El Gobierno de Mendoza deberá pagar la suma de $12 millones de pesos a los padres de Florencia Romano (14) –la niña que fue asesinada en 2020 en Miapú- a modo de indemnización por la responsabilidad que tuvo en este caso de este femicidio que tuvo repercusión nacional no sólo por la brutalidad del crimen sino por el deficiente accionar policial.
La semana pasada la Cámara de Apelaciones Civil –conformada por las juezas Marina Isuani, Alejandra Orbelli y Silvina Miquel- convocó a una audiencia de conciliación entre los abogados de la Provincia y los defensores de la familia Romano - Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena- donde las partes llegaron a un acuerdo en el que dejó firme la sentencia de primera instancia que estableció la responsabilidad del estado en el asesinato.
Las juezas escucharon a los padres de la adolescente que estuvieron de acuerdo con el arreglo luego de que – en primera instancia- el Gobierno mendocino -representado por el asesor legal Ricardo Canet- había responsabilizado abiertamente a los padres de Florencia por el femicidio.
Así las cosas, resta ahora que El pago pague la suma establecida y los intereses correspondientes hasta el día del desembolso. Este tipo de acuerdo son pocos comunes ya que el Estado por lo general, termina llevando este tipo de casos hasta la Corte de Mendoza.
En los minutos previos a que se cometiera el asesinato, un vecino de Maipú había llamado al 911 para avisar que oía gritos de una chica en una casa vecina, pero la operadora del CEO desestimó la llamada, cortó el teléfono y no derivó a ningún móvil o efectivo al lugar. Esa la razón por la cual la familia Romano demando al Gobierno.
Previo a la demanda, en el fuero Penal, el autor del crimen -Pablo Arancibia- había sido condenado a prisión perpetua.
Pero además, en octubre de 2021 la auxiliar de la Policía de Mendoza Soledad Herrera – la mujer que ignoró una llamada al 911- había sido condenada a 3 años de cárcel en suspenso durante un juicio abreviado en el que se declaró culpable.
En julio de 2022 conjueza civil Marina Lilen Sánchez (del Tribunal de Gestión Asociada 3), consideró que hubo una evidente responsabilidad estatal en el femicidio de Florencia y dictaminó que el Gobierno de Mendoza indemnizara a la familia de la chica con una suma de $12 millones en calidad de reparación de daño moral y psicológico que sufrieron los padres y el hermano de Florencia Romano.
La cifra era notoriamente inferior a los $300 millones que había solicitado la familia de la víctima pero duplicaba a la ofrecida por la Provincia: $6 millones.
El monto establecido por la conjueza fue de $ 11.976.520 pesos. Además, fundamentó el suma en el fallido accionar de la operaria del CEO. Incluso sostuvo que femicidio de Florencia Romano podría haberse evitado ya que existían “recursos materiales y humanos para resguardar la vida e integridad física de Florencia”.
“De haberse procedido conforme al mandato expreso era factible impedir el femicidio y también concretar la detención temprana del autor material del delito, evitando así la incesante búsqueda de los familiares de Florencia y la expectativa de encontrarla con vida, acotando también el tiempo con el que contó el femicida para ocultar la evidencia y perpetrar atroces actos”, apuntó Sánchez.
Previo a la sentencia, durante el juicio el abogado del Ejecutivo provincial había responsabilizado abiertamente a los padres de Florencia Romano por el femicidio: “Han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente. Ninguna duda cabe que esta circunstancia es causa originaria y concurrente del resultado final, cuando menos, en un 50% del mismo”, argumentó el abogado Canet, y sus declaraciones generaron todo tipo de repudios.
Una muerte violenta
A fines del 2020, el femicidio de Florencia Romano (y su previa desaparición) causó gran consternación en Mendoza. El 12 de diciembre de ese año, la adolescente fue a la casa de Pablo Arancibia -a quien había conocido recientemente por medio de las redes sociales-, ubicada en el callejón Berra de Maipú. Desde ese momento no se volvió a tener indicios de la chica, hasta que una semana después fue encontrado su cuerpo a unos kilómetros del lugar.
La investigación posterior permitió determinar que Florencia había sido golpeada y ahorcada por Arancibia en el interior de la vivienda. Acto seguido, el femicida la degolló e intentó quemar su cuerpo en el lugar. Finalmente, con ayuda de un conocido -a quien le dijo que se trataba del cadáver de un perro- se deshizo del cuerpo sin vida de Florencia.
La misma tarde en que Florencia fue asesinada por Arancibia, en los instantes previos al ataque, otro hombre que vivía en las inmediaciones del callejón Berra llamó al 911 para avisar de urgencia que estaba escuchando gritos de una chica en la cuadra. El hombre, nervioso, intentó avisarle a la operadora del CEO Verónica Herrera lo que estaba oyendo. Sin embargo, la mala calidad de la llamada -se entrecortaba-, los nervios del vecino que había llamado y el hecho de que el callejón Berra no figurara geolocalizado en el sistema llevaron a que Herrera cortara la llamada al creer que se trataba de una broma o una falsa denuncia.
