Finalmente, la jueza Eleonara Arenas fue apartada de la causa que investiga el presunto delito de estafas reiteradas y por un millonario monto en dólares. Por ellas se encuentran imputados y detenidos seis hombres en Mendoza. Se trata de los hermanos mendocinos Giovanni, Genaro y Gitan Caroglio Santecchia, así como también Juan Ignacio Manduca, Hans Dieter Breuer y Lucas Zalazar Guerrero, quienes permanecen detenidos en la cárcel de San Felipe.
Los seis están imputados como autores y coautores de reiteradas estafas cometidas contra -al menos- 60 personas con dos firmas: un fondo de inversión en dólares y un emprendimiento de lotes virtuales en el metaverso. El monto del supuesto fraude está calculado en más de un millón de dólares.
En cuanto a la decisión de apartar a Arenas, se resolvió luego de que la Fiscalía y la querella (parte acusatoria en la causa) lo solicitara ante un posible vínculo entre el hijo de la magistrada y uno de los imputados (Giovanni Caroglio). Y es que un testigo que se presentó de forma espontánea en la causa declaró haber visto al hijo de la jueza fecuentar -en reiteradas oportunidades- la oficina de Caroglio, donde tenían sede física las firmas hoy investigadas por haber sido las herramientas a través de las cuales habrían cometido las supuestas estafas.
Mientras tanto, y a la espera de que se sortee un nuevo juez para retomar el proceso, los seis imputados continúan detenidos, El viernes pasado, a través de un video grabado en el complejo San Felipe, Giovanni Caroglio se defendió -una vez más- de las acusaciones y arremetió contra el fiscal de Delitos Económicos Hernán Rios -quien instruye la causa- al considerar que no existían pruebas y que se trataba todo de “difamaciones que han corrido en los medios locales” y que no le permiten declarar.
Jueza apartada y a la espera de un nuevo magistrado
Entre fines de julio y comienzos de agosto, durante las audiencias de control donde la jueza Eleonora Arenas debía definir si los denunciados e imputados continuaban cumpliendo la prisión preventiva en la penitenciaría, surgieron una serie de pedidos.
Las presentaciones partieron tanto de parte de los abogados defensores de los detenidos, como de quienes mantienen la acusación.
Una de las presentaciones, vinculadas a la magistrada, estaba envuelta en un ambiente, cuando menos, enrarecido. Y es que un Testigo de Identidad Reservada (TIR) se presentó a declarar en la Fiscalía de Delitos Económicos y dijo haber visto personalmente a un abogado visitar periódicamente a Giovanni Caroglio, la cara mas visible de las dos empresas investigadas, en su oficina.
El detalle es que el nombre del abogado -dato aportado por este TIR- es el del hijo de la jueza Eleonora Arenas. Este último vínculo no lo aportó en su declaración, sino que fue constatado por la fiscalía, representada por Hernán Ríos. A raíz de este dato, llamativo, la Fiscalía planteó la recusación de la jueza Arenas al considerar que, si su hijo ha estado vinculado a Caroglio, no está garantizada la parcialidad en su intervención.
Arenas, por su parte, había rechazado el pedido de recusación y consignado que su hijo vive en el exterior desde hace ya varios años, por lo que era imposible que haya sido él quien frecuentaba a Caroglio. Incluso, mencionó que hasta podría tratarse de un homónimo.
Durante la mañana de este jueves, la Justicia hizo lugar al pedido del fiscal y de los abogados de los denunciantes, y se decidió apartar a la jueza. Según destacaron fuentes judiciales, se entendió que la declaración aportada por el TIR es sospecha suficiente de parcialidad, no sólo porque hay probabilidades de que efectivamente haya una vinculación entre el hijo de Arenas y Caroglio, sino porque -además- se entiende quen podría haber informado al hijo sobre la causa.
Ahora deberá sortearse el nuevo juez (o jueza) y se deberá resolver, además, si se reedita la audiencia preliminar o si resuelve la situación recurriendo los videos grabados durante las audiencias anteriores.
Contra el fiscal Ríos, en tanto, también había un pedido de recusación. En este caso, había sido presentado por el abogado defensor de uno de los imputados y detenidos, quien alegó que el fiscal procedía de “manera desleal” al ordenar nuevas imputaciones y detenciones después de la primera audiencia.
Tanto Ríos como la querella se habían opuesto a este pedido oportunamente, ya que consideraron que era una solicitud errónea al tratarse de causas nuevas.
Otro pedido que había hecho el abogado de uno de los seis imputados al fiscal era que adelantara cuáles serían todas las causas. Ante este pedido, la querella también se opuso oportunamente insistiendo en que los plazos de las cautelares pueden ser independientes y que ni ellos la Fiscalía pueden saber todavía cuántas denuncias y denunciantes más podrían aparecer. De hecho, la querella destacó que, de aceptarse este pedido, sería como decirle al fiscal “que no investigue de acá en más”.
