Una de las investigaciones por el femicidio de Florencia Romano (14), ocurrido en diciembre del año pasado en Maipú, está por concluir. Se trata de la causa administrativa que tiene acusada a una mujer policía del 911 por inacción y por quien pidieron la cesantía en la Fuerza.
La Inspección General de Seguridad (IGS) -organismo que controla el proceder de agentes policiales y penitenciarios- dio por cerrada la pesquisa interna contra Soledad Herrera, la auxiliar del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) que la tarde del 12 de diciembre pasado recibió el llamado de emergencia por las agresiones que sufría la víctima, pero que no le dio curso a la denuncia.
Además de que por esta situación está imputada penalmente, se le inició un sumario para evaluar su accionar como efectivo en el hecho. La conclusión es negativa, ya que el directorio de la Inspección solicitó su cesantía. Actualmente Herrera está suspendida y cobrando la mitad de su sueldo.
La determinación tomada significa que no volvería a desempeñarse en la Policía y, en caso de que sea condenada en la Justicia, quedará exonerada. Esta última sanción implica no sólo su salida de la Fuerza, sino también el impedimento de trabajar por 10 años en dependencias del Estado.
Los pesquisas que trabajaron durante este proceso consideran que Herrera no cumplió con su deber, que era atender la comunicación, cargar la novedad en el sistema y hacer el despacho a otra área, en la cual los operadores piden la presencia policial en el lugar del conflicto. “Había entrado a trabajar diez minutos antes, no tiene excusas de cansancio ni nada por el estilo”, confió una fuente.
El sumario está en etapa de alegatos y la IGS ya se pronunció, con lo cual ahora el abogado de Herrera tendrá cinco días hábiles para hacer su descargo. Cumplido este plazo, el caso pasará a la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y la decisión final la tomará el ministro Raúl Levrino.
El panorama para la acusada no sería el mejor ya que, en promedio, el ministerio termina ratificando el 90 por ciento de las sanciones pedidas por la IGS.
Los expedientes penales
Según se escuchó en la grabación del 911, un vecino del pasaje Berra -donde mataron a Florencia- se comunicó ese sábado a las 18.58 para notificar que desde una vivienda se oían gritos y pedidos de auxilio. Era la adolescente mientras era asesinada, aunque la auxiliar involucrada no le dio trascendencia.
A las 19.15 la menor ya estaba muerta y se cree que si la mujer policía activaba el protocolo, a la chica podrían haberla salvado. Un peritaje confirmó que desde la comisaría 29 hasta la escena del crimen había cuatro minutos de diferencia caminando, tiempo que se reducía llegando en un móvil policial.
Por este accionar, Herrera fue imputada por abandono de persona en contexto de violencia de género institucional, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El otro expediente es contra Pablo Arancibia (33), acusado de estrangular y matar a golpes a Florencia. Está preso e imputado por femicidio -con pena de perpetua- y la fiscalía de Homicidios ya pidió llevarlo a juicio por jurados.
