La Policía de Mendoza detuvo a dos arrieros y decomisó 70 mulas durante un operativo realizado en el Parque Provincial Aconcagua para detectar maltrato animal y actos de crueldad por parte de las empresas autorizadas para trabajar en ese lugar turístico con animales de carga.
La acción fue ordenada por el fiscal Gabriel Blanco subrogante de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos contra los Animales y Delitos no especializado y participó personal de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente, Policía de Mendoza (Dirección General de Investigaciones y División VANT) y personal del Colegio Veterinario.
La acción alcanzó también otras zonas como Puente de Inca, Punta de Vacas, Plaza de Mulas Confluencia, Casa de Piedra, Plaza Argentina y Pampa de Leñas, lugares en donde se utilizaron drones para facilitar las inspecciones y abarcar mayor territorio.
Según informaron desde Energía y Ambiente, el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, permanece en Alta Montaña y confirmó que habrá más inspecciones y que no se descarta que se realicen más actas por parte del Ministerio Público Fiscal y se rechacen más mulas para ser derivadas a recuperación.
En total se revisaron 300 mulas, de las cuales 70 estaban en estado preocupante: presentaban heridas graves, desnutrición y otras condiciones que atentan contra su bienestar.
Detenciones y sanciones
Durante las inspecciones, dos arrieros fueron detenidos. Ambos enfrentan cargos por infracción a la Ley 22.421 y maltrato animal. Los animales confiscados permanecen en un corral habilitado para su seguimiento y recuperación veterinaria. Se espera que las investigaciones avancen para determinar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares.
Mientras tanto, los operativos en el Parque Aconcagua seguirán adelante, ya que guardaparques están dando aviso ante cualquier irregularidad y Áreas Protegidas formaliza las denuncias correspondientes.
El 20 de diciembre pasado, tras recibir una seguidilla de cinco denuncias por maltrato animal en los últimos días, la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos contra los Animales y Delitos no especializados advirtió que perseguiría penalmente a las empresas habilitadas en el Parque Provincial Aconcagua que ejecutaran actos de maltratos o crueldad a animales de monta o carga utilizados con fines económicos. La advertencia parece que no tuvo mucho eco entre los empresarios de rubro a juzgar por el estado en que se encontraron los 70 animales decomisados.
Una de las denuncias efectuadas en ese entonces fue sobre un mular que debió ser sacrificado ya que fue encontrado agonizando. El hecho fue denunciado el 21de noviembre cuando personal de la Dirección de Áreas Protegidas d denunció una situación detectada por un arriero en las Inmediaciones del Campamento Casa de Piedra Parque Provincial Aconcagua, ubicado en Las Cuevas, Las Heras.
Se trataba de una mula “que sería de la empresa AMG, que habría sido abandonada durante al menos dos días agonizando por una enfermedad terminal en las proximidades del campamento Casa de Piedra”, sin dar aviso las autoridades guardaparques del Parque Provincial ni a los médicos Veterinarios del Programa de Bienestar Animal.
Fue un arriero que pasaba por el lugar que vio al animal y avisó a las autoridades y solicitó permiso para la eutanasia del animal, algo que fue autorizado por los veterinarios del Parque.
El animal era un mular macho de 15 años llamado “Lunático”, identificado con el chip 49224 que había ingresado a la quebrada Vacas el 17 de noviembre con destino Plaza Argentina, según el seguimiento que se hace desde las autoridades de Parque Aconcagua. Estaban a cargo de los arrieros José Salas, Jorge Fernández, Alexis Mercado y Martín Aguilera.
Desde Áreas Naturales Protegidas consideraron que se trató de una falta grave e impusieron una multa de 25 gavet y la suspensión de ingreso al arriero responsable por 3 días al Parque.
Esta fue una de las cinco denuncias recibidas el 14, el 21, el 25 de noviembre y el 5 de diciembre que movilizaron al jefe de las Fiscalía, Sebastián Capizzi a “informar” a las empresas “la decisión de política de persecución penal frente al maltrato o crueldad contra los animales”.
