El monto del presunto fraude cometido por, al menos, 6 hombres en Mendoza y contra inversores particulares y de distintos puntos no deja de ascender en la medida en que avanza la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.
Mientras se espera que la Justicia determine pasadas las 13 de hoy si los imputados podrán recuperar la libertad o no -lo que no les levantaría la imputación-, se conoció el detalle de los movimientos financieros que hicieron en la plataforma Binance, una de las más importantes en lo que se refiere a intercambio de divisas y criptomonedas. Los 6 imputados -junto a otros dos jóvenes que están siendo investigados también, aunque están fuera de las imputaciones por ahora- depositaron 3.780.278 dólares entre diciembre de 2020 y julio de 2023 en esta plataforma.
De esos más de 3,78 millones de dólares que depositaron en la plataforma, los implicados retiraron en el mismo período 3.621.741 dólares, casi 96% del monto depositado. Según destacaron fuentes judiciales de la investigación, si bien el número de por sí no es prueba de ningún delito, si toma una completa relevancia si se tiene en cuenta que coincide con el período en que -según denuncian los más de 60 involucrados- los hoy imputados e involucrados recibieron una cifra millonaria de dinero de parte de los hoy denunciantes y para “moverla” en un fondo común de inversión -primero- y en un emprendimiento de lotes virtuales en el metaverso.
Hasta el momento se encuentran imputados y detenidos los hermanos mendocinos Giovanni, Genaro y Gitan Caroglio Santecchia, así como también Juan Ignacio Manduca, Hans Dieter Breuer y Lucas Zalazar Guerrero. Los 6 permanecen detenidos en la cárcel de San Felipe y a partir de las 13 de hoy se reanudaba la audiencia, con nueva jueza luego de que la anterior -Eleonora Arenas- fuera apartada por la sospecha de que su hijo había tenido reiterados contactos con Giovanni Caroglio.
Los 6 jóvenes están imputados como autores y coautores de reiteradas estafas cometidas contra -al menos- 60 personas con dos firmas: el fondo de inversión en dólares We Are Capitals (WAC) y el emprendimiento de lotes virtuales en el metaverso Cripto Country. Y si bien al principio se hablaba de un monto superior al millón de dólares, el fiscal Hernán Ríos ahora toma estos 3,7 millones de dólares como un piso de las presuntas estafas (podrían sumarse otras billeteras virtuales y, además, los dólares en efectivo y billete que muchos inversores les dieron mano a mano a los hoy investigados).
LOS MILLONARIOS MOVIMIENTOS EN CRIPTOMONEDAS DE LOS IMPUTADOS
Ante la requisitoria del fiscal Ríos, y por medio de un informe remitido por la Subdirección de Investigación en Delitos Tecnológicos de la Dirección de Investigación Criminal de Gendarmería Nacional, el Ministerio Público Fiscal accedió a los movimientos en Binance de los 6 imputados (a quienes se suman otras dos personas que están bajo la lupa). Se trata de un detalle que incluye todos los depósitos y retiros en dólares USDT desde diciembre del 2020 y hasta el momento en que fueron imputados y detenidos.
De los casi 4 millones de dólares que se depositaron y retiraron, más de la mitad (2,3 millones de dólares) fueron “movidos” por el principal imputado, Giovanni Caroglio. Su hermano, Gitán Caroglio, en tanto depositó y luego retiró poco más de un millón de dólares. Ambos retiraron más de 90% del dinero que habían depositado.
Genaro Caroglio, en tanto, depositó en Binance 274.598 dólares desde el 15 de septiembre de 2021, y retiró 222.427 dólares hasta el 24 de junio de 2023.
Los dos de los otros 3 imputados (Breuer y Zalazar Guerrero), en tanto, depositaron y luego retiraron montos que rondaron entre los 30.000 dólares y los 37.000 dólares. El único que retiró más dinero del que depositó fue Beuer, quien depositó 30.350 dólares -desde el 3 de mayo de 2021- y retiró más del doble (70.720 dólares, siendo el último el 29 de agosto de 2022).
Lo que sigue, ya con este material en poder de la Fiscalía, es lograr determinar la trazabilidad de ese dinero.
LAS PRESUNTAS ESTAFAS QUE SE INVESTIGAN
Tanto los hermanos Caroglio como Manduca, Dieter Breuer y Zalazar Guerrero fueron detenidos el 6 de julio, luego de que el fiscal Hernán Ríos ordenara una serie de allanamientos. Ríos dispuso que los imputados queden en prisión preventiva efectiva al considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento en el avance de la causa si los acusados mantenían la libertad. Por ello quedaron en el complejo penitenciario San Felipe.
La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza investiga a dos firmas con las que, presuntamente, los seis imputados habrían cometido las estafas
La primera de ellas es “We Are Capital” (WAC), un fondo común de inversión en dólares con promesas de exorbitantes ganancias. A través de WAC, los hoy imputados ofrecían a inversores particulares la posibilidad de invertir en commodities vinculados al campo, así como también en la Bolsa. Aquí llegaban a ofrecer ganancias de hasta 8% mensuales y en dólares. El detalle es que era un fondo que funcionaba por fuera del mercado oficial regulado.
