La Justicia Federal de Mendoza elevó a juicio la causa en la que se investiga el presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico por parte de la banda que lideraba Matías “Fido” Díaz (43), quien apareció en las crónicas policiales luego de que fuera imputado por el femicidio de Abigaíl Carniel (18) y que, luego, fuera condenado a 13 años de prisión por la tenencia de 472 kilos de marihuana.
Según la investigación, “Fido” y su pareja llegaron a comprar siete casas –una de ellas, de fin de semana, con pileta y ubicada en una zona exclusiva de El Challao- y seis autos –uno de alta gama- que tenían a nombre de familiares y “testaferros” que residen en Estados Unidos, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal.
En agosto de 2020 el Tribunal Federal 1 condenó al narco de Las Heras por los delitos de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y por “organizar y financiar actividades vinculadas al narcotráfico”.
Ese mismo fallo condenó a los restantes integrantes de la asociación delictiva: Gustavo “La Gata” Valle Vicedo (30) recibió una pena de 9 años de cárcel. En tanto que para la hermana de “Fido”, Fanny Mayra Díaz Verón (35), la pena fue 7 años de prisión y para Miguel Ángel Rodrigo Ibazeta Gonzaga (37) fueron 7 años de encierro. Los últimos tres están acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas”, ya que la droga fue encontrada en la casa de la mujer, cuando era habitada por Ibazeta.
Hoy el Juzgado Federal de Mendoza 3 elevó a juicio oral una causa en la que seis integrantes de la banda están acusados de lavar dinero proveniente del narcotráfico. El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Federal 2 de Mendoza, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz.
De acuerdo a la acusación, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2021, Díaz Verón y su mujer, Leila Carolina Ovando Cruz, compraron con dinero del negocio de la droga siete autos y cinco inmuebles que alquilaban, más un una despensa en el barrio Sargento Cabral, de Las Heras.
De esta forma, los encausados habrían logrado otorgar apariencia lícita a más de 300.000 pesos de origen delictivo. De acuerdo a lo explicado por el MPF, en algunas de estas operaciones pusieron como titulares registrales a Mirta Verón Muñoz, José y Jesús Ovando Cruz y Carla Tamara González Castro, personas de su círculo familiar o allegados de confianza.
La maniobra fue descubierta en una investigación policial iniciada en abril de 2020, luego de una serie de procedimientos realizados el 18 de marzo de ese año en los que se incautaron casi 485 kilos de marihuana, 200 gramos de cocaína y dos armas de fuego.
Días después se llevaron adelante otras medidas y el 11 de abril de ese mismo año se incautaron 10 kilos de marihuana, por los que fueron acusados Díaz Verón y Valle Vicedo junto con otros dos colaboradores.
Entonces la fiscalía orientó la investigación por blanqueo de capitales. Tras los secuestros de marihuana, se permitió identificar una diversidad de bienes en el patrimonio de “Fido” y su esposa, que generalmente hacían titularizar a nombre de familiares directos o personas allegadas los bienes ahora cuestionados.
A 13 meses de comenzada la investigación, se había determinado cómo y hacia dónde el grupo criminal consolidaba las ganancias provenientes del narcotráfico, con información de los legajos de los automotores, matrículas y escrituras públicas de los inmuebles y las comunicaciones entre las personas acusadas.
Alquilaban departamentos y tenían testaferros en EE.UU.
En mayo de 2021 se imputó a las seis personas por la puesta en circulación de dinero proveniente de un delito para adquirir cinco inmuebles, destacándose que uno era una casa de fin de semana con pileta ubicada en una cotizada zona de El Challao.
En otro de los terrenos construyeron un complejo de cinco departamentos mientras que en otro predio que fue adquirido con una construcción empezada fue terminada en septiembre de 2020 para asentar la residencia del núcleo familiar. Por otro lado, una casa adquirida fue la vivienda de la familia, a la que luego se mudó a vivir la madre del líder del grupo.
Tras investigar también la compra de seis autos se solicitó la detención del principal implicado y se llevaron adelante una serie de allanamientos en los domicilios donde residían. En uno de esos operativos se secuestraron 300 gramos de marihuana dentro de un inmueble, motivo por el que una mujer -no relacionada directamente con la operatoria de la banda- fue finalmente acusada por tenencia de estupefacientes.
En su requerimiento, el MPF detalló que en octubre de 2021 se le encontró a Díaz Verón un teléfono celular que utilizaba desde su lugar de detención. Tras un análisis pericial, se descubrió que en el dispositivo se encontraban conversaciones de mensajería instantánea que daban cuenta que, aún detenido, el líder de esta organización seguía vinculado con el comercio de clorhidrato de cocaína.
Por ello, la fiscalía solicitó la ampliación de indagatoria contra el líder y su pareja por la puesta en circulación de dinero proveniente de la venta de droga para adquirir en diciembre de 2021 una camioneta y por haber adquirido, con fondos del mismo origen, un fondo de comercio que instaló en una despensa en una vivienda del barrio Sargento Cabral, de donde se obtuvo el secuestro de dos heladeras exhibidoras que, se acreditó, había intercambiado como forma de pago por la entrega de cocaína.
De acuerdo con lo explicado por la fiscalía, la estrategia investigativa a lo largo de tres años y medio se orientó hacia la recolección de evidencia suficiente para acreditar que el dinero que demandó la compra de cada bien estaba lejos de poder ser justificado por las personas acusadas, quienes carecían de ingresos económicos registrados. Tampoco se conoció el desarrollo de actividades lícitas informales.
Asimismo, se determinó que el grupo criminal había elegido especialmente a dos personas que residían y trabajaban en Estados Unidos para titularizar el inmueble donde vivía el líder y su familia y para titular algunos automotores, “conscientes de la orfandad de ingresos propios y de la actividad delictiva que desarrollaban”. Por ello, se ordenó también la inhibición general de bienes de todos los imputados e imputadas y embargos preventivos que van desde 25 hasta 50 millones de pesos.
