La Cámara Federal de Mendoza revocó el sobreseimiento del juez Walter Bento en relación a dos presuntos casos de falsificaciones y, en su lugar, dictó el procesamiento del magistrado sospechado de falsedad ideológica.
El primer caso, según la investigación que realiza el fiscal Dante Vega, el acusado habría mentido para obtener un crédito hipotecario en el Banco de la Nación Argentina.
Según la hipótesis, aportó datos falsos ya que él y su mujer habrían indicado que el dinero se destinaría a la compra de una vivienda única familiar cuando ya tenían al menos tres propiedades y un millonario patrimonio, que actualmente se encuentra embargado por orden judicial.
La segunda causa se relaciona con un departamento que el magistrado vendió en abril pasado –estando imputado por cohecho- por 130 mil dólares.
Al realizar la operación inmobiliaria no le notificó a la Unidad de Información Financiera que es una persona “políticamente expuesta”, es decir, habría cometido un acto de falsedad ideológica.
Ahora la Cámara de Mendoza –con la firma de los jueces Manuel Pizzaro, Gustavo Castiñeira de Dios y Alfredo Porras- hizo lugar al recurso de apelación presentado por el fiscal Vega, dejando sin efecto el sobreseimiento dictado en ambos hechos por el juez de primera instancia Eduardo Puigdéngolas.
“Es posible inferir que los imputados tuvieron pleno conocimiento del carácter de documento del objeto y de la falsedad inserta en el mismo, extremos que exige el delito en su aspecto subjetivo. En cuanto el perjuicio, que el magistrado considera no acreditado, el mismo surge de la falsedad en sí y no de extremos ajenos al instrumento”, sostiene la Cámara en relación a la primera acusación.
En cuanto a la venta del departamento, los camaristas dijeron: “La falsedad ideológica atribuida en este caso a los nombrados (Bento y su mujer), tiene que ver con la presunta omisión dolosa de consignar su calidad de Personas Expuestas Políticamente, el primero por su calidad de Magistrado y la segunda por afinidad o cercanía, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 25.426 y la Resolución 134/2018 de la UIF”, ya que “habrían hecho insertar declaraciones falsas en la escritura en relación a su calidad de “Personas Políticamente Expuestas”.
Por otra parte, se resolvió informar la resolución al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y a la Secretaria de Superintendencia de esta Alzada.
