La Cámara de Federal de Mendoza confirmó el procesamiento con prisión preventiva para el juez Walter Bento –sospechoso de comandar una asociación ilícita que habría recibido dinero a cambio de otorgar beneficios procesales- y comunicó la novedad al Consejo de la Magistratura que tiene bajo la lupa al magistrado mendocino.
“Se resolvió ordenar el procesamiento de Walter Ricardo Bento –respecto a los delitos de asociación ilícita (en calidad de Jefe Organizador), cohecho pasivo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, lavado de activos y enriquecimiento ilícito– y Marta Isabel Boiza -lavado de activos y enriquecimiento ilícito-”, sostiene la resolución dictada por los camaristas Alfredo Rafael Porras, Gustavo Castiñeira de Dios y Manuel Alberto Pizarro.
El martes pasado los representantes legales de Bento –Mariano Cuneo Libarona y Gustavo Gazali- presentaron un escrito desistiendo de apelar ante la Cámara Federal el procesamiento dictado por el juez federal Eduargo Puigdéngolas.
Pues bien, ahora los camaristas respondieron esta presentación confirmando el procesamiento y contestaron a “los improperios vertidos” por el juez con local con competencia electoral, “atendiendo a las inexactitudes, descalificaciones y agravios vertidos en el acto procesal mencionado”.
“No sólo por responder a imputaciones agraviantes, irreales e injustas para con el Tribunal, sino que nos acompaña un claro deber de honestidad intelectual, y que dado la repercusión que ha tenido esta causa hacia la sociedad, sea ella misma quien pueda valorar el acontecer de estas actuaciones”, le contestan los jueces.
Es que la negativa a presentar una apelación por parte de Bento se sustentó, según su opinión, en que la causa que investiga el juez Puigdéngolas y el fiscal Dante Vega es “falsa” y la Cámara Federal “no es ajena” ya que “convalidó sistemáticamente las irregularidades ocurridas en la causa, que confluyeron en el auto de procesamiento y prisión preventiva que ahora debería resolver imparcialmente”.
Frente a estos los camaristas contestaron no solo en relación a lo que consideran improperios sino que fundamentaron la razón por la cual rechazaron al menos 8 incidentes realizados por los defensores mientras la investigación iba avanzando.
“Deseamos precisar que no desconocemos el impacto que genera en la sociedad el hecho que de que un Magistrado de la Nación y una funcionaria judicial, a quienes el Estado les han confiado el trascendente cometido de administrar justicia y ser garantes de
la legalidad para la protección de los ciudadanos en general, se encuentren procesados por ilícitos penales”, dicen los camaristas.
