El más reciente paso en falso de J. C. G. lo dejó en “jaque” y todo parece indicar que el “mate” es inminente. Y es que la detención de este hombre, imputado por múltiples estafas millonarias a bodegas y distribuidoras de vino de todo el país, registrada a comienzos agosto en San Rafael reactivó una causa que parecía ir encaminada al archivo en Córdoba. Y ahora todo queda en manos de la Justicia de Mendoza, con miras a llevar a juicio al “Gran Simulador” por ambas estafas.
En total, a J. C. G. se le reclaman más de 60 millones de pesos. Solo en una de las estafas, la más reciente, el encargado de una distribuidora de vinos le exige el pago de 49 millones de pesos por la compra de más de 1.500 botellas de vino de alta gama y por las que el imputado y detenido pagó con cheques sin fondos. A ellos se suman otros 11,5 millones de pesos y que son parte de una estafa cometida por J. C. G. en 2022 y a una conocida bodega de San Rafael.
Esta última es la causa que fue remitida hace algunas semanas a la Justicia de Mendoza. Y es que el caso estaba en manos del fiscal Luis Saragusti, en la provincia de Córdoba, ya que el estafador estaba domiciliado en la localidad de Huinca Renancó. Desde allí había llegado el 7 de agosto último cuando, en horas de la noche, fue detenido en las inmediaciones de la casa de su padre y tras un mega despliegue de las fuerzas policiales y judiciales de Mendoza, Córdoba y otras provincias.
A raíz de la detención en Mendoza y de las pruebas por la más reciente de las estafas -cometida entre mayo y junio del año pasado-, el fiscal cordobés se declaró incompetente para continuar instruyendo la primera de las causas por estafas. De esta manera, Saragusti derivó la causa por las estafas en 2022 a la Justicia de Mendoza para que se anexe ala más reciente investigación.
Así las cosas, la Justicia mendocina tiene dos caminos posibles. O aceptar sumar esta causa por estafas (el monto denunciado hace dos años fue de cerca de 11,5 millones de pesos) a la causa que se inició por la denuncia del encargado de la distribuidora de vinos; o bien declararse también incompetente y que sea la Corte Suprema de Justicia la que dirima.
Si bien a simple vista esta noticia no cambia la situación de J. C. G. frente a la Justicia -continúa imputado por estafas-, es una buena noticia para quien lo denunció hace dos años por la compra de 46.800 botellas de vino, lote valuado en 11,5 millones de pesos y por los que J. C. G. pagó también con cheques sin fondos. Y es que esta causa, que parecía “dormida”, se reactiva en los tribunales y podría unificarse en una mega causa única por estafas.
ASÍ ESTAFABA EL “GRAN SIMULADOR”
El primero de los episodios, y que es el que recientemente fue derivado a la Justicia mendocina, data de 2022. En nombre de una empresa distribuidora que decía representar, J. C. G. se comunicó con un agente de ventas de la bodega “Finca El Nevado”. Juntos coordinaron la compra de 7.800 cajas de vino -46.800 botellas- varietal malbec. J. C. G. fue quien efectuó la compra y por las que debería haber pagado alrededor de 11,5 millones de pesos.
Para pagar el lote adquirido, J. C. G. libró 3 cheques de pago diferido. El detalle es que todos tenían orden de no pago efectuada. Por ello mismo, cuando desde la bodega quisieron efectivizar el pago que había hecho J. C. G. -junto a su hermano-, se encontraron con la desagradable sorpresa de que dichos cheques no tenían fondos.
Oportunamente, los damnificados denunciaron al estafador. Y gran parte de las botellas que había adquirido el estafador -y por las que nunca pagó- fueron recuperadas y secuestradas por la Justicia. Este espectacular operativo tuvo lugar en la localidad de Huinca Renancó.
LA ÚLTIMA GRAN ESTAFA Y LA CAÍDA
Esta causa inició su andar en los juzgados de Huinca Renancó (Córdoba), aunque sin grandes movimientos, más allá del secuestro de la mercadería por la que J. C. G. jamás pagó, más allá de que se hizo con ella. Sin embargo, el impulso y el oficio pudo más, y el estafador volvió a sus andanzas entre mayo y junio de 2023. Y aquí fue donde, como suele decirse, “pisó el palito”. Tanto que el 7 de agosto, luego de un impecable trabajo de inteligencia, fue detenido en San Rafael.
