Los planes de 15 familias que pretendían asentarse en el extenso predio de 6.000 metros cuadrados ubicado frente al cementerio municipal de Guaymallén se vieron frustrados luego de que esta mañana policías y funcionarios municipales las desalojaran. Se trata de los terrenos del fallecido homicida Gilad Pereg.
La primicia de Los Andes puso en alerta y en marcha a las autoridades este jueves por la tarde. Pocas horas antes, minutos después de las 15, llamados de vecinos a la Policía indicaban que intrusos habían comenzado a asentarse en la propiedad del israelí, ubicada en calle Roca 6079 de Guaymallén. Allí donde, en enero de 2019, había asesinado y enterrado a su madre y a su tía y donde, años antes, había intentado instalar canchas de fútbol y pádel.
El humo que desprendía la quema de pastizales delató los movimientos de los okupas, que realizaban la limpieza del terreno para empezar a instalar precarias viviendas, como comprobó minutos después una comisión policial que llegó al lugar.
La referente del grupo de ocupantes ilegales les informó a los uniformados que, detrás de las altas paredes del lote cerrado con rejas y un cerco eléctrico, y con algunas edificaciones a medio terminar, comenzarían a vivir alrededor de 15 familias.
En primera instancia la Justicia se negó a intervenir ya que no existía un denunciante, pero desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se dispuso consignar a efectivos durante la noche en el lugar. Las primeras luces del viernes sorprendieron a los improvisados moradores del predio con la presencia de miembros de Infantería y de efectivos de otras divisiones, además de funcionarios de la Municipalidad de Guaymallén.
Mientras tanto, desde la comuna y desde Seguridad se contactaban con el Consulado de Israel en Mendoza y con la embajada en Argentina, y el propio cónsul se comunicaba con un medio hermano de Pereg que reside en aquel país del Medio Oriente. Asesorado por funcionarios provinciales, este hombre pudo realizar una denuncia on line en el Ministerio Público Fiscal y fue así que se libró la orden de desalojo.
Estafa y desalojo
Las familias que habían llegado con la ilusión de solucionar su problema de vivienda y algunos de quienes habían aprovechado esa necesidad para hacer negocios, comenzaron a desalojar el lugar sin inconvenientes. Pero hubo algunas revoltosas, entre ellas la referente del grupo, que se negaban a abandonar el lugar y fueron aprehendidas por resistencia a la autoridad, como confirmaron a Los Andes fuentes oficiales.
Entre las aprehendidas está una mujer de apellido Guevara, quien ya ofrecía en las redes sociales lotes dentro del extenso predio. Se comprobó que tiene una casa a su nombre y, en las afueras del terreno, policías corroboraron que el automóvil Renault estacionado también estaba a su nombre. “Es una viva que estaba lucrando con la necesidad de muchas familias. Era una estafa porque pretendía vender algo que no es de ella”, señaló una importante fuente que participó del operativo de desalojo.
Guevara indicaba que llevaban meses viviendo en el lugar, algo que fue desmentido por fuentes municipales y policiales. Se trataba de una artimaña con la que pretendían evitar el desalojo. Incluso a los primeros policías que llegaron al lugar el jueves por la tarde les indicó que personal de Desarrollo Social de la comuna tenía conocimiento de que se encontraban allí, lo que también fue desmentido.
Sin gente en el terreno, los empleados municipales comenzaron a cargar en camiones de la comuna las pertenencias que los okupas habían logrado instalar en pocas horas. Mientras, operarios de la distribuidora eléctrica Edemsa realizaban el corte del servicio que los intrusos habían instalado de forma clandestina.
La intervención también incluyó la participación del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y del equipo de Desarrollo Social del municipio para realizar un abordaje integral con los niños y las familias presentes en el lugar. Así, se logró la reubicación de muchas de estas familias, confirmaron las fuentes.
Pasado el mediodía de este viernes, empleados de la comuna soldaron el portón principal de ingreso y reforzaron las medidas de seguridad en la entrada posterior del terreno para evitar que otros intenten usurparlo nuevamente.
El lugar quedó con custodia policial, y rondines de patrulleros reforzarán la seguridad en la zona para impedir futuros intentos de usurpación.
