Tras realizar unos alegatos que se extendieron durante 11 horas, la fiscal Federal María Gloria André solicitó penas de cárcel de hasta 9 años para los 13 integrantes de la “banda del chino Cheng”, acusada de realizar un contrabando de mercaderías millonario, estimado en 3 millones de dólares, unos 300 millones de pesos al cambio oficial.
El juicio arrancó el 15 de abril de 2021 y con el correr de los días fue tomando mayor relevancia no sólo por la millonaria suma en mercaderías que los presuntos contrabandistas habrían traficado desde China, sino porque tres acusados han sido imputados por el fiscal Dante Vega en la resonante causa por presuntas coimas que tiene como principal acusado al juez federal Walter Bento, en tanto que otros dos son testigos.
Se trata de Carlos Federico “Negro” Barón Knoll (un funcionario de la Dirección General de Aduana); Daniel Gonzalo Martínez Pinto, (comerciante domiciliado en el II complejo Palmares de Godoy Cruz); y Eugenio Javier “Loco” Nasi Pereira (un transportista de Junín), todos imputados por cohecho activo en el caso Bento.
Para ellos la fiscal André solicitó las siguientes penas: para Barón Knoll, 5 años y 6 meses años de prisión; para Nasi Pereira, 6 años y 6 meses años; y para Martínez Pinto, 9 años (por ser uno de los jefes de la organización; todos por el delito de contrabando agravado).
Para la fiscal, Martínez Pinto sería uno de los líderes de la banda junto al ciudadano chino Zheng “Esteban” Cheng quien se encuentra prófugo de la justicia y a José “Gordo” Rodríguez Núñez -comerciante y administrador de la empresa de seguridad Continuidad, residente en el barrio Dalvian de Ciudad y testigo en el caso Bento- para quien la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó también 9 años de cárcel.
La fiscal también acusó a: Ángel Sebastián “Gordo” Palumbo Cerdan (comerciante, presunto financista detenido en una “cueva” financiera de Ciudad y testigo del caso Bento- pidiendo la pena de 4 años y 6 meses años; para Adrián “Gato” Fourcade Salassa -empleado, domiciliado en Ciudad-, 6 años y 6 meses; y para Nam Ho “Coreano o Nam” Park Lee -comerciante coreano nacionalizado argentino, con domicilio en la provincia de Jujuy- 5 años y 6 meses.
Por último, solicitó penas para los restantes intergrantes de la presunta organización criminal: para Jorge Alejandro “Coque” Rojas Huerta .empresario de logística de transporte, de nacionalidad chilena- 6 años y 6 meses; para Pedro Emilio Escárate Vera -empresario chileno de transporte- 4 años; para el albañil Juan Marcelo Agüero Bustos 4 años; para el camionero Sergio Nicolás Agüero Bustos, 4 años; para el metalúrgico Sebastián Horacio Espejo Reyes (metalúrgico), 4 años; y para el empleado de Aduana Mario Manuel Rodríguez Iturralde, 4 años y 2 meses.
La banda del oriental
El fiscal Fernando Alcaraz inició La investigación por contrabando s en 2016, cuando se encontraron abandonados en el Corredor Andino tres camiones cargados con distintas mercaderías de origen chino que habían entrado por Chile y que tenían como destino nuestra provincia.
En ese momento se activó una investigación en la cual las escuchas telefónicas ordenas por el juez federal Walter Bento son una de las pruebas más importantes.
En julio de 2018 se ordenó una batería de más de 15 allanamientos. Cuando fueron a buscar a Zeng Cheng a su casa del barrio Dalvian ya no estaba, por lo que quedó prófugo y con pedido de búsqueda nacional e internacional.
En ese momento Nasi fue aprehendido por Efectivos de Narcocriminalidad que interceptaron a un Peugeot 307 cuando circulaba por el interior del barrio Amsa, en La Colonia, Junín. Entre pesos argentinos, chilenos y dólares, lograron secuestrarle unos $ 4 millones.
El mismo camino siguió Rodríguez, detenido durante allanamientos realizados por personal de Narcocriminalidad, en el barrio Dalvian. Su agencia de seguridad fue allanada y se secuestraron algunas cajas con guantes de látex y juguetes, cuya procedencia sería China. En cuanto a Fourcade y Pinto, regenteaban el bar Viva la Pepa de Chacras de Coria.
Los allanamientos dejaron como saldo $ 5.000.000 secuestrados (entre dólares, pesos argentinos y chilenos); 12 vehículos de alta gama (cuatro BMW, 1 Minicooper, 2 Peugeot, 1 Ford, 1 Focus y 1 Fiat Utilitaria, 1 Citroën y 1 Fiat 500 0km); 10 pallet de pirotecnia (35.510 cajas); 25 pallet de cigarrillos (425.000 cajas); 16 pallet de termos (11.520 u.); 4 pallet de pelotas de fútbol (1.560 u.); 2 pallet de cintas métricas (13.920 u.); 2 armas de fuego ( 1 pistola 9mm. y otra 40 mm.), documentación y equipos de comunicación.
Según la investigación, cada uno de los acusados habrían cumplido una función específica: los líderes aportaban el dinero y se encargaba de supervisar la logística e incluso conformar una importadora en Chile. El financista Palumbo ofrecía sus oficinas en Santiago de Chile, Mendoza y Buenos Aires donde se movía el dinero de las transacciones. Los empleados de Aduana ofrecían facilidades para que la mercadería ingresara al país ya que Barón Knoll era jefe de turno del control de Uspallata. Los transportistas acondicionaban la carga en la modalidad conocida como “tapa”, en la que se coloca mercaderías tapando completamente las puertas de los semirremolques para que no se pueda ver hacia el interior donde viene la carga ilegal.
