Después de un moroso proceso, la justicia mendocina comenzó a juzgar a un ingeniero de YPF de 50 años acusado de abusar de su hija que hoy tiene 14 años pero que tenía sólo 5 cuando se hizo la denuncia.
Desde 2012, el hombre está acusado del delito de corrupción de menores agravada por el vínculo y, de ser declarado culpable, podría recibir una pena que va de 10 a los 15 años de prisión.
La acusación sostiene que el profesional habría filmado y fotografiado a la víctima -en presencia de otros adultos y menores- mientras los mayores los desnudaban y los sometían a distintos tocamientos.
El debate, presidido por el juez Eduardo Martearena, junto a Horacio Cadile y Jorge Del Popolo y con el fiscal Darío Tagua, jefe de la fiscalía de Tránsito, comenzó a fines de octubre y el viernes pasado se realizó la tercera audiencia, en la que declararon algunos testigos, entre ellos un perito de parte que se refirió a la pericia psiquiátrica del imputado. Ese estudio establece que el sospechoso podría tener conductas sexuales desajustadas. También declaró un psiquiatra de Cuerpo Médico Forense.
Por otra parte, el tribunal decidió que la madre y dos tías de la menor vuelvan a declarar ya que cuando lo hicieron el audio no fue grabado. La denunciante está representada por la querellante oficial Claudia Vélez.
Hoy, mañana y el jueves seguirán declarando los testigos en el juicio que se realiza de forma presencial.
Fotos en barrios privados del Gran Mendoza
Los hechos fueron denunciados en 2012 por la madre de la víctima y se habrían registrado en una casa de un barrio privado de Guaymallén, donde la pequeña vivía con sus padres, hoy separados.
En ausencia de la progenitora, el ingeniero le habría realizado algunos tocamientos a la nena, mientras le mostraba películas pornográficas. Situaciones similares se habrían registrado en otro barrio privado de Luján de Cuyo y con otros protagonistas no identificados.
Según los psicólogos que la trataron, estas situaciones determinaron que la niña comenzara a tener comportamientos no habituales para su edad, lo que alertó a su mamá de que algo extraño estaba pasando, por lo que decidió consultar con especialistas y luego denunciar al marido.
La menor habría explicado en cámara Gesell haber sido inducida a practicar “juegos” de tipo sexual y también sostuvo la habría llevado a “un doctor” que le sacó fotografías. El relato para los psicólogos del CAI resulta creíble, ya que pudo diferenciar claramente contenidos pornográficos de otros.
Pero increíblemente la grabación del registro de la cámara Gesell presentó fallas técnicas insalvables. Frente al problema, se ordenó que ese registro se reparara casi totalmente y ahora fue utilizado en el juicio.
Un largo camino judicial
El caso del ingeniero de YPF ha tenido un extenso periplo, con algunas demoras importantes. En 2015 Patricia Alonso, en ese momento jueza del Cuarto Juzgado de Garantías, dictó el sobreseimiento del imputado, aduciendo que, si bien existían pruebas para hablar de un abuso, dudaba de que el autor del presunto delito fuera el progenitor.
El hombre, tras ser denunciado, estuvo algunos días detenido, pero luego la justicia le dio la libertad argumentando que no se iba a escapar porque tenía 11 años de antigüedad en “una empresa que hoy tiene participación mayoritaria del Estado”.
Al año siguiente, la Cámara de Apelaciones conformada por los jueces Luis Correa Llano y Alejandro Miguel determinó que las deficiencias técnicas “no restan credibilidad a los demás elementos probatorios” que sostienen la acusación fiscal.
Para estos magistrados las pruebas obtenidas durante la investigación son suficientes para realizar un debate, sobre todo “por tratarse de una víctima menor de edad, vulnerada en su integridad sexual por su padre; el interés superior del niño debe ser el principio rector”.
Ese fallo estableció que “la autoría del procesado parece presumible” ya que no hay elementos que indiquen que la nena se relacionara con otros hombres ajenos a su familia y quien cuidaba a la pequeña era su propia madre.
Algunos psicólogos que participaron de las pericias habrían señalado al sospechoso como el autor o a alguien muy cercano a ella que la sedujo.
Otra de los elementos valorados por los jueces son el material que se encontraba en la computadora del sindicado, en la que se pueden ver imágenes pornográficas de menores.
En 2017, se realizó otro juicio contra el acusado, pero debió suspenderse porque el juez que lo presidía se enfermó. Luego se sorteó a los actuales magistrados, pero la pandemia de coronavirus retrasó los cronogramas.
