Florencia Romano (14) fue brutalmente asesinada en 2020 en Maipú y su caso fue muy resonante porque salpicó al accionar de la Policía debido a que un llamado al 911 minutos antes de su muerte fue desestimado por una operadora. La familia demandó al Estado por 300 millones de pesos y ayer una jueza falló a su favor, pero por casi 12 millones. Sin embargo, apelarán a un monto mayor porque quieren crear una fundación que ayude a víctimas sin recursos.
En julio de este año, la familia de la adolescente asesinada inició un juicio civil contra el Estado mendocino responsabilizándolo de la muerte y este jueves, la jueza civil provincial Marina Lilen Sánchez, del Tribunal de Gestión Asociada 3, falló a su favor al considerar que el Estado tuvo el 70% de responsabilidad en el femicidio y lo obligó a pagar la suma de 11.976.520 pesos a Cristina Mopardo, José Romano y Matías Romano Mopardo, padres y hermano de la víctima.
Ausencia estatal
En diciembre de 2020 la adolescente desapareció luego de haberse reunido con Pablo Arancibia (33) en su casa, ubicada en el callejón Berra de Maipú, y tras una intensa búsqueda fue hallada una semana después en un descampado golpeada, ahorcada, degollada y parcialmente quemada.
Se determinó que Florencia había sido asesinada en el domicilio de su victimario, donde un vecino escuchó gritos desesperantes que lo incitaron a pedir ayuda al 911. En el llamado, el hombre, en notable estado de nerviosismo, brindó la dirección pero la operadora del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) no sólo desestimó la llamada, sino que hasta le cortó el teléfono y no derivó a ningún móvil o efectivo al lugar.
Para la querella y la jueza, esta negligencia podría haber evitado el desenlace trágico de la joven. En su defensa, la auxiliar Verónica Herrera alegó que la llamada tenía mala calidad y, como la dirección no aparecía geolocalizada en el sistema, pensó que era una broma y por eso cortó la comunicación.
“La sentencia nos sirve para sentar precedentes. No es que siempre el Estado tiene que salir a responder civilmente por todas las muertes, pero acá sirve para que cuando haya una muerte y el Estado no haya atendido con su obligación, como pasó con Florencia, se haga responsable”, aseguró a Los Andes Cristian Vaira Leyton, abogado querellante de la familia Romano.
En julio de 2021, Arancibia admitió el femicidio de Florencia y fue condenado a prisión perpetua, mientras que la auxiliar Herrera fue condenada meses después, en octubre, a tres años de prisión en suspenso y también fue desvinculada de su puesto de trabajo.
“La culpa es de los padres”
Cuando los padres y el hermano de Florencia presentaron la demanda al Estado mendocino por los 300 millones, el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, respondió alegando que la culpabilidad por la muerte de la adolescente era 50% del femicida y 50 % de los padres de ella.
Estos dichos despertaron mucha polémica. “No hay forma de que se le eche la culpa a la familia de la víctima en casos como estos. Fue una barbaridad culpar a los padres de Florencia para no hacerse cargo de la demanda”, apuntó Vaira Leyton.
Respecto a la sentencia, el letrado aseguró que, tanto la querella como la familia de Florencia, están conformes por lo actuado en el ámbito civil, porque la jueza confirmó lo que ellos querían demostrar: que el Estado era responsable. Sin embargo, apelarán a un quantum económico porque el monto que ahora Mendoza debe pagarles está muy lejos de la cifra que ellos pidieron.
“Buscamos apelar al quantum para que se arrime al monto indemnizatorio pedido en su momento porque la familia tiene la intención de hacer una fundación con esa plata y el Estado no apoya con nada. Ellos quieren ayudar a víctimas de todo tipo: violencia de género, abuso sexual, familiares de víctimas de homicidios y femicidios, desaparecidos, que no tengan recursos para pagar los honorarios de un abogado penalista que los defienda”, concluyó el querellante.
Además, insistirán para que se logre la llamada “Ley Florencia”, el proyecto que tiene como objetivo capacitar a operadores del 911.
