Un nuevo y escalofriante episodio de abusos sexuales envuelve a Mendoza, tras la detención de un “chacal” en Godoy Cruz, que fue denunciado por abusar y maltratar a cinco hermanitos a quienes había adoptado porque su mamá no los podía criar. Se trata de un ex trabajador estatal que cuidaba a chicos desamparados en casas cuna. La denuncia fue radicada en 2019, pero fue detenido recién el pasado viernes.
Los abusos fueron cometidos durante más de 10 años, entre 1993 y 2003. Durante todo ese periodo, las víctimas, que en aquel entonces eran menores de edad, fueron abusados de manera reiterada por el hombre a cargo de su crianza, de acuerdo a la investigación en su contra.
A todos ellos los abusó con acceso carnal, además los maltrató física y psicológicamente mediante humillaciones y actos de retorcida perversidad, que exceden la imaginación de cualquier ser humano. De acuerdo a lo que cree tener acreditada la defensa de las víctimas, la esposa del acusado era cómplice de los abusos.
Del relato de las víctimas se pudo establecer que todo comenzó en 1993, cuando el hombre se desempeñaba como empleado estatal en Colonia 20 de Junio, una casa cuna de Godoy Cruz. Él y su esposa, quienes entonces ya tenían una hija biológica, quedaron a cargo de los cinco chicos por resolución de la ex Dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia (Dinaadyf).
La pareja se llevó a los cinco hermanitos -dos varones y tres nenas- a vivir con ellos a su departamento, ubicado en el barrio Covimet, de Godoy Cruz, mediante el Programa de Familia Cuidadora al que habían calificado, según las autoridades de ese momento. Pero, lejos de brindarles una vida digna, como se había comprometido, el hombre les hizo vivir un infierno que se extendió a más de una década, hasta que pudieron separarse de él.
Aberraciones, denuncia y arresto
Tras varios años de angustioso silencio y una lucha interna personal, finalmente las víctimas se animaron a contar lo sucedido y el 11 de octubre de 2019 realizaron la denuncia.
Los cinco hermanos tenían entre uno y 8 años cuando fueron adoptados por la pareja. La más grande de los cinco, actualmente tiene 36, mientras que la más chica tiene 29. Todos ellos vieron destruida su infancia luego de que el hombre que había sido designado para cuidarlos y protegerlos, la disolviera a través de reiterados abusos sexuales, que ejercía sobre los menores y que obligaba a que ellos mismos los practicaran entre sí, en desalmado acto de incesto.
Los ataques se sostuvieron en el tiempo que compartieron techo con el victimario. Algunos de ellos se liberaron antes por ser designados a otra familia cuidadora, mientras que otros al cumplir la mayoría de edad pudieron marcharse.
A partir de allí se dio inicio a la investigación, que quedó a cargo del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Gustavo Stroppiana. Sin embargo, para que la denuncia se hiciera efectiva, las víctimas debieron esperar dos años y medio debido a que la causa quedó frenada, primero por la pandemia y luego porque la fiscalía perdió el expediente, que finalmente pudo recuperar.
El acusado fue detenido recién el pasado viernes por la mañana en su vivienda y, tras quedar alojado en la comisaría Séptima durante el fin de semana, este lunes se ordenó su traslado al penal pero aún no se efectiviza. Hasta el momento se preserva su identidad para evitar que se revele la de los hermanos denunciantes.
Fuentes oficiales indiciaron que el hombre fue imputado por “abuso sexual con acceso carnal, agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad y por ser el autor encargado de la guarda, en modalidad de delito continuado en concurso real con promoción a la corrupción de menores agravado por ser el autor persona conviviente y encargada de la guarda”.
El temor de la prescripción
El mayor problema al que se enfrentan las víctimas ahora es la posible prescripción del delito, por el tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia. Es decir, los abusos sufridos por los hermanos más grandes, para la fiscalía se considerarían prescriptos porque radicaron la denuncia 12 años después de haber cumplido la mayoría de edad, según lo sostiene la Ley 26.705 del Código Penal, que en 2015 fue modificada ya que se amplió el tiempo de prescripción para que comience a computarse desde el momento de la mayoría de edad.
Sergio Salinas, el abogado querellante, sostiene que la acción penal es imprescriptible porque Argentina firmó en 1990 la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual establece la protección de los menores para este tipo de casos.
“Nosotros queremos que la ley se aplique igual para todos los denunciantes. Son cinco víctimas que sufrieron abusos”, sostuvo el letrado en diálogo con Los Andes. Luego aseguró que han pedido la detención de la esposa del acusado y que la causa sigue en una etapa de investigación.
