Tres años después de que se denunciara el hecho y cuando estaba todo listo para que se dictara sentencia en una causa por abuso sexual en la que una joven de 24 años acusa a su tío, un conocido empresario que tiene negocios en Palmares Open Mall, tres jueces decidieron anular todo, no dictar sentencia por defectos técnicos en la acusación y ordenaron que se realice un nuevo debate.
La resolución tomada esta semana por los jueces Aníbal Crivelli, Ariel Spektor y Alejandro Miguel ha generado una importante polémica en el ámbito judicial, por no hablar de las partes en disputa: tanto la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual como la defensa y la querella van a llevar el caso a la Corte provincial con diferentes planteos.
Pero no sólo se trata de una cuestión técnica, porque la decisión de los jueces de anular el debate y ordenar que se haga otro con otros magistrados ha dañado a los protagonistas del hecho: la joven denunciante siente que otro juicio la revictimizará e incluso postergará sus planes de radicarse en Europa. En tanto que el empresario acusado deberá seguir preso hasta que haya una sentencia.
“Esto es increíble. Los jueces están para dictar sentencia. Para esos les pagan, no para que se hagan los distraídos y que otros decidan”, señaló a Los Andes el novio de la denunciante.
“Ella salió de la sala y me dijo: ‘Yo sabía que esto iba a pasar’ y se puso a llorar. No podíamos entender lo que había pasado”, contó el joven que se dedica al rubro hotelería y que venía –y deberá seguir- postergado un viaje a Andorra donde se quería radicar junto a su pareja ya que tiene trabajo en ese país.
“Esto es una locura, el juicio iba a ser el año pasado, ahora se hizo con este resultado. Si hay otro debate significa para ella una situación de violencia extrema: volver a declarar significa someterse a una nueva revictimización”, concluyó.
Todos en desacuerdo
Desde la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual explicaron que casarán la decisión del tribunal para que la Corte decida cuál es la solución, prefiriendo no adelantar cuál será el planteo que elevarán. La investigación fue realizada por la fiscal Virginia Rumbo pero en el juicio fue subrogada por el fiscal Gustavo Stroppiana.
El abogado de la víctima, Juan Roccuzzo, indicó que la decisión de los jueces es reprochable e infundada porque no hay motivo para anular toda la prueba producida en el debate.
Por otra parte, consideró que los magistrados actuaron sin tener perspectiva de género. “Estamos evaluando casar la decisión y llevarla a la Corte porque se han violado las convenciones internacionales que protegen a la mujer, a las que hemos adherido. Pero que la prueba se mantenga y se hagan nuevos alegatos”, apuntó el letrado.
Por su parte, Juan Day, el abogado del empresario acusado, afirmó que también irá a la Corte provincial, pero para pedir la absolución de su cliente ya que, si la acusación fue deficiente, corresponde una absolución, no una anulación.
Y luego, si se ordena un nuevo juicio, presentará ante el nuevo tribunal la anulación del mismo Non bis in ídem: no se puede perseguir dos veces a una persona por el mismo hecho.
Con este panorama, los jueces de la Corte mendocina podrían avalar la decisión de los jueces Aníbal Crivelli, Ariel Spektor y Alejandro Miguel o bien ordenarle a los mismos –ya que no han preopinado- que den un fallo, condenatorio o absolutorio, ordenando que sea rápidamente para evitar la revictimización de la denunciante y la situación de encierro del denunciado. Por último, también podrían tener en cuenta el pedido del querellante.
El caso
En agosto de 2019, una joven denunció a D. D. B., un empresario de 44 años, de haberla abusado sexualmente. En abril fue detenido. En julio de 2021 se le dictó la prisión preventiva al hombre que se dedica al rubro de la construcción, tiene locales comerciales en Palmares y es muy conocido en el exclusivo ambiente del golf.
El hombre está imputado por un delito grave: abuso sexual agravado gravemente ultrajante y promoción de corrupción de menores, ambos cargos agravados por ser encargado de la guarda de la víctima.
Según la denunciante, quien actualmente tiene 24 años, los abusos comenzaron cuando ella tenía sólo 11 años y hasta los 19. En la denuncia la mujer sostiene que, como su mamá debía trabajar pues mantenía el hogar, ella pasaba mucho tiempo en la casa de sus tíos. Y los días en que se quedaba a dormir, el presunto agresor sexual aprovechaba para meterse en su cama y tocarla. A medida que fueron pasando los meses, le mostraba videos en los que mantenía relaciones sexuales con su esposa y le exigía que replicara esas prácticas sexuales.
De acuerdo a la denuncia, el hombre le decía a la niña que no le contara a nadie lo que le hacía, al tiempo que le entregaba costosos regalos con el fin de que guardara silencio.
Lo cierto es que en 2019 la joven decidió contarle a su madre la situación que había vivido cuando era niña a manos de su tío, quien era a la vez su empleador, ya que trabajaba en el local que el acusado tiene en Palmares.
La demorada incorporación de la pericia psicológica en el expediente que investigó la fiscal de Delitos Sexuales Virginia Rumbo es una de las pruebas en contra del acusado ya que el relato de la joven indica que es coherente y no fabula.
