La investigación federal que tiene como centro al juez Walter Bento como presunto jefe de una organización dedicada a recibir coimas a cambio de beneficios para imputados sigue avanzando y no sólo en relación al funcionamiento de la banda y sus participantes, sino también a las importantes sumas de dinero que se movieron.
Esta semana se dictaminó la inhibición de los bienes del magistrado y su familia, que incluyen nueve propiedades y cuatro autos de alta gama. La medida también alcanzó a sus inversiones: unos 10 millones de pesos invertidos en fideicomisos inmobiliarios y 154.000 dólares que tienen ahorrados.
La medida es porque Bento no sólo está imputado por 10 hechos de cohecho pasivo, sino también por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su esposa, Marta Isabel Boiza, también está imputada por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Pero el capital de los Bento podría ser mucho mayor a lo que en primera instancia los sospechosos muestran en sus declaraciones de bienes. La investigación está encaminada a ver si el juez tiene un departamento en Miami y alguna otra inversión en Estados Unidos y a “chequear” si existen inconsistencias contables en los fideicomisos inmobiliarios que podrían ser superiores a los declarados.
¿Departamento en Miami e inversiones en el exterior?
Una de las cuestiones que llevó a los investigadores -Dante Vega, titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mendoza, el fiscal general Mario Villar y la fiscal federal Laura Roteta, titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)- a sospechar de Bento y su mujer, en relación a movimientos de dinero, fueron los “numerosos viajes, preponderantemente a Miami y Nevada, de entre cinco y siete días de duración, por lo que se descartaría que los mismos sean con fines de esparcimiento, lo que podría reforzar la configuración de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos”.
Entre 2017 y 2021, el magistrado salió 20 veces del país, pasando 264 días en el exterior, preferentemente en Miami. Durante el mismo periodo, su mujer viajó 23 veces, cumpliendo una estadía de 276 días fuera del territorio argentino.
En esos años, Bento viajó 13 veces a Estados Unidos (ocho a Miami, dos a Orlando y tres a Nevada), además de tres veces a Chile, una a Dubái, una a Lima, a Atenas (Grecia) y otra a Barcelona. En cambio, su mujer viajó 19 veces a los Estados Unidos (14 a Miami, dos veces a Orlando y tres a Nevada), además de dos a Chile, una a Dubái y otra a Atenas.
Dos hechos resultan llamativos: la mayoría de los viajes tienen como destino Miami y las tarjeras de crédito no muestran movimientos de dinero importantes destinados a pasajes ni a estadías en hoteles.
Es por ello que se quiere saber si un “apartamento” –con vista al mar, piscina, gimnasio y canchas de tenis- donde se hospedarían los Bento en sus repetidos viajes, ubicado en las torres “Oceanía” de Collins Avenue, Florida, es de ellos o bien lo alquilaban. Y, en todo caso, quieren saber quién es el propietario.
El punto de partida es el domicilio declarado por el matrimonio cuando ingresaba a Estados Unidos, tal como lo deben hacer todos los extranjeros.
Por otra parte, existen en el expediente dos testigos relevantes. Uno declaró que, estando de vacaciones en Aruba (isla del mar Caribe), se cruzó con el juez y se enteró de que habría contratado un vuelo chárter hacia Miami con el fin de hacer algunas inversiones allí.
Otro testigo, un empresario local con intereses en Estados Unidos, declaró que Bento había visitado una consultora de inversiones en Miami para realizar negocios y controlar algunas inversiones previas.
¿Inconsistencias en fideicomisos millonarios?
Por otra parte, y en relación a las inversiones locales de la familia del magistrado federal, el fiscal Dante Vega tiene ya en su poder información que permitiría establecer que las inversiones inmobiliarias que el clan Bento ha declarado podrían ser sustancialmente inferiores a las que realmente han hecho.
Los Bento han declarado ante la AFIP-DGI unos 10 millones en fideicomisos inmobiliarios. Pero tras analizarse las cuentas de los fideicomisos, se habría determinado que las facturaciones que se le han hecho a la familia imputada podrían ser mucho mayores.
