Un oscuro y complejo caso de femicidio ocurrido en 2017 ha tenido esta semana un importante viraje: para la fiscalía del Valle de Uco, el médico forense jubilado Juan Antonio Muñoz (73) no hizo nada para evitar que su mujer, la docente María del Carmen Solís (52), se suicidara ahorcándose con una cinta plástica.
La muerte de María del Carmen ha sido interpretada de variadas formas durante la larga investigación. Primero se pensó que la mujer se había suicidado durante una sesión de hipnosis “supervisada” por su marido. Luego, que el forense la había ahorcado desde atrás y había simulado un suicidio. Ahora, para la Justicia se trata de un femicidio “en calidad de autor por omisión”, es decir, que el imputado no habría hecho nada para evitar el fatal desenlace.
El jueves pasado el juez Oscar Balmes realizó una nueva imputación a pedido del fiscal Jorge Quiroga, quien durante el último año ha revisado el caso con la supervisión del jefe de fiscalía del Valle de Uco, Sebastián Capizzi.
Así las cosas, la carátula del caso ha quedado ahora como “homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en concurso ideal, en calidad de autor por omisión”.
La omisión es una figura legal que rara vez surge en casos con personas mayores involucradas, aunque es clásica en situaciones donde padres no hacen nada por salvar a sus bebés.
Con este panorama, el médico podría ser juzgado en un juicio por jurados posiblemente antes de fin de año. Mientras tanto, seguirá con prisión domiciliaria.
La nueva acusación
Una fuente judicial que conoce la causa explicó que durante el último año se volvió a tomar declaración a varios testigos, sobre todo a forenses y peritos que trabajaron en el caso. Todos coincidieron en que la mujer se había ahorcado.
Pero, a la luz de los protocolos de violencia de género, el contexto de esa muerte no puede dejarse de lado: fue durante un estado de sometimiento de años, con una relación disfuncional donde ella no podía tomar decisiones para separarse.
“Por los conocimientos del imputado, sus conductas agresivas previas, el estado de convivencia con la víctima y la situación de vulnerabilidad de ella es válido concluir que tenía el deber de evitar la muerte de su mujer y podría haberlo evitado, si lo hubiese querido”, sostiene la nueva acusación.
Según este cambio de calificación, los hechos que se van a juzgar son los siguientes, tal como lo indica el nuevo avoque: el 23 de abril de 2017, cerca de las 10, en una casa ubicada en Las Heras 416 de Eugenio Bustos, San Carlos, Solís murió ahorcada con una cinta plástica.
Según la acusación, durante un tiempo prolongado la mujer fue víctima de maltratos físicos y psicológicos por parte del imputado, en el marco de la convivencia que mantenían.
Es más, al momento de su muerte, la docente se encontraba en un estado de “debilidad, deterioro fisiológico, agotamiento psicoemocional y abatimiento, con un deterioro significativo en lo social, laboral y en otras áreas de su vida, resurgiendo un estado anímico de depresión similar similar al sufrido seis años atrás cuando falleció su madre, lo que aumentaba la potencialidad de riesgo suicida”, de acuerdo al expediente.
El avoque explica que, al existir una relación de pareja, el hombre tenía “el deber legal de asistencia, según lo ordena el Código Civil y Comercial de la Nación”.
Además de esta particular situación de convivencia, no hay que olvidar que el imputado “es un médico cirujano, legista o forense que en varias oportunidades le había diagnosticado a la víctima diversas enfermedades para que presentara certificados en su lugar de trabajo” e incluso le había recetado psicofármacos como Alprazolam, “por lo que conocía los problemas de salud de su mujer”, sostiene la nueva acusación.
