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hace 1 hora
Hasta penas de 6 años solicitó la fiscalía General N° 1 de Mendoza para la banda liderada por una contadora que habrían emitido facturas apócrifas a pedido para generarle a sus clientes créditos fiscales ficticios y disminuir así el saldo a pagar por IVA y Ganancias, ocasionando al Estado una pérdida de 160 millones de pesos.
Ayer la fiscal federal María Gloria André solicitó 6 años de cárcel para la contadora Silvia Gulino Ríos (55). Además pidió 4 años de prisión para el martillero público Daniel Cacciavillani (53). La misma pena fue solicitada para los contadores públicos Armando Morón (57) –ex legislador del Partido Demócrata-, Sandra Maldonado (52) y Carlos Aguirre (46).
Por último, solicitó una pena de 3 años y 6 meses para Walter Lobos Domínguez, Florencia Morichetti Carrazco y Romina Molina Gulino, quienes habrían cumplido con roles secundarios en las maniobras detectadas.
El martes próximo, los defensores de todos los acusados realizarán sus alegatos los defensores de los imputados antes los jueces Alberto Carelli, Roberto Nacif y Waldo Piña.
Según la acusación realizada por el fiscal Fernando Alcaraz, la investigación arrancó cuando la AFIP-DGI solicitó que se investigara a Gulino, Caciavillani, Saavedra y Lobos, ya que habrían estado confeccionando y comercializando facturas apócrifas (tanto de miembros de la organización como de terceros contribuyentes) para generar créditos fiscales y gastos ficticios para luego vender con sus clientes a cambio de una comisión del 35% de la facturación vendida.
La maniobra permitía que sus clientes disminuyeran sus saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado y en el impuesto a las Ganancias, perjudicando así la recaudación del fisco nacional por una suma que luego fue calculada en $160 millones.
Una verdadera usina
El Ministerio Público Fiscal pudo establecer que en la oficina de Gulino, ubicada en calle Mitre al 600 de Ciudad, “funcionó una usina de facturas apócrifas destinada a la comercialización de las mismas, integrada por varias personas que, en forma habitual y permanente, cumplirían distintos roles dentro de la organización delictiva, siendo Gulino y Cacciavillani los jefes”.
Según la acusación, la mujer se habría encargado de confeccionar las facturas apócrifas a comercializar y el hombre -en ese momento su pareja-, se habría encargado de ofertar esas facturas, conseguir los contribuyentes “clientes”, transmitirle a Gulino los encargos, entregar los pedidos y realizar las cobranzas relativas a la comisión.
Este entramado quedó claro cuando se detuvo a la pareja y se pudo acceder a sus correos electrónicos donde ambos se explayaban sobre las presuntas actividades ilícitas. En estos mails constan tanto los pedidos como los envíos de facturas electrónicas apócrifas. Este material probatorio fue expuesto por la fiscal André durante los alegatos realizados ayer.
