La justicia civil ordenó que el Estado provincial indemnice con más de $13 millones a la familia de Paula Toledo (19), la joven víctima de un abuso sexual grupal que terminó su muerte, en octubre de 2003 y que, al presente, los autores del asesinato no han sido condenados.
Así lo ordenó esta semana Tribunal de Gestión Judicial Asociada n° 1 de la Segunda Circunscripción al considerar que “entre los diversos hechos que han demorado en resolver quiénes fueron los autores del delito de violación y posterior muerte de Paula Toledo se pueden mencionar la entrega de ropa de Paula, las deficiencias de la labor del Cuerpo Médico Forense, las de las medidas adoptadas por la policía, que debieron haber sido dirigidas por las instrucciones del poder judicial”.
La demanda inicial realizada por la madre de Paula, Nuri Ribotta, y sus hijos era, inicialmente, por la suma de $18.354.600, indicaba que “las malas actuaciones de la policía y de la justicia derivaron en anulaciones del juicio y dilaciones de la causa”.
Además, señalaba “la pérdida de custodia de pruebas y destrucción de las mismas, mencionando diversos hechos como la actuación del Cuerpo Médico Forense, pérdida de botella con restos hemáticos, acceso de cualquier persona al lugar del hecho y actuaciones en pos de garantizar la impunidad de los victimarios”.
Frente a la demanda, ahora la justicia civil ordenó que la Provincia le pague a Antonia Nuri Ribotta la suma de $6.600.000 y a los hermanos convivientes, Julián Darío Toledo y William Roque Toledo, la suma de $3.300.000 para cada uno, además de intereses del 5%.
El fallo considera que el Estado provincial fue responsable de que se produjera una demora en arribar a una sentencia válida y que se produjo perdida en la custodia de las pruebas y destrucción de las mismas.
La muerte de Paula -un caso que desde la perspectiva actual ameritaría la caratula de femicidio, delito que tiene como pena la prisión perpetua- es un verdadero escándalo judicial y no sólo por la demora en su resolución. Es que el crimen fue investigado de forma abiertamente negligente: no se recogieron pruebas fundamentales de la escena de crimen –la chica fue torturada con cigarrillos y no se resguardaron las colillas-, se desecharon muestras de semen y sangre y hasta se llegó a lavar el cuerpo de la joven antes de que se terminara la necropsia. Luego, la ropa que tenía Paula cuando fue asesinada fue “donada” a una institución de beneficencia.
Muerte y abuso sexual grupal
El 30 de octubre de 2003 Paula Toledo terminó de hacer unas tareas que debía entregar al día siguiente en la Escuela Polivante de Arte, cuando alguien golpeó la puerta y la invitó a salir. La chica dejó la puerta entreabierta, en señal de que volvería rápidamente.
Al día siguiente su cuerpo apareció en una acequia de la calle Victorino de la Plaza, a 400 metros de avenida Balloffet, en el barrio El Sosneado. Estaba semidesnuda, boca abajo, rodeada de basura y bolsas de plástico. En un primer momento fue muy difícil identificarla.
Según la información policial, los jóvenes fueron vistos ingresando a una casa abandonada que se encontraba en Los Filtros y Jacarandá, donde los chicos del barrio se juntaban a tomar cerveza y, algunos, a fumar marihuana.
En ese lugar fue torturada, abusada sexualmente por varias personas y luego asesinada. Su cuerpo presentaba golpes en la cabeza, producidos por una botella de cerveza, y cortes en el rostro. También mostraba quemaduras. Se determinó que la muerte fue por asfixia.
Al día siguiente ya estaban apresados los sospechosos que habían sido vistos por algunos testigos: Víctor Echegaray (17), alias “El Poroto”; su hermano Alejandro (16), alias “Ñaca”; Andrés Maravilla (27), alias “Brusqui”; Iván Gauna (16), alias “Colita”; Cristian Torres, Jorge Sánchez y Marcos Graín (19), un chico con quien había comenzado a salir un mes y medio antes.
Después de las detenciones comenzó el oscuro entramado judicial. Luego un juez subrogante liberó a los imputados y, cuando el magistrado natural retomó el caso y volvió a pedir las detenciones, Graín –señalado como “un entregador”- se había fugado.
Tres juicios, una condena
En mayo de 2006 se llevó adelante el primer juicio por “abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte” por el crimen de Paula Toledo. Se pudo comprobar que todos los imputados habían estado en la casa abandonada donde se ejecutó la violación masiva y el homicidio.
Los jueces se basaron en la pésima instrucción para absolver por el beneficio de la duda a los hermanos Echegaray, a Gauna y a Rodríguez. A Maravilla lo sobreseyeron de culpa y cargo.
El abogado querellante, Arturo Juri, apeló la sentencia y la Corte de Mendoza anuló el juicio y ordenó hacer uno nuevo.
Para entonces, Graín, quien se había escondido en Misiones, fue hallado y enviado a juicio. La Segunda Cámara del Crimen de San Rafael dictaminó que las pruebas en su contra no eran suficientes y quedó sobreseído. Hubo otra apelación y el fugitivo fue encarcelado a la espera del segundo juicio.
En agosto de 2011 -ocho años después del hecho- Graín fue juzgado. Dijo que en la noche del crimen él llegó con “Poli” pero después se fue y la dejó “con los chicos”.
El 1 de septiembre fue absuelto por los jueces Ariel Hernández, Rodolfo Luque e Isidro Peña por falta de pruebas. El fiscal Norberto Jamsech no había presentado acusación por considerar que no existían pruebas y el hermano de la víctima estuvo a punto de golpearlo.
Durante el debate estos jueces, por el principio del “non bis in idem” (no se puede juzgar a alguien dos veces por el mismo crimen), decidieron no volver a juzgar a los hermanos Echegaray y a Iván Gauna.
Finalmente, en febrero de 2021 Marcos Graín (36), con quien por 2003 la víctima tenía una relación informal, fue condenado a 11 años de prisión como partícipe necesario de un abuso sexual con acceso carnal, agravado por la comisión de dos o más personas. Para los jueces Néstor Murcia, Alejandro Celeste y Esteban Vázquez Soaje, el acusado facilitó y permitió que otros sujetos violaran a la chica, hecho que tuvo como consecuencia su muerte.
