La Suprema Corte de Justicia provincial confirmó la suspensión de la matrícula de Viviana Bacciedoni, una de las médicas imputadas por la muerte de la niña Guadalupe Codes (9), ocurrida en agosto 2015. La pequeña tenía leucemia y murió tras la intervención fallida en el hospital Español.
En un fallo reciente firmado por los supremos Teresa Day, Julio Gómez y Pedro Llorente se confirmó así la sanción que había ordenado el Ministerio de Salud y luego había sido ratificada por el Poder Ejecutivo, por la cual se le suspendió la matricula a Bacciedoni por el plazo de 5 años.
Pero la profesional de la salud llevó el caso a la Corte a través de una medida cautelar, que le fue aceptada en abril de 2017. Además, la médica presentó en el máximo tribunal una acción procesal administrativa para evitar la suspensión, solicitando la anulación de un decreto y tres resoluciones ministeriales.
Esta es la medida que ahora la Corte rechazó y, por lo tanto, Bacciedoni ha quedado inhabilitada para ejercer su profesión, tanto en el ámbito público como privado, ya que su matrícula está suspendida. Ahora podría recurrir a la Corte Nacional con el mismo planteo, aunque la suspensión se podría mantener vigente.
“Esto es una noticia satisfactoria para la familia de Guadalupe pero el deseo de los padres es que se haga el juicio, cuya investigación terminó hace tres años y aún no se ha fijado la fecha para el debate”, explicó Pablo Cazabán, abogado de los padres de la niña.
Lo esencial del nuevo fallo apunta a que la sanción que le aplicó el Consejo Deontológico a la doctora no es arbitraria sino razonable porque incumplió con las normas de una buena y adecuada praxis médica.
“La responsabilidad disciplinaria de la accionante no aparece ilógico, irrazonable, inmotivado, desproporcionado, ni violatorio de los derechos de debido proceso y defensa en juicio”, dicen los jueces.
Luego agregan que el sumario se inició “sobre la base de suficientes pruebas objetivas y directas, las cuales se tradujeron en incumplimientos graves a una serie de deberes funcionales que estaban a su cargo y que permiten sustentar la decisión del ministro de Salud, luego corroborada por el Sr. Gobernador de la Provincia”.
Tras analizar las circunstancias, indicios y argumentos, los ministros afirman que “las circunstancias que la administración consideró indubitadas eran suficientes para motivar la sanción impuesta, porque aquellas surgían de los elementos probatorios”.
El caso
El 27 de agosto de 2015 Guadalupe se encontraba en el hospital Español, donde recibía tratamiento para la leucemia, cuando una médica le suministró Vincristina de forma inadecuada.
La niña quedó paralizada tras recibir en la médula dicho medicamento, que debería haber sido suministrado por vía endovenosa.
Fue trasladada al hospital Notti y allí permaneció en coma inducido, internada en terapia intensiva y aislada. Guadalupe comenzó a presentar un cuadro de parálisis en los sistemas respiratorio y digestivo y fue entubada por completo ya que no podía respirar ni ingerir alimentos por sus propios medios. Murió el 20 de noviembre de 2015.
Días más tarde el fiscal Horacio Cadile imputó a Andrea Piatti, la médica que le habría aplicado la inyección a Guadalupe, y a Viviana Bacciedoni, jefa de Hematología del hospital Español. Las profesionales de la salud están imputadas por dos figuras penales: homicidio simple con dolo eventual y, alternativamente, homicidio culposo.
