A casi dos años de la muerte de una beba en San Rafael, el caso se profundiza y hoy imputarán a tres médicos por su aparente responsabilidad.
Jennifer Fernández tenía apenas 14 meses en mayo de 2019. A mediados de ese mes, exactamente el día 14, junto a sus padres la pequeña comenzó una odisea por distintos centros asistenciales -incluso por el hospital Schestakow, el principal efector del Sur provincial- por un cuadro de vómitos, diarrea y fiebre.
Su familia, oriunda de Bolivia, trabaja en hornos de ladrillo y vive en el distrito de Cañada Seca. Al primer lugar al que acudieron fue al centro de salud de Salto de las Rosas, cercano a su domicilio. Allí la niña fue atendida, le colocaron una inyección y la derivaron al Schestakow.
En esta segunda instancia la recibió el pediatra Martín Leroy -uno de los acusados-, quien ordenó realizarle análisis de sangre y de orina.
Este último estudio podía demorar varias horas, por lo que le pidieron a la familia volver a su casa y regresar con la muestra al otro día, a pesar de que hay una distancia importante entre su hogar y el hospital.
Efectivamente, el examen trajo complicaciones y la orina obtenida no pudo ser analizada, aunque intervino otra pediatra -María Estefanía Puri- y le dijo a la madre de la menor que los chequeos de sangre habían salido bien y que podían irse tranquilos. La progenitora insistió porque su hija seguía con el mismo cuadro y la fiebre no bajaba, ante lo cual le dieron una inyección y le pusieron paños de agua fría. La doctora, que será imputada en la causa, les aseguró que no era necesaria una internación.
Ya en la jornada del 16 de mayo Jennifer no mejoraba y empezó a convulsionar. Esta vez sus padres se dirigieron al centro de salud de Atuel Norte, donde se encontraron con el médico Alejandro Pérez Teobaldi, quien les dijo que no podía atender a la criatura porque no tenían turno. La familia reclamó pero el profesional reiteró su negativa, a pesar de que otra mujer ofreció ceder su lugar para que asistieran a la beba.
Finalmente, se fueron al hospital Schestakow con la nena ya desvanecida y, tras algunos minutos en la guardia, les informaron que había fallecido.
A partir de ahí comenzó la investigación penal con pedidos de informes que llegaron al Cuerpo Médico Forense de Mendoza, cuyos peritos precisaron que con un correcto diagnóstico y una adecuada atención la niña podría haber tenido más posibilidades de vida. Infirieron como causa de muerte una meningitis virósica.
Las imputaciones
Los dos pediatras del Schestakow serán acusados por homicidio culposo (con uno a 5 años de pena) por no ordenar oportunamente realizar una radiografía de tórax y por no internar a la víctima, mientras que al doctor de Atuel Norte le endilgarán incumplimiento de los deberes de funcionario público (ya que ese día sólo trabajó media hora cuando su jornada era de cuatro horas) en concurso real con abandono de persona (2 a 8 años de prisión). El fiscal Javier Giaroli investiga el caso.
Además del expediente central, la fiscalía sacó compulsa por presuntas irregularidades y encubrimientos en los sumarios internos de los nosocomios involucrados, como así también pidió la intervención del Inadi porque los padres de la criatura habrían sido discriminados en el hospital por ser bolivianos.