Así fue como los hermanos Caroglio y sus socios lograron seducir a inversores particulares, quienes -embelesados por lo ofrecido-, confiaron en ellos sus dólares a través de contratos de mutuo.
WAC se presentaba como una firma de inversiones y prometía gran eficiencia a través de agentes bursátiles. Sin embargo, en todo este mecanismo no se cumplía con la ley que regula los fondos de inversión, según especificaron desde el MPF. “Prometían intereses muy superiores a los de plaza para atraer inversores, y los primeros meses pagaban los intereses, para que los inversores incrementarán el dinero que entregaban”, explicaron los investigadores a Los Andes el 6 de julio, mismo día en el que se imputaba y detenía a los involucrados.
En febrero de 2022 comenzaron los incumplimientos en los pagos acordados. A partir de ello, los hoy imputados ofrecieron tres opciones a los inversores: pasarse a otro fondo, comprar con ese crédito terrenos virtuales de “Cripto Country” o recibir el efectivo.
Aquí entra en escena la que actualmente es la segunda empresa denunciada y que está siendo investigada en esta causa: “Cripto Country” (CC), también encabezada por los imputados. Esta firma se ubica íntegramente en el plano de lo virtual y ofrecía la compra – venta de loteos virtuales y en el metaverso, un espacio muy cotizado que no existe en la vida real (lo que se conoce como NFT).
Concretamente, los imputados les ofrecían a los hoy denunciantes comprar terrenos en un barrio virtual. Pero la mayoría de los afectados no aceptó, ya que habían perdido la confianza. Ante este rechazo, los inversores continuaron persiguiendo a Caroglio y la promesa de que les devolvería el capital inicial se renovaba una y otra vez. Pero en diciembre de 2022, los denunciantes se organizaron para hacer la denuncia unificada.
“En CC aparentaban la creación de un videojuego en el metaverso. Vendían los terrenos virtuales por boletos de compraventa prometiendo que utilizarían la tecnología NFT. Pero nunca transfirieron los NFT ni lanzaron el videojuego”, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal a comienzos de julio, luego de que se ordenara la detención de los imputados.
Los abogados querellantes (quienes representan a los denunciantes) son Francisco Machuca, Sergio Salinas, Federico Colonnese, y Lucas Lecour, mientras que uno de los abogados defensores es el ex legislador provincial, Carlos Aguinaga. Y si bien hasta ahora hay 60 denunciantes en la causa penal, la querella no descarta que la cifra pueda superar los 250 damnificados.
De hecho, la Fiscalía podría agregar la imputación de asociación ilícita contra los denunciados en los próximos días.
En tanto, los abogados defensores insisten en que no existió ningún delito y en que sus representados no son estafadores, sino deudores.
DEFINEN SI LOS IMPUTADOS POR ESTAFAS SIGUEN PRESOS
Pasadas las 13 de hoy, miércoles 23 de agosto, se reanudó la audiencia preliminar en la que se debe definir si llegarán a juicio los imputados, y cómo lo harán. Mientras que el fiscal Ríos y los abogados de los denunciantes (querella) han insistido en que sigan detenidos en el módulo 2 de Almafuerte, la defensa insiste en que no hay pruebas para que no recuperen la libertad.
El propio Giovanni Caroglio filmó un video desde la cárcel hace unos días acusando al fiscal Ríos por tener un encono contra él y tildando de falaces a las noticias sobre las denuncias que están plasmadas en la denuncia del expediente identificado con el número P-116.995/22.
La audiencia se había reanudado ayer, pero un problema de conectividad en la sala de audiencias del Polo Judicial forzó a un cuarto intermedio hasta hoy (los abogados habían sido citados a participar virtualmente, aunque hoy fueron convocados de manera presencial).
Luego de que un Testigo de Identidad Reservada (TIR) se presentara espontáneamente en la causa para declarar sobre las supuestas reuniones entre el hijo de la jueza Eleonora Arenas y Giovanni Caroglio, finalmente se decidió apartar a la magistrada ante las sospechas de parcialidad en el procedimiento.
En su lugar fue designada la jueza María José Cerdera, quien resolvió no repetir las audiencias anteriores, sino que recurrirá a las grabaciones ya registradas. Es ella quien deberá definir ahora si los imputados recuperan o no la libertad.
QUÉ DICE GIOVANNI CAROGLIO DE LAS DENUNCIAS EN SU CONTRA
Lo episodios tienen similitudes con otros tantos episodios de los conocidos como estafas piramidales -o esquema Ponzi- registrados en Mendoza y en el país en los últimos años.
A fines de junio, consultado por Los Andes y antes de ser detenido, Giovanni Caroglio -registrado en la AFIP como vendedor de indumentaria- se defendió de las acusaciones. Fue en una primera nota donde algunas de las víctimas dieron detalles de las estafas.
Allí, Caroglio insistió una y otra vez en que él era “deudor y no estafador”, e insistió en que su intención era saldar esa deuda devolviéndoles el capital de inversión inicial a quienes habían participado del primer fondo de inversión y lo habían denunciado.
En esa sintonía, durante el proceso, su abogado (Aguinaga) ha intentado insistir en este concepto e, incluso, ha indicado que los accionantes deberían haberse dirigido al Fuero Civil y Comercial, y no al Penal.
