La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Dolores aceptó que los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa sean considerados “particulares damnificados”. Esta denominación se da en una causa presentada por la defensa de los imputados, la cual denunció por presunta falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad a la fiscal que intervino en la investigación del caso, informaron hoy fuentes judiciales.
Los jueces de la Sala 1 del tribunal, Luis Defelitto y Susana Darling Yaltone, hicieron lugar a un recurso presentado por Hugo Tomei, abogado de los imputados.
El defensor denunció desde el inicio de la causa presuntas irregularidades en las actas de las declaraciones indagatorias tomadas a los rugbiers horas después de su detención. Además, en un expediente aparte de la instrucción principal acusó a la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 gesellina, por “falsedad ideológica de instrumento público” y “privación ilegítima de la libertad”, en marzo de 2020.
Ese planteo fue rechazado por el juez de Garantías David Mancinelli, quien el último 15 de diciembre consideró que los imputados no podían actuar en calidad de particulares damnificados, y tras un recurso de apelación por parte de Tomei, el caso quedó en manos de la Cámara.
El tribunal de apelaciones revocó el último martes la resolución del magistrado, y consideró que Máximo Thomsen (22), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (20), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (22), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22), que aguardan el inicio del juicio oral por el crimen, pueden impulsar la acción penal contra la fiscal en esta causa, que permanece archivada.
A partir de esta resolución de la Cámara, la defensa de los rugbiers, imputados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, podrá tratar de reactivar la acusación contra la fiscal, con pedidos de medidas de prueba nuevas.
Además de Zamboni, la acusación de Tomei apunta a la defensora oficial que intervino en el inicio de la investigación, Marina Veronica Olinidi Huespi, y a dos secretarios de la fiscalía.
Los detenidos, en tanto, continúan alojados en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, donde cumplen prisión preventiva y aguardan el inicio del juicio por el homicidio ocurrido frente al boliche “Le Brique”, de Villa Gesell.
El juicio oral se desarrollará desde el 2 de enero de 2023 y a lo largo de 22 jornadas, con la participación de más de 130 testigos, en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores.
