La jueza Claudia Tula, tras pasar el caso a justicia Federal “reconsideró” su posición. Un juez federal envió el caso al Corte Nacional y analizó el delito imputado a los ambientalistas.
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Tras declararse incompetente en la causa que investiga a cinco militantes antimineros de Uspallata y remitirla a la justicia Federal –que a su vez envió el caso a la Corte Nacional- una jueza de la justicia penal mendocina cambió el enfoque y ahora dice que causa debe volver a la justicia provincial.
Así lo determinó en las últimas horas Claudia Tula, jueza del Juzgado Penal Colegiado N° 2 quien “reconsideró” la situación por lo que ahora, según su opinión, debe seguir investigando el asunto la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos contra los Animales y Delitos no Especializados.
Ayer Tula envió a las partes un escrito en el que toma parcialmente los planteos del Juez federal Alberto Daniel Carelli (actuando como juez de garantías del Tribunal Oral Federal 2) y el de María Cecilia Elmelaj, Fiscal Federal Subrogante a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mendoza, donde ambos sostiene “que no se advierte haya afectación de intereses del Estado Nacional”, no aceptando la competencia federal.
Pero tanto el juez como la fiscal decidieron remitir el expediente a la Corte Suprema de la Nación, para que decida si la justicia ordinaria o bien la federal debe hacerse cargo de la investigación.
La “duda” sobre quién debe tramitar el caso la inició Tula, enviando el expediente a la Justicia Federal en relación al delito por el cual se imputaron a los 5 vecinos de Usplllata: “art. 213 bis del C.P. en concurso real (art. 55 C.P.) con el delito previsto y sancionado por el art. 149 ter, punto 2, letra “b” del C.P”, es decir la agrupación para la coerción ideológica.
En relación a esto, el juez Carelli sostiene que “la justicia federal interviene solamente de manera excepcional y lo hace restrictivamente, en los casos que así lo disponen las leyes” y que, en el caso concreto, “no puede encuadrarse en alguno de los casos que justifican la intervención de este fuero, en tanto no se advierte que haya afectación de intereses del Estado Nacional”.
Esto porque se trata de un conflicto entre privados: as autoridades de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata y un grupo de personas que se oponen al desarrollo de esa actividad en esa localidad.
Pero el juez Federal no se queda con este análisis, sino que vas más allá y analiza el caso particular en relación al artículo 213 que dice: “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
Luego el magistrado indica que sin ánimo de ingresar en un exhaustivo análisis de la calificación legal “resulta controvertible el encuadre de los hechos”.
Y luego da su opinión: “se advierte que se ha tratado de un episodio aislado, llevado adelante por un grupo de personas que se reunieron ante un evento específico y concreto: la inauguración de la oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, a fin de protestar contra la instauración de esa oficina en esa localidad y el desarrollo de la actividad afín, generando diversos disturbios en el lugar, careciendo ese suceso de la connotación que la figura penal tiene ínsita”.
“Entiendo que la hipótesis de estar frente a una organización permanente o transitoria cuyo objetivo, principal o accesorio, sea imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o temor es meramente conjetural y no se encuentra acreditada de forma suficiente", opina Carelli.
La imputación a los cinco ambientalistas realizad por la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos contra los Animales y Delitos no Especializados sostiene que en la tarde el 24 de enero de 2025, “siendo aproximadamente las 18.00 horas, en momentos en los que se procedía a la inauguración de la oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, ubicada en calle Las Heras s/n, Local 20, Uspallata, Las Heras, Mendoza.
“En este evento, del cual participaban, entre otras personas, Edgardo Vera -Presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata-, otras autoridades de la Cámara referida y autoridades de la Intendencia de Las Heras y del Gobierno de Mendoza, se hicieron presentes en el lugar un grupo de aproximadamente 70 personas, algunos de ellos adherentes de la Asamblea de vecinos de Uspallata -de los cuales lograron ser identificados Mauricio Iván Cornejo (propietario del local comercial “El Tunduque”), Miguel Pablo González (a) “El Mostro”, Marcelo Daniel Molina Correa, Mariana Leticia González y Federico Soria Stravatto-, quienes procedieron a protestar de forma violenta contra la actividad minera, incitando a la agresión verbal y ejerciendo violencia física mediante puñetazos, patadas, arrojando piedras y elementos contundentes a las personas que habían concurrido al acto de inauguración referido, a la vez que manifestaban que no permitirían el desarrollo de actividad minera en Uspallata.
“Fue en ese marco que Miguel Pablo González tomó un bidón que contenía una sustancia líquida inflamable y arrojó su contenido en el frente de un local comercial denominado “Autoservicio Uspallata”, ubicado junto a la oficina referida, dando lugar a un fuego de cierta magnitud cuyas llamas alcanzaron los primeros metros del comercio y provocaron leves quemaduras a Segundo Vera y a su nieto de ocho años de edad, logrando la gente que estaba en el lugar apagar el fuego mediante el uso de extintores.
“A su vez, sin poderse precisar fecha cierta, pero con anterioridad a ese evento, Mauricio Iván Cornejo y Federico Soria le manifestaron a Edgardo Vera que “no sabía la que se le venía, que si seguía lo iban a matar” y el mismo día del acto inaugural le expresaron “te dijimos que te fueras del pueblo, te vamos a matar, no sabes la que se te viene”, provocando temor en el mismo y obligando al Sr. Vera a detener la inauguración de dicho local y a retirarse del lugar”.