Procesaron en San Rafael a una presunta banda que habría tramitado falsas pensiones por discapacidad

La justicia Federal ordenó el procesamiento de 10 sanrafaelinos que son investigados como una banda –integrada por “gestoras”, médicos y abogados- que habría tramitado de forma irregular pensiones no contributivas otorgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El juez federal Eduardo Puigdéngolas a pedido del fiscal federal de San Rafael Ignacio Sabas procesó por el delito de asociación ilícita a: Norma Bravo (presunta líder) y Claudia Bustos (ambas con prisión domiciliaria).

También fueron procesados por el mismo delito pero quedaron en libertad los médicos Damián Fernández Bianchi y Sergio Luis Pascuttini; Sonia del Carmen Rodríguez, Ernesto Dionisio Ochoa, Francisco Navarro, Carla Micaela Ochoa, y Eva Antonia Bravo. En algunos casos se ordenaron embargos millonarios. Por último se dictó una falta de mérito para el medico Javier Alberto Hernández.

Según explicaron a Los Andes fuentes judiciales que trabajan en el caso, no se descarta que a futuro puedan surgir imputaciones por estafa o defraudación al Estado.

Además, indicaron que la investigación está dirigida a estas personas y no hacia el hospital Schestakow, una clínica privada. ni el organismo nacional ANDIS.

El caso

El 13 de julio pasado 10 personas fueron detenidos el 13 de julio pasado en el marco de una investigación a cargo del Fiscal Sabas y el juez Eduardo Puigdéngolas, quien ordenó varios allanamientos a viviendas particulares, oficinas y consultorios que fueron realizados por la División Unidad Operativa Federal San Rafael de la Policía Federal.

La organización estaría encabezada por Norma Bravo, encargada de organizar y captar interesados. La mujer actuaba de gestora y habría actuado con la complicidad de varios médicos investigados.

Según trascendió, calculan que la defraudación alcanza a una suma de dinero millonaria para las arcas del Estado.

La mujer solía frecuentar la Policlínica privada y el hospital Schestakow, ambos de San Rafael, organismos que nada tenían que ver con la modalidad delictiva, aunque era allí donde ofrecía este tipo de servicios que según testigos había

Tras tres meses de seguimientos, filmaciones y escuchas telefónicas, se determinó que Bravo no actuaba sola, sino que tendría armada una organización para realizar trámites y contaba con dos empleadas del Hospital Schestakow que aprovechándose de su puesto de trabajo en el área de Salud Laboral se encargaban de realizar Certificados Médicos Obligatorios y hacerlos firmar por tres reconocidos médicos, dos de ellos traumatólogos (que también trabajan en la Policlínica), y un psiquiatra.

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