Con la premisa de que aquella persona que “ocultare, disimulare, sustituyere o desviare, total o parcialmente, mercadería sometida o que debiere someterse a control aduanero, con motivo de su importación o de su exportación...” pueden ser condenadas, este martes la Justicia Federal dictará la sentencia que involucra a diez sujetos que, integrando una asociación ilícita, harían intentado pasar a Chile unos 270 mil paquetes de cigarrillos por un valor superior a los 4 millones de pesos.
Lo llamativo de este juicio es que el decomiso se concretó en el control aduanero de Uspallata en noviembre de 2013 y febrero de 2014. La investigación posterior, que estuvo en manos del fiscal federal Fernando Alcaraz, permitió identificar a los responsables donde además de los choferes, se vieron involucrados comerciantes, dueños de depósitos y principalmente dos funcionarios de Aduana.
Sobre estos últimos pesa el pedido más grave de penas, solicitado por la fiscal María Gloria André y que, este martes, deberá resolver el Tribunal Oral integrado por María Paula Marisi, Walter Piña y Alberto Carelli. Y aquí vale aclarar que si bien en su momento, hace casi 7 años, los presuntos responsables fueron detenidos, ahora llegaron a debate en calidad de excarcelados, en un debate que empezó el año pasado pero después fue suspendido por la pandemia.
Los sospechosos
Por estos hechos se encuentran acusados de violentar, en mayor o menor medida el artículo 874 de la Ley 22.415 (Código Aduanero), el funcionario de Aduana Gonzalo Adrián Ramírez y para el que la fiscalía pidió 6 años y 4 meses de prisión; Roberto Dante Flores (despachante de aduana), por quien se solicitó 6 años y 2 meses de cárcel; Juan Carlos Iñiguez (maestro mayor de obra), 6 años; Rubén Héctor Riveros (comerciante), 4 años y 6 meses; Sergio Orlando Riquelme (mecánico de nacionalidad chilena), 4 años y 4 meses; y Leandro Daniel Aballay (chofer), 4 años.
Mientras que para Marcelo Flavio Escudero (chofer), el pedido fue de 2 años y 3 meses en suspenso, beneficio que también se reclamó para Carlos Alberto Avila (chofer), con 2 años y 2 meses, y Rosa Isabel Fernández (chilena y comerciante), con 2 años de prisión de forma condicional. En el mismo alegato, la fiscal solicitó la absolución por prescripción de la acción penal para Jorge Alberto Vargas.
Los hechos
Según la instrucción, los cargamentos fueron interceptados en el control que la AFIP tiene sobre la ruta internacional 7, a la altura de Uspallata, a bordo de camiones que se dirigían hacia el país trasandino y que transportaban, junto a la mercadería de exportación declarada legalmente (bolsas de azúcar), los cigarrillos de contrabando.
Descubrimiento que fue facilitado mediante la utilización de medios no intrusivos de control y que llevaron a los transportes a ser sometidos al escáner, donde las imágenes obtenidas ratificaron las sospechas de la maniobra y evidenciaron la contaminación de la carga con los miles de paquetes de cigarrillos marca Fox y Rodeo, ambos fabricados en la república del Paraguay y el Blue Point de Argentina.
A poco del descubrimiento del segundo intento de contrabando, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la Aduana, destruyó en Mendoza 2 millones de atados de cigarrillos, además de 4.586 cigarros de hoja, 1.460 cajas y 17 kilogramos de tabaco, por un total valuados en más de 26 millones de pesos, producto de secuestros realizados en todo el país y entre los que se encontraba la mercadería desbaratada en esta causa.
