La Suprema Corte provincial confirmó definitivamente que el Estado provincial debe indemnizar a los familiares de Paula Toledo (19), la chica sanrafaelina que fuera víctima de un abuso sexual que terminó su muerte en octubre de 2003.
El fallo firmado por los magistrados María Teresa Day, Pedro Llorente y Julio Gómez ratificó en todas sus partes la sentencia de la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Segunda circunscripción Judicial que ordenó una indemnización de $40 millones, rechazando el Recurso Extraordinario Provincial presentado por el Gobierno de Mendoza.
De esta forma, se deberán abonar $18.000.000 para la madre de la víctima, Antonia Nuri Ribota, en tanto que para Diego Dante Toledo, Julián Darío Toledo y William Roque Toledo, la suma asciende a $7.500.600 para cada uno de estos familiares.
El Estado llevó el caso al máximo tribunal provincial entendiendo que había una contradicción: un primer momento se señaló que no debía indemnizar los daños por la muerte de Paula -en tanto el Estado no fue quien torturó y mató la joven-, pero al momento de cuantificar, equipara la valoración, condenando al Estado a pagar una indemnización como si hubiese sido el autor directo del delito”. El argumento fue rechazado por la Corte.
Debe pagar por las deficiencias judiciales
La muerte de Paula, un caso que la Cámara de Apelaciones calificó como “tortura, abuso sexual y femicidio”, fue un verdadero escándalo judicial y no sólo por la demora en su resolución. Es que el crimen fue investigado de forma abiertamente negligente: no se recogieron pruebas fundamentales de la escena de crimen –la chica fue torturada con cigarrillos y no se resguardaron las colillas-, se desecharon muestras de semen y sangre y hasta se llegó a lavar el cuerpo de la joven antes de que se terminara la necropsia. Además, la ropa que tenía Paula cuando fue asesinada fue “donada” a una institución de beneficencia.
“Esta causa no tiene por objeto el resarcimiento por el daño ocasionado a la familia de Paula Toledo por la tortura, abuso sexual y femicidio de Paula; sino por las deficientes medidas tomadas por funcionarios del Poder Judicial a lo largo de la investigación penal”, sostuvieron en su momento los camaristas Darío Fernando Bermejo, Raúl Alejandro Bonino y Sebastián Ariel Marín, en marzo pasado.
“Para Nuri, el asesinato y violación de su hija, fue un hecho extremadamente doloroso. No solamente por lo esperable en una madre que pierde a su hija, a una edad temprana, sino por las vejaciones que la misma había sufrido y que debió escuchar una y otra vez en incontables ocasiones, reviviendo el sufrimiento de su hija en cada instancia judicial, en cada nota periodística”, sostuvieron los jueces.
Además, afirmaron que la mujer “sufrió amenazas escritas, y daño a sus mascotas como forma de coerción cuando vivía en el barrio donde sucedieron los hechos y posteriormente también, burlas, y daños que continúan actualmente, muchas veces haciendo alusión a la impunidad de los victimarios”.
El brutal crimen
El 30 de octubre de 2003 Paula Toledo terminó de hacer unas tareas que debía entregar al día siguiente en la Escuela Polivante de Arte, cuando alguien golpeó la puerta y la invitó a salir. La chica dejó la puerta entreabierta, en señal de que volvería rápidamente.
Al día siguiente su cuerpo apareció en una acequia de la calle Victorino de la Plaza, a 400 metros de avenida Balloffet, en el barrio El Sosneado. Estaba semidesnuda, boca abajo, rodeada de basura y bolsas de plástico. En un primer momento fue muy difícil identificarla.
Según la información policial, los jóvenes fueron vistos ingresando a una casa abandonada que se encontraba en Los Filtros y Jacarandá, donde los chicos del barrio se juntaban a tomar cerveza y, algunos, a fumar marihuana.
En ese lugar fue torturada, abusada sexualmente por varias personas y luego asesinada. Su cuerpo presentaba golpes en la cabeza, producidos por una botella de cerveza, y cortes en el rostro. También mostraba quemaduras. Se determinó que la muerte fue por asfixia.
Al día siguiente ya estaban apresados los sospechosos que habían sido vistos por algunos testigos: Víctor Echegaray (17), alias “El Poroto”; su hermano Alejandro (16), alias “Ñaca”; Andrés Maravilla (27), alias “Brusqui”; Iván Gauna (16), alias “Colita”; Cristian Torres, Jorge Sánchez y Marcos Graín (19), un chico con quien había comenzado a salir un mes y medio antes.
Después de las detenciones comenzó el oscuro entramado judicial. Luego un juez subrogante liberó a los imputados y, cuando el magistrado natural retomó el caso y volvió a pedir las detenciones, Graín –señalado como “un entregador”- se había fugado.
Tres juicios por un crimen aberrante
En mayo de 2006 se llevó adelante el primer juicio por “abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte” por el crimen de Paula Toledo. Se pudo comprobar que todos los imputados habían estado en la casa abandonada donde se ejecutó la violación masiva y el homicidio.
Los jueces se basaron en la pésima instrucción para absolver por el beneficio de la duda a los hermanos Echegaray, a Gauna y a Rodríguez. A Maravilla lo sobreseyeron de culpa y cargo.
El abogado querellante, Arturo Juri, apeló la sentencia y la Corte de Mendoza anuló el juicio y ordenó hacer uno nuevo.
Para entonces, Graín, quien se había escondido en Misiones, fue hallado y enviado a juicio. La Segunda Cámara del Crimen de San Rafael dictaminó que las pruebas en su contra no eran suficientes y quedó sobreseído. Hubo otra apelación y el fugitivo fue encarcelado a la espera del segundo juicio.
En agosto de 2011 -ocho años después del hecho- Graín fue juzgado. Dijo que en la noche del crimen él llegó con “Poli” pero después se fue y la dejó “con los chicos”.
El 1 de septiembre fue absuelto por los jueces Ariel Hernández, Rodolfo Luque e Isidro Peña por falta de pruebas. El fiscal Norberto Jamsech no había presentado acusación por considerar que no existían pruebas y el hermano de la víctima estuvo a punto de golpearlo.
Durante el debate estos jueces, por el principio del “non bis in idem” (no se puede juzgar a alguien dos veces por el mismo crimen), decidieron no volver a juzgar a los hermanos Echegaray y a Iván Gauna.
Finalmente, en febrero de 2021 Marcos Graín (36), con quien por 2003 la víctima tenía una relación informal, fue condenado a 11 años de prisión como partícipe necesario de un abuso sexual con acceso carnal, agravado por la comisión de dos o más personas. Para los jueces Néstor Murcia, Alejandro Celeste y Esteban Vázquez Soaje, el acusado facilitó y permitió que otros sujetos violaran a la chica, hecho que tuvo como consecuencia su muerte.
