Un agente del Servicio Penitenciario Federal es juzgado, acusado de haber abusado sexualmente de una mujer que estuvo detenida temporalmente en la Unidad 32, ubicada en los Tribunales Federales de Mendoza.
El uniformado es Saúl Gonzalo Beterette Barrios (39), quien podría recibir una pena de prisión efectiva de hasta 20 años ya que está imputado por el delito de “abuso sexual agravado por acceso carnal y por ser personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones”.
El juicio ya está en fase de definiciones ya que la semana próxima el Tribunal Oral Federal 2 escuchará el comienzo de los alegatos que ofrecerá, en primer lugar, la fiscal de Cámara María Gloria André.
Durante el debate han declarado algunos penitenciarios que conocieron el caso y que incluso consultaron a Beterette ni bien conocieron la noticia. Además, una prueba complica la situación del penitenciario: rastros de ADN, extraídos de la almohada de la presunta víctima, dieron positivo cuando se compararon con muestras obtenidas del acusado.
Amenazas y abuso
El 22 de diciembre de 2020 se había revocado la prisión domiciliaria que tenía la denunciante –una mujer joven que tiene dos hijos- por lo que quedó preventivamente en la U-32.
El 25 de diciembre de 2020 una mujer llamó al 911 para denunciar que su hermana se encontraba detenida en la U-32 del Servicio Penitenciario Federal, a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, y que había sido abusada por un agente penitenciario.
La denuncia fue girada a Mariela Andía, responsable de la Secretaría Penal “C” del Juzgado Federal 1. Ese mismo día una funcionaria del Servicio Penitenciario Federal se comunicó con Andía para informar que una interna había denunciado que había sido abusada en una celda de la unidad carcelaria. Ante las dos denuncias, se recibió en audiencia a la presunta víctima, que decidió denunciar los hechos.
La detenida contó que ese día, después del almuerzo, cuando los guardias duermen una siesta, un hombre comenzó a caminar por los pasillos, pasando varias veces frente a la celda de la mujer. Ella pudo ver que se había sacado la identificación que llevan colgada en el uniforme, por lo que no pudo identificarlo por el nombre.
La reclusa le pidió un cigarrillo y el hombre le preguntó qué le podía dar a cambio. Luego el uniformado se habría acercado a la puerta y le habría dicho que le practicara sexo oral, amenazándola: si no obedecía, algo le iba a pasar a sus hijos, su familia no iba a hacerle un depósito y la iban a dejar detenida.
El abuso se habría repetido unas cinco veces ya que el uniformado iba y volvía, vigilando la puerta de ingreso a los calabozos para no ser descubierto. Además de sexo oral, el hombre le habría realizado distintos tocamientos a la reclusa.
Cerca de las 17, llegó al lugar una agente penitenciaria y la denunciante le pidió que la llevara al baño y le contó lo sucedido, por lo que la guardiacárcel la llevó ante su jefe.
La mujer volvió a repetir la historia e hizo una descripción del sujeto: “Este hombre es morocho, alto, andaba rengueando porque no sé qué tenía en la pierna. Tiene aproximadamente 30 años, ojos arqueados color negro, de contextura normal... Pelo corto y negro”, describió.
“Todo esto que relaté fue con la reja de por medio. La persona esta nunca ingresó a la celda, si yo no grité en el momento fue por mis hijos”, denunció la detenida.
Las pericias lo complican
Tras la denuncia se ordenó comenzar con la investigación, secuestrando prendas de la interna y de los libros de guardia. Después, efectuada la inspección ocular en la celda, se procedió a secuestrar los tachos de basura, una almohada, sábanas y una manta de polar, para el posterior examen de Policía Científica.
Además, la joven fue examinada por el Cuerpo Médico Forense y el hospital Lagomaggiore activó el protocolo aplicable en casos de abuso sexual. Se encontraron restos de esperma en la almohada, en la sábana ajustable y en un fragmento de tela probablemente perteneciente a una sábana superior, oportunamente secuestradas.
Tanto la hermana de la denunciante como la penitenciaria que la asistió, declararon en sede judicial, repitiendo las versiones iniciales ofrecidas. Como consecuencia de los testimonios prestados y las pruebas incorporadas, se pudo individualizar al agresor como Saúl Beterette, agente del Servicio Penitenciario Federal, de guardia el 25 de diciembre de 2020, quien padece una renguera.
Beterette fue imputado y luego procesado por los delitos antes detallados, que tienen penas que van de los ocho a los 20 años de cárcel.
