“Fue de terror”, cuenta Tania, la prima de Alejo Arias González (24), el joven mendocino que se encuentra detenido en una cárcel de El Salvador, acusado de integrar una organización de unos 100 colombianos que, a través de microfinancieras, habrían llevado a su país unos 20 millones de dólares.
Tania estuvo en el país centroamericano y logró visitar a Alejo durante la primera semana de detención, pero debió regresar a Argentina cuando le dijeron que era investigada y podía ser detenida. Ayer desde San Luis, provincia donde reside, la joven le contó a Los Andes cómo fue que decidieron emigrar y por qué fue detenido su primo, quien dejó su Rivadavia natal para trabajar en una financiera dirigida por colombianos, sin saber que era un negocio ilegal.
De tal envergadura era el negocio montado por los colombianos que, tras ser desactivado, fue señalado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha encarcelado a miles de pandilleros en cárceles de máxima seguridad, imponiendo un método de seguridad que ha bajado el delito pero que es considerado polémico por sus métodos. “Deberán enfrentar la Justicia salvadoreña, reclame quien reclame”, dijo el mandatario.
“Fue de terror. Yo misma estuve a punto de quedar detenida como cómplice de Alejo sólo por saber el trabajo que hacía. Todos fuimos víctimas de una oferta laboral con la que te endulzaban los oídos por el pago en dólares”, explica Tania.
Ella es mendocina pero vive desde hace años en San Luis y está en pareja con un joven colombiano que hace 11 años vive en Argentina. Fue a él a quien un pariente le ofreció trabajo en El Salvador diciendo que el país estaba estable después del cambio de presidente, que el pago era en dólares, que la licencia de conducir de acá era válida allá por tres meses y que luego podían tramitar la internacional.
Seis meses atrás, el joven colombiano se fue y luego viajaron su cuñado y su novia. Por último, el 6 de marzo pasado, hizo sus maletas Alejo, luego de vender su auto y dejar dos trabajos, como personal trainner y empleado en una pinturería. A todos les pagaron el pasaje, cuyo importe debían devolver con trabajo.
Un lucrativo negocio ilegal
El joven mendocino comenzó a trabajar en como cobrador: iba de casa en casa de la gente que había solicitado dinero y que debía devolverlo diariamente. Además del sueldo de 650 dólares, cobraba 2 dólares extra por cada vez que renovaba un préstamo, dinero con el cual salvaba los gastos diarios de comida.
Primero le dieron una ruta en el distrito Santa Ana, donde trabajó dos meses, pero luego sus jefes lo trasladaron a Lourdes. El problema era que le pedían que tuviera “más carácter”, que fuera “más agresivo a la hora de cobrar”.
“Parece que los jefes querían que les gritara, que los insultara como hacían ellos, pero mi primo es una persona con formación, muy noble y se negó a tomar esa postura. Él se quería ir del trabajo; estábamos hablando con amigos para ir a México a trabajar en hoteles. Alejo la estaba pasando mal, estaba bajo presión, muy estresado”, explica Tania.
El último lugar de residencia del rivadaviense fue Lourdes, donde vivía provisoriamente en la casa de uno de los “socios” de la financiera cuyos hijos eran cuidados por los padres del novio de Tania. Fue el suegro de la joven quien les avisó el 12 de julio pasado que Alejo no había vuelto a dormir.
Durante la madrugada se enteraron de que la Policía estaba haciendo allanamientos y que varios empleados habían sido detenidos. Por la mañana le confirmaron que Alejo había corrido la misma suerte.
“Le hicieron una cama. Lo llamó uno de los socios y le dijo que fuera a verlo por cuestiones laborales. Pero, cuando llegó a la puerta del barrio privado Marsella, lo detuvieron. Fue una trampa”, sostiene la joven.
La prima visitó a Alejo en la cárcel El Penalito. “Estaba muy asustado. Lo abracé y sentí sus latidos del corazón. Imaginate, siempre fue una persona de bien, que se fue para progresar. Estaba muy asustado”, relata la chica. Tania pudo verlo durante la primera semana de detención gracias a uno de los responsables del lugar, un hombre evangélico que entendió la situación de los extranjeros.
Incomunicado con prisión preventiva
Para la Justicia salvadoreña, Arias es parte de una red de estafadores conformada por más de 100 personas, en su mayoría colombianos, además de tres salvadoreños y un guatemalteco. Según las autoridades, los detenidos habrían organizado algunas microfinancieras de forma ilegal y otorgaban créditos que cobraban luego a través de amenazas. Para las autoridades centroamericanas, el fin último de la organización era enviar a Colombia cantidades millonarias de dinero, movimientos que estarían relacionados con el narcotráfico y las pandillas. Dicen que desde 2021 habrían enviado a a su país 20 millones de dólares.
La situación del mendocino Arias es delicada ya que está detenido e incomunicado en una cárcel conocida como “El Penalito”, aunque de régimen menos férreo que las prisiones de máxima seguridad donde están detenidos los integrantes las famosas “maras”.
“Estamos desesperados. Mi mujer está destruida. Si viajamos no podemos verlo porque está incomunicado y si hacemos algún tipo de protesta allá nos dicen que podrían detenernos”, agrega a este diario Mauricio Arias, un empleado de comercio de Rivadavia y padre del joven detenido.
Alejo llegó a El Salvador el 6 de marzo pasado para trabajar como cobrador en una financiera dirigida por ciudadanos colombianos, a través de un contacto familiar que le consiguió ese trabajo.
Cobraba 600 dólares por mes –en pagas semanales de 150- y su idea era estar seis meses o tal vez un año para ahorrar dinero y seguir con sus estudios. Había terminado segundo año de Diagnóstico por imágenes y la idea era ahorrar dinero para poder seguir con sus estudios en Mendoza.
Pero el 14 de julio pasado fue detenido junto a otras 40 personas y enviados a la cárcel El Penalito, una instalación policial ubicada en San Salvador, capital del país.
El lunes pasado, en una audiencia colectiva y con la presencia de sólo cuatro abogados, a 40 detenidos se les dictó la prisión preventiva por seis meses por una grave acusación: asociación ilícita, lavado de activos y receptación (recibir, adquirir, ocultar o aprovecharse de los efectos de hecho delictivo). La prisión preventiva podría extenderse por medio año más, siempre bajo la modalidad de incomunicado. Además, pasará a otra cárcel donde no se permiten celulares y el régimen es más férreo.
“A los procesados se les atribuyen los delitos de lavado de dinero y activos, receptación y agrupaciones ilícitas. La audiencia de imposición de medidas se llevó a cabo en el Tribunal 6 Contra el Crimen Organizado”, informó vía Twitter la Fiscalía General de la República de El Salvador.
El presidente Bukele habló sobre el tema en su cuenta de la misma red social. “Los colombianos son nuestros hermanos, pero como en toda sociedad, siempre existe un pequeño porcentaje que quiere aprovecharse de los demás; algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país. Esas personas deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame”, posteó el mandatario.
