El fallo por el cual la Suprema Corte de Mendoza condenó al empresario bodeguero José Alberto “Pepe” Zuccardi a pagarle a su hermana María Cristina la suma de 12 millones -25 aproximadamente, con los intereses que corresponden- se encuentra ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá decidir si trata el caso o bien si lo rechaza y lo devuelve al máximo tribunal provincial.
Luego que en agosto pasado el máximo tribunal de Mendoza fallara a favor de la ingeniera agrónoma María Cristina Zuccardi, quien presentó una demanda civil contra su hermano en la que sostuvo que sus padres habían repartido la herencia de forma desigual entre los tres hermanos, los abogados del bodeguero presentaron n recurso extraordinario federal ante la Corte provincial.
Pero la Corte rechazó el planteo por lo que Zuccardi fue en “queja” ente la Corte Nacional. Con este panorama, la Corte deberá decidir si acepta tratar el caso o bien lo rechaza y vuelven a Mendoza. Si lo acepta, deberá emitir un fallo, tras revisar todos los expedientes en los que se trató la demanda en Mendoza.
En cambio, si lo rechaza, la mujer está en condiciones de exigir en la Corte local la ejecución de la sentencia por los 25 millones de dólares.
Esto, en cuanto a una disputa familiar por la herencia que arrancó en 2014, disputa que no está cerrada juzgar por la denuncia penal que la ingeniera agrónoma presentó el 23 de diciembre pasado a través de Enoc Ortiz y Carlos Varela- en los últimos días en la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Pero el fallo y la denuncia no tienen relación, aunque de alguna manera los intereses son comunes.
La denuncia penal da sus primeros pasos
Por lo pronto, este expediente –el de una presunta estafa- está en manos de un fiscal subrogante que está tomando las primeras medidas solicitadas por los abogados, ya que se habilitó para que sea tratado en la feria judicial.
Esta denuncia no apunta sólo contra José Zuccardi sino también su hija, María Julia y contra Pedro Giovanello, quien se desempeña como apoderado de La Agrícola S. A., de Viña Santa Julia S. A. y es fiduciario del Fideicomiso “Familia Zuccardi”.
La presentación sostiene que José Zuccardi habría y estaría realizando en el presente “actos tendientes a insolventarse”, y estaría licuando su patrimonio, fraguándolo, escondiéndolo y disminuyéndolo “en conjunto con Giovanello y su hija”.
Los tres habrían transferido “112 marcas comerciales propias y de valores millonarios a una empresa que integran sólo sus hijos en el medio del proceso judicial y con posterioridad a la sentencia para burlar el derecho de cobrar de María Cristina Zuccardi”.
Haciendo mención a la demanda que la mujer ganó ante la Corte, sostiene que se habrían producido “movimientos sospechosos en la empresa La Agrícola, advirtiendo que “es necesario recordar que toda la demanda gira en relación a la empresa familiar La Agrícola, que es donde se produce la presunta violación de la vocación hereditaria”.
La Agrícola es la empresa que ha comercializado los vinos y productos más conocidos de la “Familia Zuccardi” con vastos premios y reconocimientos internacionales.
La denuncia sostiene que la presunta acción delictiva se habría realizado antes, durante y luego de sentencia civil de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza es del 5 de agosto del 2024 por la que condena exclusivamente a José Alberto y su patrimonio, compuesto entre otros precisamente por las marcas que se habrían transferido.
Y este presunto traspaso de acciones habría ido a Viña Santa Julia SA., propiedad exclusiva de sus tres hijos. “Para ser claros, una donación encubierta mediante una insolvencia defraudatoria, con una única perjudicada patrimonialmente; Cristina Zuccardi y en burla a las decisiones judiciales de la máxima instancia”.
La denuncia solicita “una medida cautelar y /o embargo sobre las 112 marcas transferidas ilegalmente por José Alberto Zuccardi a Viña Santa Julia, por lo que deberá anotarse esta medida y comunicarse con urgencia al INPI como a la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza a los fines de garantizar el cobro de los montos establecidos por la sentencia.
