de la confesión, el juez Sergio González Benavides rechazó la prisión preventiva y otorgó el recupero de la libertad con una caución de $200.000. El magistrado se basó en la presunción de inocencia y en que no existiría peligro de fuga por el arraigo del acusado en San Rafael, ya que vive con su familia y es dueño de un taller metalúrgico.
La determinación será apelada por el fiscal para que la revise un juez de segunda instancia. Giaroli apunta a que no le corresponde la libertad al estar imputado por un delito que puede darle de 4 a 8 años de cárcel en un juicio.
Mientras, el hombre seguirá siendo investigado y se espera por los peritajes del material secuestrado en su casa durante su detención. Se trata de nueve teléfonos celulares, 10 discos rígidos de computadoras, dos tablets, dos notebooks, tres tarjetas de memoria, un pendrive y cuatro gabinetes de computadoras que podrían arrojar más evidencias.
