La liberación del padre Grassi, condenado a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual infantil, se podría adelantar y el próximo jueves 22 de agosto se desarrollará una audiencia clave y el abogado de las víctimas dijo estar “preocupado” por lo que pueda llegar a ocurrir con el acusado.
De acuerdo a la condena establecida, el hombre debería salir de la cárcel recién en mayo de 2028, pero Grassi solicitó que se revise su posible “liberación anticipada, algo que se sabrá este jueves a las 11.00 en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón.
Ante este escenario, el abogado Juan Pablo Gallego habló con la Agencia Noticias Argentinas sobre dicha posibilidad y se mostró preocupado, aunque asegura que tiene los elementos necesarios para evitar que se le otorgue el beneficio de la libertad.
“Voy a exponer y alegar los motivos por los cuales Grassi no puede salir. En primer lugar, porque el propio Código Penal establece que no es un beneficio que puedan pedir los delincuentes sexuales, por otro lado, el acusado hizo ese pedido por escrito y el tribunal de alguna manera abrió el incidente a prueba, se le pidió una pericia psicológica a la cual él se opuso y por último, hubo mucho cabildeo con el informe carcelario”, detalló Gallego.
Sin embargo, el defensor sostuvo que Grassi es un “poderoso” que siempre “aprovecha” algún momento de “distracción” para que le otorguen beneficios. En la cárcel, el acusado se recibió de abogado y, en esta audiencia clave, se representará a sí mismo, algo que no habría ocurrido en otras causas.
Mientras sigue el asombro por esta actuación, Gallego dijo estar “preocupado”, pero también “optimista” para llevar adelante la audiencia: “Es muy importante que esto se haga a la luz del día, que no quede como algo clandestino”.
Fue en junio de 2009 cuando el TOC N°1 de Morón lo sentenció a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado por ejercer el rol de sacerdote, estar encargado de la educación y la guarda del menor en víctima.
En el juicio se comprobó que Grassi atacó en 1996 a dos menores en la Fundación Felices los Niños, la cual había fundado años atrás. En 2017, la Corte Suprema dejó firme la condena y quedó alojado en el pabellón N° 6 de la Unidad Penitenciaria N° 41, sector donde están los presos con buena conducta.
