“Gracias por las 120 lucas verdes” decía adentro del sobre que les llegó aquel 20 de septiembre de 2007. En ese preciso momento el matrimonio sospechó que algo había ocurrido con los ahorros que tenían guardados en la caja de seguridad de la sucursal Villa del Parque del BBVA Banco Francés.
Y así fue, les habían sustraído 124.000 dólares. Pero no fue hasta el mes pasado, que después de 13 años de disputa judicial, lograron recuperar algo de lo que perdieron hace una década atrás.
La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial fijó un resarcimiento por daño material y daño moral por US$ 100.000 y $80.000, más intereses del ocho por ciento en dólares en favor del matrimonio que sufrió el hurto de esos ahorros que habían puesto a resguardo en una caja de seguridad de una institución bancaria. Informó al diario LA NACION la abogada de E. K, Nydia Zingman de Domínguez.
La sentencia lleva las firmas de los camaristas Miguel Bargalló y Juan Ángel Sala. En primera instancia, el resarcimiento había sido fijado US$70.619 y de $50.000, más intereses.
“El expediente estuvo parado años porque en el juzgado penal donde se tramitó previamente la denuncia se perdieron pruebas documentales y no se las reconstruyó ni se las encontró, a pesar de numerosos pedidos y oficios que presenté. Además, en el juzgado donde se llevó la causa comercial se negaban a dictar sentencia sin dicha documentación a pesar de mis reiteradas solicitudes para que fuera dictado el fallo con la numerosa y valiosa prueba aportada por mi parte”, afirmó Zingman de Domínguez.
Desde el Banco explicaron que “es un caso que se encuentra en instancia judicial, y a cuyo resultado se someterá BBVA”.
“Después de tantas vicisitudes y trabas logré que se dicte la sentencia, que fue favorable a mis representados; en segunda instancia, con nuestra apelación, se aumentó la indemnización solicitada. Fue una lucha jurídica y legal muy difícil contra el banco, que negó todos los hechos sucedidos, contra la resistencia del juzgado para fallar sin esa documentación y contra el juzgado del expediente penal, que no encontraba ni podía reconstruir esos papeles que registraban quiénes habían ingresado al recinto donde están los cofres”, explicó Zingman de Domínguez.
Las víctimas explicaron que los dólares que habían guardado en la caja de seguridad correspondían al dinero que habían logrado recuperar, por medio de acciones de amparo, del “corralito” financiero de 2001 y 2002, de la venta de una propiedad y de ahorros.
El matrimonio afirmó haber sufrido daño psíquico y daño moral. Una perito psicóloga sostuvo que, por el hurto, E. K. tuvo “un deterioro psicofísico que alteró su vida personal, familiar y social” y que padeció “un cuadro de depresión reactiva en grado moderado”.
“Apreciando las particulares circunstancias del caso, donde por haberse extraviado las constancias de ingreso en la caja por una causa no imputable a ninguna de las partes se impuso la necesidad de exigirle un mayor esfuerzo en materia probatoria a la parte fuerte del sinalagma [el banco] y la de valorar de una manera más laxa los elementos de convicción aportados por la denunciante, y ponderando especialmente el importe resultante de los comprobantes de compra de moneda extranjera, propongo que la queja que se analiza en el presente acápite sea admitida, con el alcance de elevar el reclamo por el concepto aquí examinado a la suma total de US$100.000” se sostuvo en el fallo del tribunal de alzada en uno de los votos.
Con respecto al daño moral, se afirmó que “En la especie, la sola circunstancia de enterarse de que la caja de seguridad que se tiene en un banco ha sido violentada es un hecho capaz por sí mismo de generar una alteración emocional”.
