El 14 de julio del año pasado, el mendocino Alejo Arias González (25) fue detenido en El Salvador, acusado de formar parte de una organización colombiana que habría montado una financiera ilegal con la que sacaron de país 20 millones de dólares.
Alejo había emigrado al país centroamericano para ahorrar algún dinero y continuar en el país con sus estudios y cobraba 600 dólares por mes haciendo tareas de cobranza, sin conocer el trasfondo ilícito de negocio.
El férreo estado de excepción que impuso régimen del presidente Nayid Bukele ha mantenido al joven totalmente aislado. Sus padres, desde Rivadavia, nunca se han podido comunicar, y desde hace un año viven angustiados ya que la causa judicial en contra de su hijo no ha tenido ningún avance sustancial hasta el presente.
“Sinceramente, después de un año, estamos con una angustia permanente. Pero con mucha fe y esperanza, no por el juez, sino porque nos hemos enfocado en Dios y Él nos va a llevar a pedir la libertad de Alejo. Es una lucha frente a una injusticia”, dijo a Los Andes Mauricio Arias, el padre de Alejo.
Es que, según explicó, las noticias en el plano judicial “no son muy alentadoras”: el juez que interviene en la causa había pautado una audiencia para junio pero finalmente la suspendió (ya lo había hecho en enero pasado) y, por ahora, no se ha establecido una nueva fecha.
La idea era que en esa audiencia se pudiera pautar un juicio abreviado por una pena excarcelable que le permitiera a Arias salir de la cárcel y, eventualmente, regresar a Argentina.
“Ahora, oficialmente, no hay nada. Pero el viernes pasado hablé con un capellán, Jaime, que nos ayuda desde el comienzo de la detención de Alejo y me dijo el comentario allá es que el juez habría suspendido todas las audiencias hasta 2025″, explicó Mauricio.
Esa misma fuente les informó a los Arias sobre la situación de los colombianos detenidos por haber fugado una millonaria cantidad de dólares de El Salvador, a través de microfinancieras ilegales, de las cuales Alejo era un simple cobrador. El cónsul de Colombia en El Salvador había solicitado la repatriación de los jefes de la organización, pero la Justicia salvadoreña se las negó hace unos meses.
Piden que la ministra Bullrich los escuche
“Pedimos con mi mujer que la ministra (de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich nos reciba en una audiencia para que interceda ante las autoridades salvadoreñas”, dijo el padre de Arias a este diario.
En febrero pasado, el matrimonio había despachado dos cartas: una para Bullrich y otra para el ministro de Defensa, el mendocino Luis Petri, pero nunca tuvieron respuestas, según explicaron.
“Queremos plantearle la situación de inocencia de Alejo a la ministra Bullrich, que ha estado en El Salvador y conoce al presidente (Nayib) Bukele y al ministro de Justicia para que les explique esta situación”, indicó Mauricio Arias.
De fracasar esta gestión, la familia Arias intentaría viajar a El Salvador para tratar de mantener una audiencia con las autoridades de Seguridad y gestionar una visita y, eventualmente, la libertad de Alejo.
Por ahora esto es sólo un proyecto que contaría con el apoyo del capellán Jaime, un evangélico que lleva la palabra de Dios a los penales salvadoreños y tramita ayuda humanitaria.
Justamente fue este capellán la persona que pudo ver al joven mendocino el 10 de abril pasado cuando pasó al penal Occidental de Santa Ana, una cárcel común de la capital, luego de haber estado en Centro Penal de Jucuapa, en el distrito Usulután, una cárcel de seguridad intermedia ubicada a 200 kilómetros de la capital de El Salvador.
El capellán Jaime escribió un estado de WhatsApp refiriéndose a Alejo y considera que es inocente. “Él es Alejo Arias de nacionalidad argentina. Lo conocí en el Penalito. Está por asociaciones ilícitas con los colombianos”, escribió el religioso. “Yo creo en su inocencia, hablé con él y creo en su inocencia. Sus padres lloran todo el día”, completó.
Luego le envía un mensaje al joven detenido: “Dios te bendiga, Alejo. Espero que salgas pronto y espero recibirte en la puerta de penal cuando salgas libre. Dios es bueno”.
La situación que vive El Salvador ha sido denunciada por distintas organizaciones internacionales luego de que Bukele lanzara en marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial
A modo de ejemplo, a principios de julio la organización Human Rights Watch (HRW) informó que hay más de 3.000 menores de edad que se encuentran presos en El Salvador bajo un régimen de excepción vigente, denunciando “maltratos”, “detenciones indiscriminadas” y casos de tortura.
Un año preso
Para la Justicia salvadoreña, Arias es parte de una red de estafadores conformada por más de 100 personas, en su mayoría colombianos, además de tres salvadoreños y un guatemalteco. Según las autoridades, los detenidos habrían organizado algunas microfinancieras de forma ilegal y otorgaban créditos que cobraban luego a través de amenazas.
Para las autoridades centroamericanas, el fin último de la organización era enviar a Colombia cantidades millonarias de dinero, movimientos que estarían relacionados con el narcotráfico y las pandillas. Dicen que desde 2021 habrían enviado a su país 20 millones de dólares.
Alejo llegó a El Salvador el 6 de marzo del año pasado para trabajar como cobrador en una financiera dirigida por ciudadanos colombianos, a través de un contacto familiar que le consiguió ese trabajo.
Cobraba 600 dólares por mes –en pagas semanales de 150- y su idea era estar seis meses o tal vez un año para ahorrar dinero y seguir con sus estudios. Había terminado segundo año de Diagnóstico por imágenes y la idea era ahorrar dinero para poder seguir con sus estudios en Mendoza.
Pero el 14 de julio pasado fue detenido junto a otras 40 personas y enviados a la cárcel El Penalito, una instalación policial ubicada en San Salvador, capital del país.
En agosto pasado, en una audiencia colectiva y con la presencia de sólo cuatro abogados, a 40 detenidos se les dictó la prisión preventiva por seis meses por una grave acusación: asociación ilícita, lavado de activos y receptación (recibir, adquirir, ocultar o aprovecharse de los efectos de hecho delictivos). La prisión preventiva podía extenderse por medio año más, siempre bajo la modalidad de incomunicado.
“A los procesados se les atribuyen los delitos de lavado de dinero y activos, receptación y agrupaciones ilícitas. La audiencia de imposición de medidas se llevó a cabo en el Tribunal 6 Contra el Crimen Organizado”, informó vía Twitter la Fiscalía General de la República de El Salvador.
