La fiscalía pidió hoy penas de 13 y 20 años de prisión para Emmanuel Carlos “Camus Hacker” Ioselli y Gastón Rubén Favale, imputados por reclutar a, al menos, seis adolescentes en situación de vulnerabilidad para someterlas a la producción de materiales de representación sexual para su posterior distribución, comercialización y publicación, entre abril de 2016 y el 8 de junio de 2018.
La solicitud fue realizada al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 por la fiscal federal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, y la auxiliar fiscal Jesica Racki, de la Fiscalía General N°3 ante los Tribunales Orales Federales (TOF), informó el sitio web fiscales.gob.ar.
Por su parte, las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) requirieron además la reparación económica de las seis víctimas, que, al momento de los hechos, eran menores de edad, y el decomiso de varios dispositivos digitales secuestrados a los acusados.
Asimismo, solicitaron a los jueces Sabrina Namer, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu que condenen a Ioselli y Favale como coautores del delito de trata de personas en su modalidad de captación agravado por haber mediado engaño, amenazas y abuso de la situación de vulnerabilidad, detalla Télam.
En su alegato, las fiscales Mángano y Racki señalaron que los imputados montaron una estructura destinada a reclutar a menores de edad en situación de vulnerabilidad, para someterlas a sesiones de fotografía pornográfica para su posterior divulgación, comercialización y/o publicación en distintos sitios de Internet y redes sociales.
Modus operandi de los acusados
Para lograr la captación, los acusados se presentaban como productores de televisión o miembros de agencias de modelos y les ofrecían propuestas engañosas, dinero, teléfonos celulares o útiles escolares.
La fiscalía también señaló que utilizaban a sus víctimas para captar a otras niñas y pidió la condena de Favale como autor del abuso sexual doblemente agravado, por haber mediado acceso carnal y resultar un grave daño a la salud física y mental de la víctima, en relación a otra de las jóvenes.
Por otra parte, la fiscalía requirió, según los términos de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, la reparación económica en favor de las seis víctimas, por montos que van entre los 32.657,93 y los 163.287,16 pesos, como también se las indemnice por el daño moral sufrido por los hechos, por sumas de entre 1,5 y 2, 5 millones de pesos.
