Sólo 5 días duro la detención de dos comisarios puntanos implicados en la muerte por estrangulamiento de la mendocina Magalí Morales (39), fallecida en 2020, tras ser detenida por romper el aislamiento por la pandemia de Covid-19.
El jueves pasado el juez Jorge Pinto había dictado el procesamiento y la prisión preventiva para el comisario Reynaldo Heraldo Clavero –en el momento de hecho, jefe de la comisaría de Santa Rosa de Conlara- y para el comisario Marcos Dionisio Ontiveros.
Ayer, el mismo juez ante un planteo de la defensa ordenó las excarcelaciones de los uniformados, tras imponerles una caución que, para ambos, supera el millón de pesos.
“Llama la atención que estuvieran detenidos en la alcaidía del propio juzgado y nunca pasaron a la penitenciaria. Esto ha generado mucho dolor en los familiares y esperamos que la cámara revierta esta situación”, explicó a Los Andes Santiago Calderón Salomón, uno de los abogados que representa a la familia de Magalí que también se expresó por las redes sociales.
A pesar de que las pericias posteriores indicaron que Morales murió como consecuencia de una “asfixia por estrangulamiento”, los dos comisarios no están imputados por la muerte de la mujer, sino por los delitos de “aplicación de severidades a un detenido, siendo funcionario policial en concurso real con el delito de incomunicación indebida del detenido, ambos en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”.
La semana pasada el juez Pinto proceso también a dos mujeres policías que estaban en la comisaria de Santa Rosa cuando Magalí perdió la vida. Se trata de María Eugenia Argüello, procesada por “incumplimiento a los deberes del oficio en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario” y de Johana Paola Torres por “Incumplimiento a los deberes propios del oficio”. Las dos, por los delitos en juego, quedaron en libertad.
Muerte durante la pandemia
Según un comunicado oficial emitido el 8 de abril de año pasado por el juzgado Penal de Junín, a cargo del juez Osvaldo Pinto, el domingo 5 de abril de la Comisaría 25 de Santa Rosa inició un sumario policial contra Magalí por tres delitos: incumplir la cuarenta obligatoria, resistencia a la autoridad y lesiones contra la autoridad. Eso fue cuando regía en todo el país el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid -19.
Esta es la versión policial: cerca de las 9.30, unos policías estaban en la puerta de un banco, en la esquina de Santa Rosa de Lima y Rivadavia, cuando observaron a una mujer circulando en bicicleta a contramano.
Los policías le dijeron que frenara pero ella “haciendo caso omiso, la mujer se dirigió a la Comisaría. Al ingresar al lugar, la policía le solicitó el documento, pero la mujer manifestó no poseerlo”, aunque dio su nombre y domicilio.
Los policías le dijeron que iban a “demorar” por romper el aislamiento obligatorio y en esa situación “intenta fugarse lo que motiva que intercedan la agente Torres, Yohana y Oficial Principal Ontiveros, con quienes se produce un forcejeo, ante tal situación y debido a la violencia que presentaba dicha ciudadana se suma al proceder el Oficial Principal Mancilla, Daniel quien recibe un rasguño en una de sus manos”.
Entre los tres lograron reducirla y la trasladaron luego al hospital local “para ser atendida por el médico de turno” y luego la volvieron a llevar a la comisaría
A las 19.30 se produjo el desenlace fatal: el comisario Heraldo Clavero llamó al juez para decirle que Magalí “se habría suicidado en la celda en la que se encontraba alojada en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara”.
Una hora más tarde llegó a la comisaria el juez, el médico forense, personal de criminalística y el jefe del comisario, el subjefe de la Unidad Regional III, el comisario Jorge Bustos. En ese momento se realizó una inspección de la celda y el médico hizo una revisión preliminar.
