La Justicia Federal condenó a nueve de los 10 acusados de tentativa de contrabando de cigarrillos cometido en noviembre de 2013 y febrero del año siguiente por un valor superior a los 7 millones de pesos.
Después de una veintena de audiencias, este debate que no tenía detenidos, se fue demorando en el tiempo. Comenzó el año pasado pero su continuidad se vio interrumpida por la cuarentena dispuesta hace más de seis meses y ayer, tras una deliberación secreta que se extendió por más de cinco horas, el Tribunal dio a conocer el fallo por el cual fueron condenados Gonzalo Ramírez, a la pena de 5 años y 6 meses de prisión, mientras que para Juan Iñiguez y Roberto Flores, a 5 años de cárcel.
También fueron condenados a 4 años prisión y 6 meses Rubén Riveros; mientras que Sergio Riquelme recibió una condena de 4 años.
A todos ellos se le sumó la pérdida de las concesiones, regímenes especiales, privilegios y prerrogativas y la inhabilitación especial de 2 años para el ejercicio del comercio. Además se mantuvo la prohibición de salir del país
Mientras que la condena para Marcelo Escudero fue de 2 años y 3 meses; para Rosa Fernández, Carlos Ávila y Leandro Aballay, la pena impuesta fue de 2 años, todos con el beneficio de la condicional, pero además deberán cumplir con distintas normas de conducta.
En otro apartado el Tribunal absolvió a Jorge Alberto Vargas por falta de acusación fiscal respecto del hecho por el que fue acusado.
Finalmente, los jueces ordenaron imponer a los condenados las costas del juicio y el pago de la tasa de Justicia, que asciende a la suma de 1.500 pesos.
Contrabando millonario
En noviembre de 2013, personal de Narcocriminalidad tomó conocimiento de que Juan Carlos Iñiguez (62), un maestro mayor de obras con domicilio en Las Heras, estaba acopiando sustancias estupefacientes para ser enviadas a Chile. Para concretar el “negocio” se puso en contacto con un tal “Tito”, que resultó ser Roberto Flores (66), quien se desempeñaba como despachante de aduana, al igual que Gonzalo Ramirez (47), personajes fundamentales para coronar con éxito la operación ya que serían los encargados de liberar el paso de los camiones con paquetes de cigarrillos ocultos sin que fueran revisados en el puesto de Aduana ubicado sobre la ruta internacional, a la altura de Uspallata, y así llegar a Chile.
El primer hecho descubierto ocurrió la madrugada del 28 de noviembre de 2013, cuando entre cientos de bolsas de azúcar de un camión de la empresa TT, conducido por Carlos Avila, se ocultaban 257.000 paquetes de cigarrillos de las marcas Fox, Rodeo y Blue Point, con un valor de casi 3 millones de pesos.
Otro caso ocurrió sólo dos meses después, con intervención de los mismos protagonistas principales, pero utilizando otro camión (de la empresa Adelen), otro chofer (Leandro Daniel Aballay) y el cambio de marca de cigarrillos. En este caso fueron 460 cajas que contenían cada una 50 cartones de 10 paquetes de 20 cigarrillos Belmont, con un valor de casi 3.500.000 pesos. Pero además, este procedimiento permitió detener a Jorge Alberto Vargas, dueño de un galpón ubicado sobre el Acceso Este en Rodeo del Medio, donde se secuestraron 125 cartones con 40 paquetes de 20 cigarrillos cada uno, con un valor superior al 1,1 millones de pesos.
La instrucción desarrollada por el fiscal Fernando Alcaraz, en más de 50 fojas, hace referencia a otras personas involucradas en la tentativa de contrabando, previsto y penado en el artículo 874 de la Ley 22.415 (Código Aduanero). Son Rubén Héctor Riveros (60), dueño de la mercadería secuestrada; Rosa Fernández (chilena de 56 años), como nexo entre el vendedor argentino y el comprador chileno, identificado como Sergio Omar Riquelme (42); y el chofer Marcelo Flavio Escudero, de 43 años.
El argumento
Según la investigación las dos operaciones tenían un patrón común. Se trataba de pagar a un chofer para que permitiera que a la carga original se le agregaran cajas con cigarrillos sin declarar. Y si bien los valores de la “coima” no están especificados, se hablaba de unos 60.000 pesos para cada uno de los participantes, incluyendo a los agentes aduaneros involucrados.
Con este argumento el Tribunal Oral conformado por María Paula Marisi, Walter Piña y Alberto Carelli, después de escuchar los argumentos acusatorios de la fiscal federal María Gloria André y los alegatos de las defensas, dio a conocer el fallo, cuyos fundamentos se conocerán dentro de los próximos 5 días hábiles.
