Una de las aristas de unos de los casos que más conmocionaron a Mendoza en el último tiempo ha entrado en la recta final de su investigación. Se trata de la situación de la policía Soledad Herrera, acusada de abandono de persona en el femicidio de Florencia Romano (14) en Maipú. La fiscalía pidió el juicio para ella, mientras se espera la resolución de su cesantía en la Fuerza.
A fines de abril se conocía que la Inspección General de Seguridad (IGS) había cerrado el sumario interno contra la uniformada, con la solicitud de que quedara desvinculada definitivamente en su trabajo. Actualmente la efectivo está suspendida, luego de quedar en el ojo de la tormenta por ser la operadora del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) que el 12 diciembre pasado recibió un llamado al 911 en el que indicaban que una mujer era atacada y, en lugar de darle curso a la denuncia, decidió cortar la comunicación. La pequeña víctima de esas agresiones terminó siendo asesinada a golpes.
El accionar de Herrera no sólo la dejó al borde de ser despedida de la Policía -decisión que está en manos del ministro de Seguridad tras tomar nota del fallo de la IGS- sino que también la puso frente a una doble imputación penal: abandono de persona en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En su momento la uniformada debió rendir una fianza de $200.000 para quedar en libertad y ahora el fiscal Juan Ticheli, subrogando a su par Jorge Calle, le comunicó que la investigación primaria está cerrada y que solicitó la elevación a juicio. Ante esto la defensa podrá oponerse y, de ser así, la última palabra la tendrá un juez. El plazo para presentar este recurso está corriendo y, de no mediar objeciones, sólo restará la fecha del debate.
Llegada la instancia de juicio, la sospechosa en principio arriesgará hasta 6 años de prisión, aunque no hay que descartar un aumento en la sentencia por el agravante de que el caso se puede encuadrar en un contexto de violencia de género institucional. Y si es condenada, habrá que ver si es por los dos delitos -se toma en cuenta la escala penal del más grave al ser concurso ideal- o sólo por uno de ellos. El abandono de persona tiene penas de 2 a 6 años de cárcel y el incumplimiento de los deberes funcionario público de un mes a 2 años.
Grabación y reconstrucción
Entre las principales pruebas que complican a la operadora del CEO, que tiene cargo de auxiliar, aparecen dos elementos casi reveladores. Por un lado, la grabación del 911 en la que se escucha a un vecino del pasaje Berra -donde mataron a Florencia Romano- que se comunicó el 12 de diciembre a las 18.58 para notificar que desde una casa se oían gritos y pedidos de auxilio. Era la adolescente mientras era asesinada, aunque la imputada no le dio trascendencia y cortó.
A las 19.15 la menor ya estaba muerta y se cree que, si la uniformada hubiera activado el protocolo de cargar la novedad al sistema y despachar el llamado solicitando presencia policial en el lugar, a la chica podrían haberla salvado.
Esta hipótesis tomó mayor fuerza tras una reconstrucción del episodio, que confirmó que desde la comisaría 29 hasta la escena del crimen había cuatro minutos de distancia caminando, tiempo que se reducía llegando en un móvil.
El femicidio
También en la parte final de la instrucción está la causa central, que tiene detenido a Pablo Arancibia (33) como el autor del homicidio y con posibilidades de perpetua.
La fiscal Claudia Ríos hace meses pidió llevar el hecho a un juicio por jurados, pero antes le permitieron al defensor producir algunas pruebas.
Los abogados de la familia Romano, Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena, pedirán en los próximos días el cierre de la pesquisa.
