Desde que arrancó la investigación contra el juez federal Walter Bento –como presunto líder de una organización dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios procesales-, el 15 de marzo de 2021, la gran incógnita ha sido si el magistrado llegaba a juicio siendo titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza o bien si el Consejo de la Magistratura lo suspendía o le quitaba los fueros antes.
El asunto no es menor: no es lo mismo juzgar a un vecino cualquiera de Mendoza que a una persona que tiene el status de ser juez federal, no solo por la imagen que mostraría hacia fuera, sino también hacia las partes que participarán del debate.
Lo cierto es que, hoy por hoy, la Justicia Federal de Mendoza parece haber picado en punta: hoy el Tribunal Oral Federal N°2, conformado por los jueces Pablo Salinas, por Héctor Cortés y Daniel Doffo informaron que el 22 de febrero del 2023 se abre la etapa de audiencias preliminares donde las partes deberán ofrecer las pruebas que luego se evaluarán en el debate.
Si todo avanza con normalidad, fuentes judiciales sostienen que el juicio contra el magistrado podría comenzar en marzo de 2023 y terminar –con viento a favor- en setiembre u octubre del mismo año, estimativamente.
Aun así podrían para algunos todavía están abierta la posibilidad de que los jueces sean recusados, en tanto que otros sostienen que la etapa de recusaciones ya se ha cerrado.
Con este panorama y a las puertas de las habituales vacaciones de enero que suelen tomar todo “el arco político”, resulta más que poco probable que el lento Consejo de la Magistratura tome alguna tipo de medida contra el magistrado en los primeros meses de año que viene.
La última información sobre el asunto la dio El legislador del Pro Pablo Tonelli, quien al cierre de su mandato como consejero de la Comisión de Acusación firmó un dictamen solicitando la suspensión de Bento y la apertura de un procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Por lo tanto, será la nueva composición de la comisión de Acusación quienes deberán decidir qué camino tomar.
La causa contra Bento tiene a 29 personas imputadas, entre funcionarios, abogados, policías y familiares del magistrado federal: su esposa Marta Boiza y dos de sus hijos, Luciano y Nahuel Bento.
Al juez se lo acusa de haber participado en 15 casos de cohecho y en 10 hechos de incumplimiento de los deberes, aunque también se encuentra con procesamiento firme por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, prevaricato y falsificación ideológica.
