En una complicada situación están un ingeniero y su esposa, acusados de haber estafado a 22 personas en la venta de departamentos en Godoy Cruz y Guaymallén. Los sospechosos iban a ser imputados pero este paso se postergó por unos días, mientras las víctimas reclaman y advierten que perdieron alrededor de 100.000 dólares cada uno.
Los profesionales que se encuentran envueltos en esta causa son el ingeniero Gabriel Lezama y su pareja Alicia Raso. Ambos son investigados por la fiscalía de Delitos Económicos y las causas, ante la acumulación de denuncias, se las distribuyen entre los fiscales Susana Muscianisi y Hernán Ríos.
En los últimos días del 2020 se les iba a notificar la imputación en su contra, sin embargo, por un error en la citación a sede judicial el trámite no se concretó. Este punto clave de los expedientes se realizará en febrero, o podría adelantarse si logran hacerlo en enero durante la feria judicial. Lo concreto es que a este matrimonio le adjudicarán el delito desbaratamiento de derechos acordados, contemplado en el inciso 11 del artículo 173 del Código Penal. Se trata de una variante de las estafas, con penas de 1 mes a 6 años que les permite mantener la libertad.
El conflicto con los damnificados comenzó por dos emprendimientos inmobiliarios que ya llevan varios años de iniciados. Se trata de la construcción de dos edificios y la venta de los departamentos; uno de los proyectos está ubicado en Beltrán y Maipú de Godoy Cruz, y el otro en Bandera de los Andes y Pellegrini de Guaymallén.
Los interesados y los compradores fueron apareciendo ante la posibilidad de adquirir en estos sectores, además de ir abonando los pagos correspondientes que se habían pautado. El problema se suscitó cuando se cumplieron los plazos de entrega de los inmuebles y los responsables comenzaron con las evasivas, según las denuncias realizadas.
Lezama y Raso manifestaron que había retrasos en las construcciones pero, por ejemplo, una de las víctimas detalló que le prometieron su departamento en diciembre del 2019 y todavía no tiene novedades. Hay otros que ya llevan más de dos años de espera y sin respuestas.
Los pagos se hicieron en dólares y los damnificados han entregado, en promedio, 100.000 cada uno en moneda estadounidense.
Más complicada se tornó la situación de los acusados, cuando surgió el dato de que Lezama tomó una hipoteca por una deuda y puso de garantía los departamentos vendidos. De esta manera, su acreedor podría ejecutar sobre las propiedades de las víctimas.
“Surge que la conducta atribuible a Lezama y Raso es la de tornar litigioso el derecho sobre el bien inmueble adquirido” por uno de los estafados, detalla uno de los expedientes.
De esta manera se encausa la investigación penal con las futuras acusaciones -instancia en la que podrán declarar los sospechosos-, y en paralelo se vendrán los reclamos civiles.
