La Justicia Civil ordenó que el Estado de la provincia de Mendoza indemnice a una mujer policía que, tras denunciar violencia de género por parte de su pareja, otro uniformado, padeció violencia institucional.
La Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, ordenó que el monto establecido en una primera instancia por daño extrapatrimonial sea superior al dictado inicialmente.
Inicialmente el Tribunal de Gestión Asociada Cuarto había fijado una suma de $400.000 pero ahora deberán pagarle $ 2.000.000, valorando el daño sufrido y el reclamo inicial de los abogados de la mujer.
“No advierto que la suma de $400.000 otorgada en la sentencia alcance a cumplir la finalidad del art. 1741 del CCCN -el monto debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas- teniendo en cuenta el daño sufrido y lo reclamado en la demanda, advirtió la Cámara y para fijar la nueva suma tuvo en cuenta el valor de dólar al momento de la primera sentencia y el actual.
El monto inicial “no se ajusta a los parámetros de la reparación integral en materia de derechos humanos, como lo dispone la manda convencional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dice el fallo.
La demanda se originó por una situación de violencia doméstica por la cual la demandante sufrió lesiones, debiendo ser atendida en distintos hospitales públicos por los golpes recibidos.
El calvario de la mujer
En abril de 2013 tuvo una discusión con su pareja en la puerta de su casa y el hombre “la toma de un brazo y la hace volar por los aires, golpeando su cara en el suelo, provocándole un corte en el mentón y un fuerte dolor que le impedía mover la boca”.
Fue llevada al hospital Diego Paroissien donde se le practicaron los primeros auxilios, siendo derivada a la Clínica Francesa y a la Clínica Odontológica de OSEP para ser tratada por traumatismo maxilofacial, debiendo hacer tratamiento fisioterapéutico y ortopédico por sesenta días.
Ante esta situación decidió concurrir a la Oficina de asistencia al policía, para asesorarse y pedir ayuda, habiendo denunciado el hecho de violencia doméstica en la Oficina Fiscal N° 10.
El 13 de abril de ese año, la Oficina de Asistencia al Policía decide retenerle el arma reglamentaria como medida preventiva y se le asignaron tareas administrativas, siendo derivada a Junta Médica. Allí es atendida por los dos médicos que determinaron también en forma preventiva su traslado al hospital El Sauce, para recibir apoyo y contención.
En ese nosocomio, sin ser entrevistada por un médico, se le llenó una ficha y se le comunicó que por pedido de la Junta Médica debía quedar internada, permaneciendo allí desde dos días hasta que un médico le dio el alta y luego un certificado donde la considera apta para el ejercicio policial, indicando la restitución a su lugar de trabajo.
Esta indicación no fue aceptada por Sanidad Policial, otorgándole 30 días más de licencia, sin realizar ningún examen ni diagnóstico, hecho que –según la demanda- fue considerado como “discriminatorio, despectivo e irrespetuoso” que solo logró revictimizarla.
En tanto que la denuncia penal se encontraba paralizada, su pareja seguía trabajando en la Fuerza. Frente a esa situación volvió a relacionarse con su pareja, hecho que como consecuencia le generó un intento de suicidio.
La demanda apunta que “más allá de los actos de violencia doméstica, la falta de contención por parte de la fuerza policial, la discriminación entre víctima y victimario, la inactividad de la fiscalía y el maltrato recibido por Sanidad Policial, minaron su salud mental”.
Por otra parte, su salario se vio disminuido, ya que el retiro del arma afecta directamente en los ingresos. Mientras estaba bajo tratamiento médico, “Sanidad Policial no seguía las indicaciones del médico tratante, manifestando en cada entrevista que nunca se iba a recuperar, prorrogando sus licencias de manera indefinida”.
