Comenzó hoy en los tribunales Federales la segunda jornada de alegatos en el juicio por el secuestro y asesinato de Diego Aliaga (51), el despachante de aduana que mutó a informante policial y que, para la Justicia Federal, habría sido la “mano derecha” del juez federal Walter Bento, en el caso por presuntas coimas a cambio de benéficos procesales.
Hoy, la fiscal de Cámara María Gloria André continuó con su alegato que comenzó la semana pasada, explicando qué pasó el día 28 de julio de 2020 en la casa de Guaymallén y cómo van llegando la víctima y los imputados, mostrado fotos y videos de los vehículos que van ingresando a lugar.
La estrategia de la acusación pasa por contraponer las declaraciones de los imputados con las pruebas de gran interés: las cámaras de seguridad que detectaron el movimiento de los vehículos utilizados por el clan Barrera y la ubicación de teléfonos celulares mientras se comunicaban entre ellos.
Para André la presunta banda abría actuado de forma sincronizada, ya que a través de los elementos de prueba, cruzados con las declaraciones se comprueba que se trató de un accionar premeditado.
El martes pasado, André dio a entender que los 5 acusados -Diego Barrera (52) su pareja, Viviana Sacolle (52) y a los hijos de la mujer, Gastón (30) y Lucas Curi (28), además del chofer Yamil Rosales- deben ser considerados coautores de un secuestro con resultado muerte,
De esta forma, todo indicaría que la fiscal solicitaría a los jueces del Tribunal Oral Federal 1 –conformado por los jueces Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli- que todos los procesados reciban la pena de prisión perpetua. Con una salvedad: en el caso de Yamil Rosales, que durante la instrucción realizó un pacto de colaboración por lo que podría recibir un benéfico ya que hizo un aporte fundamental: llevó a los investigadores hasta el campo inculto de Lavalle, donde estaba enterrado el cuerpo de Aliaga.
El caso Aliaga
El Ministerio Público Fiscal le atribuye a la familia Barrera y a Rosales haber planificado e intervenido en la sustracción, el ocultamiento y la retención de Aliaga, con el fin de obligarlo, con amenazas y coacciones, a que les otorgase la documentación de dos propiedades sin pagarlas: un boleto de compraventa y un recibo de cancelación de venta de la casa ubicada en la manzana 41 del barrio Dalvian, de Ciudad, y otro boleto de compraventa de una oficina del segundo piso de la Galería Bamac, en Ciudad. Ambas propiedades de Aliaga.
También obligaron a la víctima a develar dónde guardaba los documentos de un Chevrolet Camaro y un Jeep Wrangler con el fin de quedárselos. Además, querían evitar que Aliaga les quitara dos minibuses Mercedes Benz Sprinter que habían sido adquiridos en junio y julio de 2020 y pagados en efectivo con dólares que les había entregado Aliaga. Los vehículos estaban a nombre de Sacolle, pero la víctima tenía formularios 08 firmados por la mujer como vendedora.
Todo comenzó el 28 de julio de 2020 a las 8.48, cuando las cámaras de la seguridad de Palmares registraron a la víctima y a una mujer saliendo a bordo de una camioneta BMW X6 para llevarla a su casa, en Maipú. A las 9.30 se dirigió a la casa que tenía en Bandera de los Andes 9840 de Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Dejó el auto en la puerta, ingresó y esa fue la última vez que fue visto con vida.
En esa casa estaba Barrera esperándolo porque allí ambos iban a montar centro de rehabilitación para discapacitados que iba a dirigir Sacolle. Lo cierto es que entre Barrera, Gastón Curi y Rosales lo redujeron y lo habrían subido a una Sprinter naranja que llevó hasta el lugar Lucas Curi. Las cámaras de la zona permitieron ver cómo estos sujetos entraron y luego salieron con la Sprinter y un Chevrolet Celta y se iban luego hacia un depósito ubicado en Jujuy 840 de Ciudad de Mendoza, donde llegaron cerca de las 11.
En ese depósito Barrera y Rosales y tal vez otras personas que no han sido identificadas retuvieron a Aliaga por la fuerza. Mientras este ocurría Viviana Sacolle se comunicaba por teléfono con sus hijos y su pareja.
Por la tarde, Barrera fue a la casa de Aliaga, desconectó la cámara de seguridad y se habría apoderado de la documentación de las casas y los vehículos. Estos documentos fueron secuestrados luego en la casa que los Barrera habitaban en el barrio Dalvian pero que le pertenecía a Aliaga.
Para los investigadores, los Barrera habrían realizado un llamado extorsivo al hermano de la víctima para obtener un rescate. El 30 de julio, mientras Gonzalo Aliaga denunciaba en la Oficina Fiscal 19 la desaparición de su hermano, recibió un llamado: “Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde que ya te vamos a llamar”. La investigación determinó que esa llamada la hizo Gastón Curi. A partir de ese momento no se volvió a recibir ningún mensaje.
Según la información que se logró determinar a través de la necropsia, antes del 10 de agosto Aliaga fue asesinado. La muerte fue ocasionada por asfixia mecánica para ocultar el secuestro y robo de documentación de bienes registrables y personales, celular y reloj de la víctima.
Tras darle muerte, los acusados habrían llevado el cadáver de Diego Aliaga hasta un campo inculto en la localidad de Costa de Araujo, Lavalle, ubicado a unos 5 kilómetros, en Callejón Estrella y ruta 142.
Allí, en la tarde del 10 de setiembre, la Policía encontró el cadáver de la víctima enterrado, cubierto parcialmente por una frazada. El cadáver tenía un bóxer de color negro y un cuello polar negro y una bufanda del mismo color le cubría la cabeza. También una cinta adhesiva de azul le cubría la boca.