A mediados del año pasado, “el gran simulador” contactó vía mail al encargado de la distribuidora Gran Casa Vinos, con sede en San Luis y que trabaja en la comercialización de vinos de las principales bodegas de Mendoza. J. C. G. utilizó el nombre de Luis Duarte para esta operación y, en dos compras distintas, adquirió lotes de botellas de vino por un total de 16 millones de pesos (1.100 botellas en 15 palets).
Identificándose como Duarte, hizo la primera solicitud por la compra de 7 palets de vino por un monto de 8 millones de pesos. Luego, ya por WhatsApp, reiteró un pedido similar y por el mismo monto, otros 8 millones de pesos. En ambas transacciones se repitió el mismo: J. C. G. envió el cheque y el encargado de la distribuidora coordinó con las bodegas mendocinas el despacho del nuevo envío.
Fue a partir de agosto de 2023 cuando los problemas. En WhatsApp, los mensajes que el encargado de la distribuidora enviaba a Duarte (quien en realidad era J. C. G. ) quedaban con un solo tilde, señal de que no llegaban. En simultáneo, “saltaron” los rebotes de los pagos en las bodega y con los cheques que el comprador había enviado.
El camino llevaba a un solo desenlace: el representante de la distribuidora de vinos había sido víctima de una millonaria estafa. Y, por su cuenta, la víctima inició su propia búsqueda e investigación. Hasta que, en enero de este año, la víctima radicó la denuncia en el MPF de Mendoza con todas las pruebas.
Fue esta denuncia la que avanzó en la Justicia de Mendoza hasta llegar a la detención de. estafador a comienzos de agosto de este año. Y la que reactivó la causa de hace ya dos años en Córdoba.
QUIEREN QUE EL ESTAFADOR SEA OBLIGADO A DEVOLVER EL DINERO
A fines de agosto, en el polo judicial mendocino, se presentó la posibilidad de concluir el proceso local (aún antes de que el fiscal Saragusti -de Huinca Renancó- derive la primera causa a la Justicia de Mendoza) en un juicio abreviado dentro del fuero penal. De acuerdo a esta propuesta, J. C. G. estaba dispuesto a reconocer la autoría del delito a cambio de una condena penal de 1 año y 8 meses de prisión en suspenso (al ser menor a 3 años, no queda detenido y sale en libertad).
Esto no convenció a la víctima y a su abogado, ya que consideraron que significaba llegar a una resolución penal sin que se condene al estafador a responder económicamente por sus delitos. En ese sentido, consideraron que J. C. G. tendría el camino allanado para regresar a sus andanzas con ese acuerdo de condena.
Si bien es en el fuero civil donde la víctima debería solicitar una compensación económica -en una causa paralela a la penal-, existe una herramienta para que en la condena penal (esa misma propuesta que incluye los 20 meses de condena) se incluya también la obligación de responder económicamente. Y es ello lo que solicitó la víctima de J. C. G. y para que se incluya en el mismo acuerdo del juicio abreviado.
Ante esta presentación, la jueza que instruía la causa entendió que, dado el complejo mecanismo y la magnitud de las operaciones de J. C. G. para estafar sistemáticamente, la condena debía desprenderse de un juicio plenario tradicional. Por esto mismo fue que, además de rechazar la posibilidad de abreviado, la magistrada -María Cristina Pietrasanta- se inhibió de entender nuevamente en la causa.
“Lo peor que puede recibir esta persona como condena es una inclusión del reclamo civil, además de la prisión en suspenso, ya que sistemáticamente estafa en cientos de millones al rubro del vino. Pero no encontramos una respuesta que incluya este reclamo, aun habiéndole solicitado a la fiscalía que lo hiciera”, destacó el demandante y quien fue estafado por J. C. G., el abogado Roberto Signoretti.
“Si a esta persona le firman la condena a 1 año y 8 meses, sale en libertad al otro día y no tiene que poner un peso. No se va a haber alcanzado la justicia real, aun teniendo todos los elementos para ello. Es una oportunidad haber logrado detener a un tipo como este. Se movió todo el aparato judicial para logarlo, con participación de policías de investigaciones a otras provincias. ¡Y se va a ir sin poner un peso!”, agregó.
