En el contexto de las denuncias realizadas por el Ministerio de Capital Humano contra funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, la Justicia ordenó a la Policía Federal ejecutar 33 allanamientos en distintas cooperativas que recibieron fondos millonarios durante la gestión de Victoria Tolosa Paz.
Estos fondos estaban destinados a la confección de guardapolvos que nunca se entregaron. Los operativos, coordinados por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, a cargo de Carlos Rívolo, fueron encomendados a la División Lavado de Activos y se llevaron a cabo en varias provincias.
La investigación, impulsada por el ministerio liderado por Sandra Pettovello, analiza la transferencia de fondos públicos por un valor de 5 mil millones de pesos desde el extinto Ministerio de Desarrollo de la Nación hacia diversas organizaciones sociales. Estos fondos tenían el propósito de confeccionar 1 millón y medio de guardapolvos.
Durante los allanamientos, la Policía Federal incautó un gran volumen de documentación que quedó a disposición del juez Julián Ercolini. Las actuaciones judiciales investigan presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios, señalando a la gestión de Tolosa Paz.
Los investigadores descubrieron que la mayoría de las cooperativas beneficiadas carecían de capacidad operativa, recursos humanos, logística y espacio adecuado para la fabricación de los guardapolvos. Además, en varios casos no se realizó la compra de materia prima para la confección de la indumentaria escolar.
Con la evidencia obtenida, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, bajo la dirección de Ercolini, ordenó los allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Misiones y Entre Ríos. Todos los elementos incautados quedaron bajo custodia de la Justicia.
La causa se deriva de una de las 14 denuncias presentadas por el gobierno de Javier Milei en Comodoro Py, que involucran delitos como administración fraudulenta y malversación de caudales públicos. Se estima que el perjuicio al Estado ascendería a 17.000 millones de pesos, y cada denuncia involucra a diversos funcionarios del extinto Ministerio de Desarrollo Social.
Según la denuncia penal, solo se entregaron 750 mil de los 1,3 millones de guardapolvos acordados, quedando 600.000 sin entregar, lo que representa un desembolso pendiente de 1.100 millones de pesos.
Victoria Tolosa Paz, actualmente diputada de Unión por la Patria, se defendió de las acusaciones, argumentando que en su gestión no se adquirieron guardapolvos, sino que se desarrollaron políticas públicas para apoyar a cooperativas y trabajadores informales. Según Tolosa Paz, los guardapolvos fueron distribuidos en gobiernos provinciales y municipales, y cualquier excedente estaría almacenado en depósitos del extinto Ministerio, esperando ser repartido por el actual gobierno.
