Muy encaminada parece haber quedado la investigación por la muerte del joven de Las Heras, ultimado de un balazo el último viernes en el barrio Santa Teresita. Como se preveía, la acusación recayó sobre un policía que ayer fue imputado, aunque quedó en libertad.
Los peritajes y las pruebas indican que el subcomisario Luis Ramírez le disparó en el pecho a Matías Domínguez (26) el viernes pasado en la mañana, en medio de los operativos y disturbios que se registraban en la zona. El arresto de un muchacho con marihuana enojó a los vecinos, quienes empezaron a increpar a los efectivos. Estos respondieron y la víctima, que al parecer nada tenía que ver con el conflicto, cayó desplomada en la esquina de Tres de Febrero y Lisandro Moyano. Perdió la vida minutos después al ingresar al hospital Carrillo.
Ante el escenario planteado, la fiscalía de Homicidios ordenó el secuestro de todas las armas reglamentarias utilizadas en el procedimiento, con la correspondiente identificación de los uniformados, además de comenzar a tomar declaraciones testimoniales.
El domingo llegaría un dato clave al expediente: del cuerpo del joven los médicos forenses extrajeron una bala calibre 9 milímetros, coincidente con los proyectiles que usan los policías. El paso siguiente fue cotejar este plomo con las pistolas incautadas y resultó positivo para el arma de subcomisario.
Esta medida fue reveladora, al igual que un video obtenido por los pesquisas. Se trata de una filmación en la que se ve que alguien dispara dos veces desde una especie de descampado e inmediatamente se escuchan los gritos de desesperación porque Domínguez había sido herido.
Los testigos ubican a Ramírez como el único que disparó en ese sector, cuando parte de la Fuerza emprendía la retirada bajo los insultos de la gente. Pero el video no sólo sirvió para probar su presunta autoría, sino también para definir su imputación. El acusado accionó la pistola a casi 100 metros de donde estaba Domínguez, lo cual para los sabuesos, representa que no tenía intenciones de matarlo.
Si bien esta hipótesis juega a favor del sospechoso, en contra de él esta su proceder ya que entienden que no era necesario disparar o, en todo caso, debía hacerlo de forma intimidatoria hacia arriba o apuntando al piso. Por todo esto, la calificación es de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de funcionario policial, con exceso en el cumplimiento del deber.
Este delito tiene penas de uno a cinco años y resulta excarcelable, por lo que el uniformado no quedó detenido. Ante la imputación de la fiscal Andrea Lazo, optó por no declarar.
Con un panorama bastante claro, la causa seguirá sumando elementos y estiman que, de no surgir nuevas pruebas, tendrá un desenlace no muy lejano.
El hecho ha generado aún más rispideces entre los residentes del barrio y la Policía. Incluso el sábado hubo una manifestación frente a la comisaría 36 con pintadas y fuertes reclamos de familiares y amigos del fallecido, que consideran que se trató de caso de gatillo fácil.
