En la última jornada del juicio contra la banda que lideraría Daniel “El Rengo” Aguilera (38) dedicada, presuntamente, al comercio de estupefacientes, el ex líder de la hinchada del Godoy Cruz realizó una picara jugada “de barrio” para evitar que el juicio se realizara.
Aguilera, junto a sus amigos Marcelo Ruiz (31), Cristian Oliva (35) y a los penitenciarios Rodrigo Barrios y Rodrigo Lizardo, está siendo juzgado en los tribunales federales pero, a causa de la pandemia, los detenidos –Aguilera y Oliva- siguen el debate desde el penal de Boulogne Sur Mer, a través de videoconferencia. Lo mismo hacen los abogados del tombino, quienes residen en Buenos Aires.
El miércoles, el debate iba a comenzar a las 11 de la mañana pero por cuestiones técnicas –la conectividad era deficiente- terminó empezando por la tarde. En un momento, mientras declaraba un gendarme y se reproducían las escuchas que lo incriminan, Aguilera empezó a interrumpir el debate, diciendo que no escuchaba.
Los técnicos trataban de solucionar el problema, el juicio se reanudaba y, minutos más tarde, Aguilera volvía a decir que desde la cárcel, no se escuchaba nada.
Los técnicos indicaban que todo estaba bien pero Aguilera volvía con lo mismo: no escuchaba las escuchas.
Frente al problema, los jueces María Paula Marisi, Héctor Cortez y Roberto Naciff, de buscaron una solución. Abrieron un cuarto intermedio y enviaron al penal a uno de los secretarios del tribunal. Cuando el funcionario llegó al lugar, se ubicó cerca de los imputados y, “mágicamente” eso bastó para que Aguilera pudiera escuchar perfectamente el desarrollo del debate.
De ser encontrado culpable, Aguilera podría recibir una condena que va de los 12 a los 24 años de cárcel por el delito de organizador de comercio de estupefacientes agravado por ser cometido por más de dos personas.
En tanto que sus dos colaboradores, Ruiz y Oliva, están imputados por comercio de droga y podrían recibir hasta 20 años de prisión.
Además, los penitenciarios Rodrigo Barrios y Rodrigo Lizardo, imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, podrían ser condenados hasta a 2 años de cárcel. Su rol habría sido facilitar el ingreso al penal de drogas, dinero y teléfonos.
