La Justicia Federal acaba de abrir el juego de una causa que, hasta ahora, permanecía en secreto, en la que se investigarían “coimas y asociación ilícita” y que tendría como principal sospechoso al juez federal mendocino Walter Bento, junto con un abogado local.
De hecho, esta mañana se le notificó al juez Bento la imputación como jefe de una asociación ilícita y también se imputó al abogado Luciano Ortego. Además, se sumaron imputaciones a María Isabel Boiza (esposa de Bento) y a los abogados Martín Ríos y Matías Aramayo. La imputación para Bento es por seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Como parte de la causa, el fiscal federal Dante Vega ha ordenado allanamientos masivos en casas y estudios de todos los implicados. Estas medidas se están ejecutando desde hoy temprano. En principio, habría algunos implicados en condición de aprehendidos.
Se trata de una causa que despierta gran interés, incluso en el ámbito político, teniendo en cuenta que es un año de elecciones y que Bento es el juez electoral de Mendoza.
Esta mañana, la Policía Federal allanó el estudio de Ortego en el barrio Bombal de Ciudad y también la casa de sus padres, en Chacras de Coria, Luján, en busca de documentación sobre el caso y de dinero en efectivo, ya que -según trascendió- se estarían manejando cifras millonarias.
Todo comenzó en marzo de 2020, cuando se detuvo al “narcofinancista” Walter Bardinella Donoso (40), un hombre que permanecía prófugo y era buscado por participar en el transporte de 400 kilos de marihuana. Al analizar su celular, se descubrió que Bardinella se comunicaba con el empresario Diego Aliaga (51), quien a su vez le decía que contactos en la Justicia Federal le podían otorgar la prisión domiciliaria a cambio de dinero.
Luego, en septiembre de 2020, explotó el “caso Aliaga”: este hombre, -un habitué de los cafés cercanos a Tribunales- terminó secuestrado, asesinado y enterrado en un campo inculto de Lavalle. Su socio, Diego Barrera (50), fue detenido junto a su mujer y sus hijastros. Barrera, expresó que tal vez Aliaga estaba desaparecido porque estaba en un “negocio turbio”: tenía contactos en los Tribunales Federales que le permitían conseguir beneficios a cambio de importantes sumas de dólares.
Incluso, Barrera habría dicho que Aliaga y un abogado –sería Luciano Ortego- se contactaban con los abogados de los detenidos y les ofrecían estas ventajosas condiciones. Y si el defensor del detenido se negaba a participar del “negocio”, hablaban directamente con el implicado y lo instaban a abandonar a su defensor a cambio de que ellos mismos lo representaran.
Por estos dichos, el fiscal Vega hizo declarar a Barrera durante tres horas.
Todo este asunto llegó a oídos del juez Bento y se filtró a la prensa. Fue en ese momento que Bento contrató a Mariano Cúneo Libarona, quien intentó cuatro veces, durante los primeros meses de este año, hacerse con el expediente que investiga Vega y que tramita el juez de San Rafael Eduardo Puigdéndolas. En cuatro ocasiones se “rebotó” el pedido de este abogado, afirmando que Bento no estaba nombrado en la causa y muchos menos imputado. Pero ahora, el juez sí fue imputado.
