La abogada y empleada judicial Noralí Hornz (34) –imputada en 26 casos de estafas cuyas víctimas fueron sus propios compañeros de trabajo- volvió a trabajar en los tribunales del Este provincial.
La letrada había sido suspendida tras ser imputada el 29 de abril pasado por estafas reiteradas y también por falsificación de instrumentos públicos y privados pero tal como lo establece la Ley de Procedimientos Administrativos, las suspensiones pueden extenderse sólo por 60 días.
La presunta estafadora –cuyo modus operandi habría sido sacar préstamos a nombre de otros empleados judiciales- volvió entonces a trabajar el lunes pasado pero no lo hizo en su lugar habitual, la Unidad Fiscal Correccional de San Martín, sino que fue trasladada a un lugar “más tranquilo”: las oficinas del Cuerpo Médico Forense, cuyos empleados –a pesar de no haber sido estafados- no habrían visto con buenos ojos la situación, según trascendió.
Mientras tanto, las causas contra Noralí han seguido avanzando y la primera denuncia ya a sido elevada a juicio al tiempo que ella ha seguido pagando algunos créditos que había sacado a nombre de sus compañeros, sostuvo una fuente consultada por Los Andes.
Por otra parte, a través de pericias caligráficas no se ha podido determinar que las firmas estampadas en los créditos hayan sido realizadas por la abogada ya que son “garabatos” aunque si se ha establecido que la letra del rellenado de los documentos le pertenece.
Además en los préstamos que sacó si bien están a nombre de los afectados el mail y el teléfono que figura es el suyo, consta en los expedientes que tramitan los fiscales Gustavo Jadur y Martín Scatareggi, supervisados por el jefe de la Fiscalía de San Martín Oscar Sívori.
El escándalo
El caso explotó el 26 de abril pasado, cuando una empleada judicial del Este fue a sacar un préstamo personal en el banco Nación y allí le dijeron que tenía dos créditos en financieras pero que ambos habían sido cancelados. Esa fue la primera denuncia que llegó a manos de la justicia.
Según una fuente judicial, Noralí solicitaba datos personales a sus amigos y allegados para hacer una encuesta para la facultad, entonces los estafados les pasaban fotos de sus documentos. Con estos datos, la mujer fraguaba bonos de sueldos y los presentaba en compañías financieras por sumas que iban desde los 100 mil a los 800 mil pesos.
“Estoy haciendo una encuesta con abogados y procuradores sobre una tesis que estoy armando. Son 3 preguntas. Si querés te las respondo yo, muchos me han pedido eso, jajaja. Pero necesito acreditar que el encuestado existe y que no lo inventé. Por eso me piden fotos del DNI. Si me podés hacer el aguante te pongo como encuestado y me mandás las fotos. Avisame. Gracias y perdón por las molestias”, dice uno de los mensajes que están en poder de la justicia.
Tras la denuncia de la primera estafada se corrió la voz y 26 personas que trabajan en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal, denunciaron casos similares.
“Estoy cancelando todo. No estoy desaparecida por hija de p... y porque los voy a cagar a todos. Estoy pidiendo plata. Lo hice porque mi mamá tenía tantas deudas la casa que se la iban a hipotecar y la iban a dejar en la calle. Era 2 millones y medio de pesos que se le debía a un usurero que la amenazaba, la perseguía; mi mamá vive sola. Con mi marido he vivido problemas de plata y discusiones por cubrirla a mi vieja. Entonces dije me las arreglo sola, total pago al día las cuentas y no va a pasar nada. Porque no he puesto a nadie en el veraz”, decía la denunciada durante los días en que se encontraba prófuga de la justicia. Luego se entregó fue imputada y está en libertad.