A este pedido no se hizo lugar, por lo que Ríos continúa al frente de la causa.
Los abogados querellantes (quienes representan a los denunciantes) son Francisco Machuca, Sergio Salinas, Federico Colonnese, y Lucas Lecour, mientras que uno de los abogados defensores es el ex legislador provincial, Carlos Aguinaga. Y si bien hasta ahora hay 60 denunciantes en la causa penal, la querella no descarta que la cifra pueda superar los 250 damnificados.
De hecho, la Fiscalía podría agregar la imputación de asociación ilícita contra los denunciados en los próximos días.
En tanto, los abogados defensores insisten en que no existió ningún delito y en que sus representados no son estafadores, sino deudores.
Las presuntas estafas
Tanto los hermanos Caroglio como Manduca, Dieter Breuer y Zalazar Guerrero fueron detenidos el 6 de julio, luego de que el fiscal Hernán Ríos ordenara una serie de allanamientos. Ríos dispuso que los imputados queden en prisión preventiva efectiva al considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento en el avance de la causa si los acusados mantenían la libertad. Por ello quedaron en San Felipe.
La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza investiga a dos firmas con las que, presuntamente, los seis imputados habrían comentido las estafas
La primera de ellas es “We Are Capital” (WAC), un fondo común de inversión en dólares con promesas de exorbitantes ganancias. A través de WAC, los hoy imputados ofrecían a inversores particulares la posibilidad de invertir en commodities vinculados al campo, así como también en la Bolsa. Aquí llegaban a ofrecer ganancias de hasta 8% mensuales y en dólares. El detalle es que era un fondo que funcionaba por fuera del mercado oficial regulado.
Así fue como los hermanos Caroglio y sus socios lograron seducir a inversores particulares, quienes -embelesados por lo ofrecido-, confiaron en ellos sus dólares a través de contratos de mutuo.
WAC se presentaba como una firma de inversiones y prometía gran eficiencia a través de agentes bursátiles. Sin embargo, en todo este mecanismo no se cumplía con la ley que regula los fondos de inversión, según especificaron desde el MPF. “Prometían intereses muy superiores a los de plaza para atraer inversores, y los primeros meses pagaban los intereses, para que los inversores incrementarán el dinero que entregaban”, explicaron los investigadores a Los Andes el 6 de julio.
En febrero de 2022 compenzaron los incumplimientos en los pagos acordados. A partir de ello, los hoy imputados ofrecieron tres opciones a los inversores: pasarse a otro fondo, comprar con ese crédito terrenos virtuales de “Cripto Country” o recibir el efectivo.
Aquí entra en escena la que actualmente es la segunda empresa denunciada y que está siendo investigada en esta causa: “Cripto Country” (CC), también encabezada por los imputados. Esta firma se ubica íntegramente en el plano de lo virtual y ofrecía la compra – venta de loteos virtuales y en el metaverso, un espacio muy cotizado que no existe en la vida real (lo que se conoce como NFT).
Concretamente, los imputados les ofrecían a los hoy denunciantes comprar terrenos en un barrio virtual. Pero la mayoría de los afectados no aceptó, ya que habían perdido la confianza. Ante este rechazo, los inversores continuaron persiguiendo a Caroglio y la promesa de que les devolvería el capital inicial se renovaba una y otra vez. Pero en diciembre de 2022, los denunciantes se organizaron para hacer la denuncia unificada.
“En CC aparentaban la creación de un videojuego en el metaverso. Vendían los terrenos virtuales por boletos de compraventa prometiendo que utilizarían la tecnología NFT. Pero nunca transfirieron los NFT ni lanzaron el videojuego”, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal a comienzos de julio, luego de que se ordenara la detención de los imputados.
La defensa de Giovanni Caroglio, por Giovanni Caroglio
Lo episodios, plasmados en la denuncia del expediente identificado con el número P-116.995/22, tienen similitudes con otros tantos episodios de los conocidos como estafas piramidales -o esquema Ponzi- registrados en Mendoza y en el país en los últimos años.
A fines de junio, consultado por Los Andes y antes de ser detenido, Giovanni Caroglio -registrado en la AFIP como vendedor de indumentaria- se defendió de las acusaciones. Fue en una primera nota donde algunas de las víctimas dieron detalles de las estafas.
Allí, Caroglio insistió una y otra vez en que él era “deudor y no estafador”, e insistió en que su intención era saldar esa deuda devolviéndoles el capital de inversión inicial a quienes habían participado del primer fondo de inversión y lo habían denunciado.
En esa sintonía, durante el proceso, su abogado (Aguinaga) ha intentado insistir en este concepto e, incluso, ha indicado que los accionantes deberían haberse dirigido al Fuero Civil y Comercial, y no al Penal.
