Al menos 150 procesos contravencionales se han realizado en Mendoza en sólo tres meses por llamados molestos o falsos a la línea de emergencias 911. Se trata de “bromistas” que utilizan el servicio gratuito de atención telefónica las 24 horas para insultar a la Policía, acosar a las telefonistas con obscenidades y hasta hacer desplazar a un patrullero a algún lugar por alguna emergencia ficticia. Una vez detectados los números, son llevados a la Justicia, que puede sancionar con multas de hasta 35.000 pesos o días de arresto.
La respiración jadeante de un hombre se escucha detrás la línea. La operadora del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) intenta establecer comunicación con quien llama. Pero sólo recibe como respuesta la libidinosa respiración acelerada de su interlocutor. El llamado no tiene otra intención que incomodarla o satisfacer alguna perversión y puede repetirse decenas de veces durante una misma guardia de 12 horas, como ocurrió hace un tiempo con un sujeto que utilizó la línea de emergencias 80 veces en ese lapso.
“911 ¿cuál es su emergencia? Anuncia un policía en el CEO central. Como respuesta sólo recibe un insulto, seguido por el tono intermitente del corte de la llamada. Así, de un promedio de 4.000 llamados que diariamente ingresan al 911, el 30 por ciento son falsos o denominados “molestos”. Se trata, entonces, de unos mil llamados diarios.
“En 2018 se cambió la ley de procesos contravencionales porque estaba en vigencia una del año 1965 y no había sido modificada hasta entonces. En 2018 se promulgó la Ley 9.099, que nos da una herramienta legal para combatir todas las llamadas molestas que ingresan al 911”, explica a Los Andes el titular del CEO, comisario general Oscar Flores.
El experimentado uniformado tiene el control de los cuatro centros estratégicos distribuidos en la provincia en Valle de Uco, zona Sur, zona Este y el Central, ubicado en el edificio del Ministerio de Seguridad, en Godoy Cruz. “Tenemos registros de todos los llamados que se hacen. Hay un historial de llamadas. Registramos un número y buscamos en el historial si ese número hizo un llamado y así podemos saber quién es el propietario de la línea. Luego hacemos un acta donde dejamos constancia del día, hora y número de teléfono, lo que se manifestó por la llamada y después queda como medio de prueba el soporte tecnológico, es decir, la grabación”, detalla Flores.
Y suma: “Desde abril -cuando se hizo cargo del CEO- se han realizado unos 150 o 170 procesos contravencionales. Habitualmente estamos haciendo entre cinco y 10 procesos por día y le damos intervención al Juzgado de Faltas en turno. Ellos después le dan el curso legal que corresponde. Hemos notado que muchos de esos números que hemos procesado han dejado de llamar”.
Es que el artículo 45 la Ley 9.099 prevé que sean sancionados con el pago de 300 a 1.500 unidades fijas, por lo que, si se recibe la multa máxima, hay que desembolsar 35.000 pesos por haber utilizado indebidamente la línea de emergencias. La norma también prevé de tres a 15 días de arresto, dependiendo de la reiteración de los llamados o el contenido de los mismos, entre otros aspectos.
Aunque durante estos tres meses también hubo lugar para la ternura. Es que un niño de unos 8 años llamó para invitar a los policías a su cumpleaños, que se celebraría el 30 de junio. “Se ve que los padres le habían enseñado que ante alguna emergencia o necesidad llamara al 911”, explica Flores con una sonrisa.
“Esta ley es una herramienta importante y la estamos aplicando porque quita tiempo al personal y alguien que realmente pretende ocupar el servicio puede verlo ocupado por alguien que no sabe usarlo. La función del 911 es la asistencia de urgencias durante las 24 horas los 365 días del año. Tenemos un sistema muy rico tecnológico que permite establecer si llamó anteriormente y es muy sencillo poder identificar a una persona y que deje de ocasionar molestias”, remarca Flores.
El director de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Seguridad provincial, Leandro Biskupovich, detalla que si bien es mayor el número de llamados al CEO Central, ya que abarca a la población de todo el Gran Mendoza, el porcentaje de llamados molestos es el mismo en los CEO restantes: el 30 por ciento son de inadaptados.
“Queremos concientizar que esa llamada molesta la está tomando un operador y todo el tiempo está corriendo el riesgo de que entre un llamado real y alguien, por molestar, ocupe una línea. Desde Sistemas estamos tratando de optimizar los recursos. Quienes ya han sido identificados como llamantes molestos los identificamos cuando están llamando para darle prioridad a una eventual urgencia real”, plantea Biskupovich y admite que, a pesar de estar identificados, esos números no pueden bloquearse porque el acceso al 911 es universal.
“Este es un servicio público que la gente tiene que cuidar y nosotros estamos para ayudar. Si las dos cosas se complementaran mejor, si la gente lo entendiera bien, el resultado sería óptimo”, concluye Flores convencido.
Trabajan en modelos para predecir el delito
“El Sistema 911 genera una cantidad de información enorme con la que hemos podido generar modelos predictivos de delitos, los cuales seguimos alimentando y mejorando día a día. El objetivo de estos modelos es saber la probabilidad de ocurrencia de un tipo de delito en una zona determinada para así poder hacer un uso más eficiente de nuestros recursos y reducir al máximo posible el tiempo de respuesta”, explica Leandro Biskupovich, director de Informática y Comunicaciones de Seguridad.
Para generar esos modelos, los técnicos se valen de los registros de determinada zona, horario y modalidad delictiva. Así, por ejemplo, si en un barrio se han realizado una cierta cantidad de llamados por robo a determinada hora y ciertos días, ello permite generar un patrón que indica que es conveniente destinar un patrullero a esa área o tener cerca a más efectivos para acudir cuando se cometa un nuevo delito.
“A la cúpula policial esto le permite orientar sus patrullajes por esas zonas que vamos marcando antes de que las cosas pasen. El despachador del 911 se encarga de mover los recursos al lugar del hecho; esto permite tener los recursos cerca de las zonas donde va a ser más probable que suceda un nuevo delito. Buscamos optimizar al máximo los recursos policiales, que son escasos, y disminuir el tiempo de respuesta desde que alguien llame hasta que llegue el recurso al lugar del hecho”, apunta el funcionario.
Y concluye: “Identificamos y categorizamos cada tipo de suceso en grave, medio o leve, sumamos la georreferenciación y empezamos a comparar las últimas 6, 12 y 24 horas. Los modelos están funcionado pero los estamos probando. Cuando estemos seguros de que realmente funcionen siempre y no den falsos positivos, ahí vamos a empezar a coordinar los patrullajes con la cúpula policial”.
