El lunes próximo se realizará la tercera jornada del debate en Tribunales Federales donde se está juzgando a Daniel “El Rengo " Aguilera (38) como jefe de una banda dedicada al narcotráfico.
Ese día -en doble jornada y con los imputados y los abogados de Aguilera “presentes” a través de videoconferencia- los jueces María Paula Marisi, Héctor Cortés y Roberto Julio Naciff esperan escuchar la declaración de todos los testigos convocados.
Las partes esperan con atención la declaración de los testigos civiles que vieron cómo se realizaba el allanamiento de una vivienda de Aguilera, ubicada en el barrio Ruiseñor de Godoy Cruz, donde se secuestró un kilo de cocaína que había sido lanzado al techo de un vecino, además de balanzas, dinero (cerca de 20.000 dólares en billetes de distintas nacionalidades) y un arma.
Estas testimoniales podrían ser de interés a las partes a la hora de los alegatos ya que allí podría discutirse cómo se llegó a encontrar la droga en la casa de un vecino, en un procedimiento que realizó Gendarmería Nacional con la participación de algunos policías.
Escuchas telefónicas
El miércoles pasado, en la segunda jornada de debate, declararon algunos testigos de menor importancia, previstos inicialmente para evitar algunos problemas de conectividad.
Es que tanto Aguilera como Marcelo Ruiz (31) y Cristian Oliva (35) no están en la sala de debates porque las autoridades provinciales han prohibido las salidas de los internos por la pandemia de Covid-19. En tanto, los abogados de Aguilera lo defienden desde sus estudios en Buenos Aires.
Las escuchas telefónicas son la otra prueba de peso que se está valorando en el debate. La acusación sostiene que Aguilera, desde el penal, dirigía a Ruiz y a Oliva a la hora de “estirar”, fraccionar, comprar y vender cocaína.
Aguilera podría recibir una condena que va de los 12 a los 24 años de cárcel por el delito de organizador de comercio de estupefacientes agravado por ser cometido por más de dos personas.
En tanto que sus dos colaboradores, Ruiz y Oliva, están imputados por comercio de droga y podrían recibir hasta 20 años de prisión.
Además, los penitenciarios Rodrigo Barrios y Rodrigo Lizardo, imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, podrían ser condenados hasta a 2 años de cárcel. Su rol habría sido facilitar el ingreso al penal de drogas, dinero y teléfonos.
