La defensa de uno de los acusados pidió que se declare nulo un juicio en el que se investiga a una banda de contrabandistas que intentó ingresar al Mendoza mercaderías de contrabando valuadas en 4,5 millones de dólares porque la investigación se relaciona con el juicio al que se está sometiendo al juez federal Walter Bento como presunto líder de organización que habría brindado beneficios procesales a cambio de dinero.
Ayer terminó la etapa de alegatos en el debate que tiene en el banquillo de los acusados a 12 personas. Se trata de comerciantes, camioneros, gendarmes y aduaneros que en 2019 habrían ingresado al país desde Chile un contrabando de indumentaria y celulares. Además habrían realizado otros hechos similares caratulados como “tentativa de contrabando”.
En mayo pasado, el representante de la Aduana, Guillermo Aguilera, solicitó penas de hasta siete años de prisión para los cabecillas de la presunta organización y, además, una multa de $1.089.000.000.
Antes de la feria judicial de invierno, la fiscal de Cámara María Gloria André hizo un pedido similar, con penas máximas de hasta 9 años para los imputados: Fabián Salas Narváez, Luca Federico Salas Ortiz, Luis Salas, Mario Javier Alberto “Charly” Baronian; los efectivos de Gendarmería Nacional Ariel “Chapu” Rades Herrera y José “Chacho” Peñaloza Pérez; el funcionario de la Dirección General de Aduanas Walter Barroso Zalazar; Ricardo Abraham; Roberto Enrique Marín Videla y Ricardo Luis Badín.
En tanto, no acusaron al comerciante de marroquinería Omar Armando Rodríguez Cichinelli, quien ya había vendido los camiones que se utilizaron para el contrabando. Este último está imputado en la causa del juez federal Walter Bento por cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
Ayer el abogado Sergio Carreño, defensor del aduanero Barroso, solicitó al Tribunal Oral 1, integrado por Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli, la nulidad de la causa y por lo tanto de todos los hechos posteriores, incluido el juicio.
Es que la instrucción de la causa fue realizada por el cuestionado juez Bento y, según la investigación realizada por el fiscal Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas, Rodríguez Cichinelli “habría sido beneficiado por la asociación ilícita que aquí se investiga en dos etapas diferenciadas: en primer lugar, previo a la faz judicial, mediante el aviso de Moschetti, Bardinella y Aliaga de las medidas de allanamiento y detención”.
Y en segundo lugar, “una vez detenido, mediante el dictado de resoluciones procesales favorables, solicitadas por Ortego y ejecutadas por Bento para mejorar su situación procesal y obtener así su libertad de modo presuntamente ilegítimo por obedecer, presumiblemente, a un acuerdo ilícito previo”.
Según Carreño, el juez Bento no habría sido imparcial durante la investigación y la misma está viciada. Además, sostuvo que el prófugo Osvaldo Fabián Ballester de Guevara habría sido favorecido al anunciarle que iba a ser detenido. Todo este entramado también habría sido explicado por uno de los abogados arrepentidos que tiene la causa Bento.
Un contrabando millonario
Según la acusación, la banda habría participado en cuatro hechos de contrabando realizados entre octubre y diciembre de 2019. El primero fue consumado y los restantes, en grado de tentativa. En ellos habrían ingresado mercaderías de distinto tipo –teléfonos e indumentarias, mayormente- por un valor de $300.000.000, según fueron valuados en diciembre de 2019, es decir 4,5 millones de dólares, al cambio de ese momento.
Las maniobras fueron realizadas con un patrón común: introducir la mercadería sin declarar a Mendoza desde la República de Chile, desviando los camiones de la ruta señalada para su importación para que, de esta forma, la carga no ingresara a las instalaciones del Área de Control Integrado (ACI) Uspallata, vulnerando así los controles aduaneros preestablecidos.
Los camiones iban hasta una empresa ubicada en el carril Rodríguez Peña al 2500, de Godoy Cruz, donde se descargaba la mercadería no declarada. Al día siguiente, los choferes retornaban en el mismo vehículo hasta el ACI Uspallata para documentar su ingreso a Argentina sin carga.
La presunta organización criminal facilitaba a los transportistas un doble juego de documentación apócrifa (MIC/DTA con firmas y sellos de aparentes funcionarios de la Aduana argentina y de funcionarios de Gendarmería Nacional) para poder realizar la maniobra.
El contrabando consumado fue detectado el 10 de octubre de 2019 en la intersección de la ruta nacional 40 y la ruta nacional 7, en Luján, cuando la Policía de Mendoza procedió al control de un camión marca Scania conducido por Aguirre Valdez y constató la existencia de una importante cantidad de mercadería que no coincidía con lo detallado en la documentación y cuyo monto final ascendió a 2.247.334 dólares estadounidenses, equivalentes en ese momento a 130.300.475,92 pesos argentinos, según consta en el expediente.
El cargamento estaba integrado por gran cantidad de ropa de hombre y mujer, una bicicleta marca Cannon Dale con motor eléctrico, una bicicleta marca Scott tipo mountain bike de fibra de carbono, 100 cargadores de celulares, 197 celulares Samsung J2 Core, tres celulares IPhone 6S, siete Samsung A30; un Samsung A20 y otros productos como lentes de sol, zapatillas y pavas eléctricas.
El siguiente hecho de contrabando ocurrió el 24 de octubre de 2019, cuando personal policial en el puesto fijo Punta de Vacas de Gendarmería controló a un camión que llevaba 53 teléfonos valuados en $520.205,95.
Posteriormente, en el mes de diciembre de 2019, los miembros de la presunta organización criminal intentaron cometer dos hechos de contrabando. El 5 de diciembre en la ruta nacional 7, sobre el kilómetro 1151, a la altura del portón de ingreso al ACI Uspallata, personal de Gendarmería Nacional de guardia en el puesto de control detuvo el tránsito de un camión. La carga ilegal, valuada en $109.435.278, estaba conformada por ropa para niños y adultos, bijouterie y hasta un sillón masajeador.
Por último, el 12 de diciembre de 2019, en la ruta nacional 7, también a la altura del ACI Uspallata, un camión eludió la entrada, estacionándose en frente del predio aduanero.
De todos modos, los gendarmes lo requisaron y dieron con una carga ilegal valuada en $32.240.964, conformada por 7.500 pelotas de fútbol y gran cantidad de ropa.
